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Maria Nuñez Chacón
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“Solicitamos a esta Conferencia y a los órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) mantener una atención especial sobre la situación costarricense y reiterar al Estado la necesidad de restablecer el diálogo social, garantizar el respeto pleno a la libertad sindical, eliminar las restricciones a la negociación colectiva, particularmente los efectos del salario global y del prolongado congelamiento salarial”, solicitó Martha Rodríguez, delegada del sector trabajador costarricense ante la 114° Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) de la OIT.
En su discurso ante la plenaria de los 187 países miembros de la OIT, Rodríguez denunció que mientras en la conferencia se debate sobre inteligencia artificial, justicia social e igualdad en el mundo del trabajo, en Costa Rica las personas trabajadoras enfrentan una realidad marcada por el debilitamiento de los derechos laborales, la ausencia de diálogo social y la imposibilidad de utilizar la negociación colectiva para mejorar sus condiciones de vida.
“Las organizaciones sindicales han sido excluidas de las decisiones más importantes que afectan a las personas trabajadoras. Las reformas en materia de empleo público, salarios y condiciones laborales han sido impulsadas sin participación sindical. La consecuencia es clara: no existen acuerdos sociales relevantes porque no existe voluntad política para construirlos”, indicó la representante de los trabajadores.
Recordó que esta situación se agrava por prácticas antisindicales, acciones de persecución y estigmatización contra dirigentes sindicales, limitaciones para el ejercicio de sindical y obstáculos que afectan la negociación colectiva.
Como parte de lo denunciado por Rodríguez, relató a la plenaria que las personas trabajadoras del sector público están afrontando una situación preocupante, pues acumulan seis años consecutivos de congelamiento salarial, algo que podría extender hasta el 2031, pese al constante aumento del costo de vida, de los alimentos servicios básicos y vivienda, debido a la implementación de la Ley de Empleo Público y salario global.
Enfatizó que en la Caja Costarricense de Seguro Social más del 94 % de las personas trabajadoras mantiene sus salarios congelados y en el Poder Judicial la situación afecta a más del 80% del personal, mientras en el sector privado más de un tercio de la fuerza laboral permanece en la informalidad, con salarios por debajo del mínimo legal y con persistentes brechas entre hombres y mujeres.
“Las preocupaciones sobre libertad sindical, negociación colectiva y diálogo social han sido planteadas reiteradamente ante los organismos internacionales durante años. Sin embargo, los problemas persisten y se profundizan. No puede existir libertad sindical, ni diálogo social cuando las decisiones ya están tomadas antes de escuchar a las organizaciones, ni puede existir justicia social cuando los salarios permanecen congelados”, condenó.
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