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Monserrat Cordero Parra
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Una consulta de la Defensoría de los Habitantes a 200 actores regionales confirmó que los recortes presupuestarios y la falta de acompañamiento técnico han debilitado la gestión local y profundizado las brechas entre centros educativos urbanos y rurales
Entre los principales desafíos identificados destacan la insuficiencia de recursos para infraestructura y mantenimiento, la falta de personal administrativo capacitado, y la excesiva burocracia en los procedimientos de ejecución presupuestaria.
Regiones como la Huetar Norte, Brunca y Chorotega son las más afectadas por estas limitaciones. En esas zonas, los representantes educativos reportan retrasos de hasta un año en la aprobación de obras y en la transferencia de fondos.
“La consecuencia más grave de esta situación es la vulneración sostenida del derecho a la educación en condiciones de igualdad, particularmente para niñas, niños y adolescentes en contextos rurales y costeros”, indicó la Defensoría en un comunicado de prensa.
De acuerdo con el informe, las brechas identificadas impactan de forma diferenciada a mujeres líderes de Juntas, docentes y madres cuidadoras, quienes asumen múltiples responsabilidades ante la ausencia de apoyo institucional. Asimismo, los pueblos indígenas y las personas con discapacidad enfrentan barreras adicionales vinculadas a la falta de infraestructura accesible, materiales inclusivos y acompañamiento técnico especializado.
Los actores consultados tienen también una percepción generalizada de debilitamiento de la gobernanza educativa. En esa línea, por ejemplo, las Juntas, concebidas como espacios de participación comunitaria, operan en muchos casos sin lineamientos claros, sin rendición de cuentas efectiva y con una dependencia excesiva de las Direcciones Regionales, que a su vez carecen de recursos y personal suficiente.
“Esta fragmentación institucional produce un círculo vicioso: comunidades sobrecargadas, autoridades educativas con escasa capacidad operativa y un sistema nacional que pierde cohesión y eficacia”, señaló el ente defensor.
Otro elemento documentado en el informe es una creciente fatiga institucional y social. Personas entrevistadas, por ejemplo, expresaron que la carga de responsabilidades administrativas —sin acompañamiento ni formación— desincentiva la participación ciudadana y debilita el tejido comunitario que históricamente ha sostenido a la educación pública costarricense.
“La Defensoría de los Habitantes exhorta al Estado costarricense a reconfigurar la gobernanza educativa desde una perspectiva de derechos humanos, con mecanismos reales de participación, descentralización efectiva y fortalecimiento institucional. Ello implica garantizar recursos suficientes, asistencia técnica permanente y marcos de transparencia que devuelvan confianza a las comunidades”, finalizaron.
Entre los actores regionales consultados por el ente defensor destacan representantes de comunidades educativas, direcciones regionales y Juntas de Educación y Administrativas.
El curso lectivo 2026 dará inicio el próximo lunes 23 de febrero.
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