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Monserrat Cordero Parra
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La Defensoría de los Habitantes intervino ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por las dificultades que enfrentan personas en condición de vulnerabilidad para acceder a una pensión del Régimen No Contributivo (RNC) o al aseguramiento por el Estado, debido a la falta de actualización de su información socioeconómica.
Esta invervención se da luego de recibir varias denuncias sobre la falta de atención por parte de la CCSS con respecto al análisis y valoración de varias solicitudes de este tipo de aseguramiento o bien sobre los cambios en la calificación de pobreza de algunas personas.
Destacaron que la CCSS sigue remitiendo a las personas para que la valoración y actualización de datos socioeconómicos lo realice personal del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), pese a que la Procuraduría General de la República (PGR) ya se había pronunciado sobre el tema.
Específicamente, en abril anterior, la PGR indicó en un criterio vinculante que la participación de la CCSS en el Sinirube presenta una naturaleza dual.
“Por una parte, en lo relativo a la información vinculada con los regímenes de seguridad social, su incorporación al sistema mantiene un carácter facultativo, en respeto de su autonomía constitucional. Por otra, cuando la institución administra programas financiados con recursos de Fodesaf, su participación en la caracterización, registro y actualización de la información de beneficiarios no es potestativa, sino que constituye una obligación jurídica derivada directamente de la ley, en tanto condición necesaria para garantizar la correcta administración, control y no duplicidad en el uso de recursos públicos”, indicó la Procuraduría.
La PGR agregó que esto implica que, cuando la información contenida en el Sinirube resulte insuficiente, incompleta o requiera ser complementada, es la CCSS, la que debe realizar las investigaciones o verificaciones adicionales necesarias, ya sea mediante la revisión de registros, la realización de visitas domiciliarias o la aplicación de instrumentos técnicos de evaluación socioeconómica, en el ejercicio de su potestad decisoria y bajo su responsabilidad administrativa.
“Las actuaciones que las instituciones ejecutoras realicen en cumplimiento de dichas obligaciones legales —particularmente en lo relativo a la recolección, verificación y suministro de información— deben entenderse comprendidas dentro de la gestión ordinaria de los programas sociales que administran, sin perjuicio de que puedan establecerse mecanismos de coordinación interinstitucional y convenios que permitan optimizar el uso de los recursos públicos”, se lee en el criterio de la Procuraduría.
Con el objetivo de atender las denuncias de los habitantes, la Defensoría solicitó a la CCSS informar las razones por las cuales no ha emitido directrices a las Direcciones Regionales, Sucursales, Áreas de Salud y demás dependencias institucionales con respecto al abordaje que deben brindar a partir del de la PGR.
Sobre este tema, los gerentes financiero y médico de la CCSS indicaron a la Defensoría que la presidencia ejecutiva de la institución les solicitó desde el mes de abril la elaboración de un plan piloto para asumir la actualización del Registro de Información Social y que ya se conformó un equipo de trabajo con el propósito de recopilar insumos, valorar la capacidad instalada de las Unidades de Validación y Facturación de Servicios Médicos, coordinar lo atinente con Sinirube, revisar la información institucional disponible y definir el plan piloto.
Reconocieron que a la fecha el plan no está finalizado y tampoco se conocen los plazos estimados; sin embargo, destacaron que dentro de análisis en desarrollo se contempla priorizar casos de personas en condición de vulnerabilidad que no estén accediendo a medicamentos, tratamientos, consultas o procedimientos por motivo de vencimiento o afectación de su aseguramiento, así como diseñar mecanismos de registro que permitan documentar el caso, la gestión realizada, el resultado observado y la trazabilidad de la intervención.
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