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Vinicio Chacón Soto
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“El sector agropecuario no exportador, integrado principalmente por pequeñas y medianas unidades productivas orientadas al mercado interno y a la seguridad alimentaria, ha visto cómo el crédito bancario se aleja progresivamente de sus necesidades”.
Con ese lapidario criterio la Defensoría de los Habitantes dio a conocer el resultado de una investigacion realizada sobre las estrategias de financiamiento de la banca pública costarricense al sector agropecuario no exportador.
“Hemos visto cómo ese sector ha visto cómo el crédito bancario se aleja progresivamente de sus necesidades, y apún más cuando se trata de personas mujeres o jóvenes, donde las barreras se extienden aún más”, expresó la defensora Angie Cruickshank mediante un video.
Ese trabajó se centró en datos del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) y del Banco de Costa Rica (BCR) durante los últimos diez años, y “revela un patrón sistemático de barreras para acceder a condiciones acorde a su realidad, siendo las mujeres, jóvenes y habitantes de zonas rurales la más afectadas”.
El comunicado divulgado añade que “lejos de corregir esta tendencia, la banca pública ha adoptado lógicas comerciales que priorizan la rentabilidad por encima de su mandato constitucional de desarrollo social”.
Uno de los más serios hallazgos de la investigación es la “masculinización” del crédito agropecuario. “En el BNCR, por cada mujer que accede a financiamiento, hay ocho hombres que lo hacen. Del total de la cartera analizada (35.298 registros), apenas 3.650 corresponden a mujeres, frente a 30.309 hombres”.
Como si eso fuera poco, esa brecha “se agrava cuando se incorpora la variable de edad”, pues del total de mujeres con crédito activo, “únicamente 186 son jóvenes (menores de 35 años) en todo el país. En contraste, casi 2.000 hombres jóvenes accedieron al mismo tipo de financiamiento en el mismo período”.
Ello significa que “ser mujer y joven en el campo costarricense representa una doble barrera para acceder en condiciones reales al sistema financiero público”. La investigación de la Defensoría además halló que las mujeres productoras enfrentan tasas de interés más altas conforme envejecen dentro del sistema bancario.
El segmento de adultas mayores paga en promedio un 8,50%, mientras que los hombres en la misma etapa acceden a tasas de 8,11%. “Esta desigualdad acumulada limita la autonomía económica de las mujeres rurales a lo largo de toda su trayectoria productiva”.
Por otra parte, la investigación identificó otro aspecto medular: las barreras de acceso al crédito
agropecuario no se limitan a las tasas de interés, sino que existe “un conjunto de obstáculos normativos, institucionales y operativos que impiden al pequeño productor rural integrarse al sistema financiero formal”, indicó Cruickshank.
En primer lugar se menciona la imposición de “requisitos documentales desproporcionados: se exige al agricultor estados financieros, flujos de caja proyectados y certificaciones de contadores, exigencias propias de una empresa urbana consolidada”.
Otro obstáculo es el de la “normativa prudencial inadaptada”. Específicamente se menciona el Acuerdo SUGEF 1-05, que “penaliza la estacionalidad agrícola al medir la solvencia con criterios de flujo constante, clasificando al productor rural como sujeto de alto riesgo por la naturaleza cíclica de su actividad”.
El tema del crédito se retoma al constatar su concentración territorial: el BCR coloca el 83,8% de sus
recursos agrícolas en San José y Alajuela. Aunque parezca difícil de creer, cantones como Curridabat y Escazú, bastante urbanos y con altos índices de desarrollo humano, “concentran más crédito agrícola que provincias con vocación productiva como Heredia o Cartago”.
A ello se suma la ausencia de asistencia técnica y la falta de segmentación, por ejemplo el BCR admitió no contar con un indicador que diferencie entre quien produce para el mercado interno y quien lo hace para la exportación, “lo que impide fiscalizar si los recursos públicos cumplen su función de seguridad alimentaria”.
Y ese problema de la seguridad alimentaria no es menor. De acuerdo con la Defensoría, Costa Rica importa el 92% de los frijoles, el 99% del maíz y cerca del 70% del arroz que consume.
“Esta dependencia alimentaria hace aún más urgente el fortalecimiento del sector agropecuario no exportador. Sin embargo, la banca pública, que por mandato constitucional debe orientar el ahorro nacional hacia el desarrollo productivo y la reducción de desigualdades, ha derivado hacia una lógica comercial e impone barreras precisamente a los actores que más necesitan financiamiento”.
De manera que desde la Defensoría de los Habitantes se instó al Consejo de Gobierno, “en su condición de dueño de la banca pública”, a emitir una directriz vinculante dirigida a las Juntas Directivas del Banco Nacional y del Banco de Costa Rica, “con el fin de que ambas entidades cumplan efectivamente con su mandato de financiar con condiciones reales al sector agropecuario no exportador”.
Tal directriz Dicha directriz deberá ordenar la aprobación de un plan institucional de cumplimiento con metas anuales verificables y que incluyan datos desagregados por sexo, edad y territorio; así como un esquema de seguimiento semestral. También deberían revisar los modelos de atención para “simplificar requisitos, reconocer la estacionalidad agrícola, establecer plazos máximos de respuesta y fortalecer la cobertura fuera de la Gran Área Metropolitana”.
La Defensora subrayó que “el acceso equitativo al crédito agropecuario no es un asunto técnico menor: es una condición para la soberanía alimentaria y el desarrollo rural de Costa Rica”.
La entrada Defensoría denuncia serias desigualdades en acceso a crédito para personas agricultoras no exportadoras aparece primero en Semanario Universidad.
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