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Maria Nuñez Chacón
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La Defensoría de los Habitantes confirmó que realizó una inspección en el lugar en el que se albergan las 25 personas que fueron deportadas desde Estados Unidos y traídas a Costa Rica el pasado 11 de abril y afirmó que cuentan con libre movilidad e información traducida a sus idiomas.
“Una vez que la Dirección de Migración y Extranjería nos informó la ubicación del lugar donde se encuentran las personas deportadas, un equipo de la institución se trasladó para verificar las condiciones de su atención, permanencia y otros requerimientos, enfocados en el ámbito de la protección de los derechos humanos”, detalló la entidad en un comunicado.
Según detalló la Defensoría, el equipo enviado tuvo la oportunidad de conversar con varios de los migrantes, quienes aseguraron venir esposados desde Estados Unidos y aproximadamente 30 minutos antes del aterrizaje en Costa Rica, les quitaron las esposas y grilletes.
“Conforme la información suministrada por la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) las personas deportadas indicaron sentirse bien respecto a la atención recibida hasta el día de hoy. Algunas de ellas, confirmaron que son poseedores de sus documentos de identidad, algunos indicaron no contar con ellos dada su pérdida previamente”.
Asimismo, se constató que no se reportan personas adultas mayores, con discapacidad, menores de edad, ni mujeres en estado de embarazo. Han sido atendidos 17 hombres y 8 mujeres de Albania, Camerún, China, Guatemala, Honduras, India, Kenia y Marruecos.
Ante las consultas realizadas por la Defensoría, el equipo enviado aseguró que la OIM ha intervenido con atención en salud psicosocial, suplencia de recursos de primera necesidad, alimentación, hospedaje, líneas de llamadas con sus familiares, así como, información sobre la posibilidad de optar por la modalidad de retorno voluntario asistido.
Para este fin, desde el 13 y hasta el 15 de abril están efectuando entrevistas individuales y ante la inquietud de un posible incremento en el número de personas que ingresen deportadas desde los Estados Unidos, la OIM informó que será un tema por valorar en su momento, lo cual deberá coordinarse con las autoridades estatales competentes.
Los migrantes también recibieron un chequeo general, identificándose algunas situaciones leves desde el punto de vista médico y, tres casos que requirieron de un abordaje mayor, más no complejo, en un centro hospitalario, lo cual se coordinó con una instancia privada.
La entidad confirmó que esta inspección se realizó en forma conjunta con el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y hubo presencia de personal de la Dirección General de Migración y Extranjería, quienes, ante consultas específicas de la Defensoría sobre la articulación con otras entidades públicas para el abordaje integral de esta población y la definición de traslado de estas personas a otro lugar, manifestaron que la información será trasladada formalmente por escrito con la autorización de la jerarquía.
Añadió que en esta primera inspección no se visibilizó la presencia de otras instituciones públicas competentes, por ejemplo, el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), aunque sí se identificó un abordaje en el que se resguarda la protección de estas personas.
“A partir de que se materializó el acuerdo migratorio, esta Institución Nacional de Derechos Humanos se mantendrá vigilante para que, ante un posible incremento de personas deportadas, las condiciones de su permanencia sean acordes con un estricto abordaje en derechos humanos y el cumplimiento de los estándares de protección establecidos”.
La llegada de estas personas es parte de un memorándum de acuerdo migratorio que firmó a finales de marzo el presidente Rodrigo Chaves con la enviada especial de Estados Unidos, Kristi Noem, y los deportados arribaron al país el pasado sábado en horas de la tarde.
Este grupo se sumó a los 200 migrantes que fueron deportados y traídos a territorio costarricense en 2025 y que estuvieron retenidos durante varios meses en el Centro de Atención Temporal para Migrantes (CATEM), un acuerdo que tuvo serios cuestionamientos por diversas instituciones nacionales como la Defensoría de los Habitantes, la Sala Constitucional, diputados de la República, así como organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil
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