Defensoría de los Habitantes: “crisis en Dirección de Migración retrasa resolución de trámites migratorios”

[Maria Nuñez Chacón]

Insuficiencia de recurso humano, limitaciones presupuestarias, deficiencias en los sistemas de información y aumento sostenido de las solicitudes de regularización migratoria limitan la capacidad operativa de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), retrasando resoluciones de trámites migratorios e impactando los derechos de las personas migrantes.

Así lo determinó la Defensoría de los Habitantes en un informe que presentó los resultados de una investigación de oficio que evidenció una crisis estructural en la DGME con una insuficiencia de la capacidad operativa para atender el volumen de expedientes pendientes y la creciente demanda.

Según detalla la investigación, en Plataforma de Servicios se reciben unas 650 solicitudes nuevas por mes y 1.300 consultas sobre trámites, en la Unidad de Archivo, entre enero y mayo de este año se registraron 11.507 expedientes ingresados para notificación, 9.026 solicitudes de previos ingresados y 102.434 trámites administrativos ingresados para resolver.

Por su parte, la plataforma llamada “Trámite Ya”, tiene un retraso de un año en la atención y resolución de las solicitudes que ingresan por esa vía, ya que está disponible 24 horas los siete días de la semana y registra entre 400 y 500 solicitudes mensuales.

Para el proceso de obtención de documentos de identidad (DIMEX) que realiza la Unidad de Documentación, existen 7.000 documentos pendientes de impresión, ya que solo una persona se encarga de la impresión, distribución, entrega y gestión de envíos de documentos de identificación migratoria a las oficinas regionales.

Como detalló la Defensoría en un comunicado de prensa, la obtención de este documento de identidad se convierte en el último eslabón para garantizar su integración efectiva a la sociedad costarricense de las personas migrantes, por lo cual un atraso, no solo impide esa integración, sino que, limita el acceso a otros derechos fundamentales, como el aseguramiento, salud, educación, trabajo, y trámites en entidades bancarias, municipalidades, entre otras.

Por su parte, la Unidad de Valoración Técnica que constituye la fase resolutiva del procedimiento, enfrenta actualmente una alta presión operativa derivada del incremento sostenido en la demanda de regularización migratoria.

Con dicha investigación se identificó que cerca de 25 personas funcionarias tienen una carga aproximada de 1.500 casos pendientes cada una, situación que evidencia una sobrecarga estructural incompatible con una atención oportuna.

A los problemas que enfrenta la institución, se suma que las restricciones presupuestarias impiden la contratación de más personal, el pago de jornadas extraordinarias y la modernización tecnológica, factores indispensables para reducir la mora existente.

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