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Ignacio Ortiz Salas
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La Defensoría de los Habitantes solicitó a la Rectoría de la Universidad de Costa Rica (UCR) un informe “amplio” sobre los hechos ocurridos el 22 y 23 de abril en el edificio de Rectoría, en el contexto de la manifestación estudiantil, y otorgó un plazo máximo de 24 horas para remitir la información requerida.
El oficio, emitido el 23 de abril bajo el número DH-0488-2026, pide al rector detallar las acciones desplegadas para garantizar condiciones “dignas y respetuosas” para las personas manifestantes, así como precisar los canales de comunicación propuestos al movimiento estudiantil para abordar sus demandas, que incluyen temas como becas, carreras y el financiamiento universitario. La Defensoría solicita que se indiquen fechas, lugares de reunión y funcionarios involucrados en eventuales procesos de negociación.
Previo al oficio la defensora de los habitantes, Angie Cruickshank, ya había contactado, la noche del 22 de abril vía telefónica, tanto con el rector, Carlos Araya, así como con un representante de los estudiantes en la protesta. Esto ante las denuncias por cortes de servicios básicos en el edificio tomado que difundieron los estudiantes y UNIVERSIDAD informó en su momento. Cruickshank aseguró que “Al señor rector le consulté sobre la situación de faltante de agua y electricidad tras las denuncias públicas de un grupo de estudiantes, después de lo cual me informó que se iba a poner en contacto con el director de servicios generales de la universidad para verificar el estado de los servicios en ese momento”. E indicó que le aseguraron que el corte se debió a “desperfectos en dos edificios de la universidad”.
Además, el órgano defensor pidió información sobre gestiones formales previas realizadas por los estudiantes y el abordaje dado por la Rectoría, incluyendo copias de dichas comunicaciones. También requirió un informe detallado sobre el protocolo de seguridad aplicado en manifestaciones estudiantiles, particularmente en lo relativo al uso de la fuerza y las medidas de protección para estudiantes, personal docente e instalaciones.
A la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, la Defensoría le solicitó detallar las acciones de seguimiento y acompañamiento implementadas o previstas para asegurar que no se ejerzan medidas coercitivas contra las personas participantes en la protesta, así como reportar resultados preliminares de estas gestiones.
En el mismo documento se incluye un pronunciamiento de esa Vicerrectoría, en el que se afirma que “la protesta social es un mecanismo legítimo en democracia y debe realizarse en condiciones de respeto, seguridad e integridad para todas las personas”, y que “nada justifica la agresión contra quienes participan en una manifestación pacífica”. Asimismo, se señala que la instancia da seguimiento a la situación “para conocer el estado de las personas estudiantes afectadas y, de ser necesario, brindarles los apoyos requeridos”.
El documento concluye estableciendo el plazo de 24 horas para la respuesta. Consultados por la misma la oficina de prensa de rectoría indicó que enviarán la respuesta en el transcurso de este 24 de abril.
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