Defensoría anuncia su replanteamiento, en sesión de jefaturas de fracción sacudida por elección de magistrados suplentes

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Mario Bermúdez Vives

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La Defensora de los Habitantes, Angie Cruikshank, se presentó a la sesión de jefaturas de fracción para entregar a los jerarcas una copia del informe anual que deberá presentar en el Plenario, y comentar replanteamientos que están en marcha en la institución, en una sesión agitada por el bloqueo del oficialismo a la elección de magistrados suplentes.

La presidenta Yara Jiménez indicó a los jefes de bancada que Cruikshank hará la presentación oficial del informe en el Plenario el 24 de junio, en una sesión que incluirá un debate reglado, pero que había solicitado el espacio para entregarles el documento a las fracciones y pudieran estudiarlo.

En su intervención, Cruikshank también solicitó a las autoridades preparar espacios con cada fracción legislativa, para conversar de los propósitos que tiene de replantear funciones de la Defensoría, que tiene tres décadas de existencia. «Queremos fortalecer la institución, repensarla para profundizar la transición a la era digital, incluir la Inteligencia Artificial en procesos, y tratar temas como los derechos humanos en las empresas y la esfera del derecho privado», comentó.

En la actualidad, la Defensoría funciona como órgano adscrito a la Asamblea Legislativa, para promover los derechos de los ciudadanos ante acciones u omisiones de las instituciones públicas que los afecten.

Cruikshank indicó que han recibido solicitudes de personas para que la Defensoría también incursione en el derecho privado, e incluso de empresas interesadas en capacitaciones y formas de vincularse con un mejor tratamiento de los derechos humanos.

Pero la reunión estuvo lejos de ser tranquila, cuando los jefes de la oposición consultaron a Cruikshank si la Defensoría estaba estudiando acciones ante el bloqueo de la fracción oficialista de Partido Pueblo Soberano (PPSO) a la elección de magistrados suplentes, principalmente de la Sala Constitucional.

Los cuatro jefes de oposición -Álvaro Ramírez del Partido Liberación Nacional (PLN), José María Villalta del Frente Amplio (FA), Claudia Dobles de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC) y Abril Gordienko del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC)- coincidieron en consultarle si la decisión del PPSO de no votar por ninguno de los 18 candidatos a magistrados de la Sala Constitucional constituía una severa lesión de los derechos de los habitantes.

Dobles lo ejemplificó con cifras, al indicar que solo en el 2025, de los 15.971 recursos de amparo relacionados con temas de salud, 11.437 fueron declarados con lugar. «En siete de cada diez recursos, la Sala IV le dio la razón a los buscaron el amparo, fue la Sala la que permitió que recibieran medicinas o atención», resaltó, para destacar que si se presenta un cierre técnico de la Sala por la ausencia de magistrados suplentes, eso afectará la salud de gran cantidad de costarricenses.

Esto enfureció a Nogui Acosta, jefe de fracción del PPSO, quien primero trató de descalificar los comentarios de los otros jefes alegando que no se referían a temas propios de la Defensoría -algo que le fue refutado- y posteriormente decantó por presentar esas intervenciones como «descortesía con la invitada», alegando que había sido convocada para comentar del informe anual, y no temas de actualidad.

En su ayuda acudió Jiménez, quien primero intentó silenciar a los otros jefes: «No vamos a hablar mas de este tema, queríamos recibir en términos bonitos a la Defensora», pero terminó cediendo ante los reclamos de Villalta, quien exigió que no se le censurara.

Luego de una ronda de participaciones, Cruikshank se retiró, pero continuó el pulso por las magistraturas. Entonces los jefes de oposición intentaron presionar a PPSO para que definiera tiempos para poder realizar la elección, pero esto propició un decidido contraataque de Acosta, quien reiteró que no votarán por ninguno de los 18 candidatos de la nómina remitida por la Corte, de la cual se deben elegir nueve magistrados suplentes, e incluso advirtió que estudian la presentación de una moción para devolver la lista al Poder Judicial y exigir una nueva lista.

Esto fue rechazado por Dobles y Gordienko, que advirtieron a Acosta que este camino es inconstitucional. «Hay un reglamento que se debe respetar, la Constitución Política también es clara. La ruta de Nogui Acosta haría que quienes la sigan, incurran en el delito de prevaricato», dijo Dobles.

Y tanto Villalta como Ramírez intentaron que Acosta precisara las razones por las que el oficialismo rechaza a los 18 aspirantes, arriesgando a que la Sala IV caiga en un cierre técnico por la ausencia de magistrados suplentes, o tenga que incurrir en un nuevo proceso de selección de candidatos, lo que retrasaría el proceso por al menos nueve meses. Empero, Acosta no cedió e insistió en que en este caso, el panorama es uno: la oposición quiere elegir y el PPSO no votará por ninguno de los candidatos actuales, con lo que resulta imposible que alguno alcance los 38 votos necesarios (la oposición solo suma 26 diputaciones).

Al final de la sesión, Jiménez optó por fijar la fecha del miércoles 10 de junio para realizar nuevas rondas de votaciones, para las que Acosta anticipó que se aferrarán al bloqueo.

En la sesión también se acordó que el próximo lunes se definirá la lista de diputados que asistirán a la gira a Crucitas promovida por la presidenta Laura Fernández para el 19 de junio. Los jefes de la oposición volvieron a coincidir, en este punto, al indicar que les interesa la visita, pero valoran la conveniencia de participar en ella, dadas varias actuaciones del Poder Ejecutivo en este proceso.

Ramírez incluso indicó que la visita sería ver el problema, pero no se ha definido el siguiente paso: la discusión de la solución (en alusión a intentos del oficialismo de impulsar una solución unilateral, sin tomar en cuenta a la oposición). Al respecto, Jiménez prometió que llevará esta inquietud a la presidenta Fernández.



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