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Monserrat Cordero Parra
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La Defensoría de los Habitantes advirtió este viernes que los recortes a programas de niñez como Avancemos, comedores escolares y Cen-Cinai podrían generar un aumento en las cifras de trabajo infantil en el país.
El pronunciamiento de la Defensoría se da en el el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil que se celebra este 12 de junio.
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Costa Rica presenta la tasa de pobreza infantil y adolescente más alta entre los 38 países que integran dicha organización; aproximadamente el 27% de las personas menores de 18 años carecen de los recursos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas, cifra que está muy por encima de la tasa de pobreza nacional.
Asimismo, a partir del año 2022, la inversión pública del país dirigida a la niñez y adolescencia ha experimentado una caída que ronda el 25%, de acuerdo con datos del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia (Ineina) de la Universidad Nacional (UNA).
Ante este panorama, la Defensoría externó que la erradicación del trabajo infantil demanda de acciones y decisiones que garanticen el desarrollo integral de las personas menores de edad.
Asimismo agregó que se requiere el financiamiento sostenible de las políticas públicas destinadas a combatir la pobreza, cuyos principales beneficiarios sean las niñas, los niños y las personas adolescentes.
“El trabajo infantil es un síntoma directo de la pobreza y de la falta de oportunidades. Cuando el Estado recorta los fondos de los programas sociales no está logrando «eficiencia fiscal»; está trasladando el costo de la crisis a las niñas, niños y a las personas adolescentes”, indicaron en un comunicado de prensa.
Radiografía
En detalle, la Defensoría destacó tres áreas críticas donde los recortes presupuestarios han impactado directamente a esta población.
En cuanto a las becas de Avancemos, datos del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) revelan que durante el período 2022-2025, más de 86.000 estudiantes perdieron ese beneficio económico. Asimismo, los recursos destinados al programa se redujeron significativamente, pasando de ₡113.400 millones aproximadamente en el año 2022 a ₡ 92.300 millones en el 2025, para una reducción real de aproximadamente 19% en sus recursos.
Tales recortes, de acuerdo con la Defensoría, constituyen un debilitamiento a la asistencia económica que reciben las familias en situación de pobreza para mantener a las personas menores de edad dentro del sistema educativo formal.
En relación a la Red de Cuido, el ente defensor destacó que la no apertura de nuevos cupos por la limitación financiera del programa obliga a los padres de familias en pobreza a llevar a sus hijos e hijas a los lugares de trabajo (vías públicas, agricultura informal) o a dejarlos a cargo de otras personas menores de edad.
El otro programa destacado son los Comedores Escolares. En esa línea mencionaron que las restricciones aplicadas a los programas de alimentación en los centros educativos afectan la permanencia de los estudiantes en el sistema. Se tiene evidencia de que este tipo de medidas contribuyen a combatir la vulnerabilidad nutricional, la exclusión escolar, así como el riesgo de inserción laboral temprana.
Hacen llamado
Sacrificar a los niños por una política de austeridad fiscal es «fiscalmente inviable y moralmente inaceptable” para la Defensoría, mencionaron. Ante este situación, hicieron un llamado al Poder Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa a:
- Evitar cualquier propuesta de recorte adicional a FODESAF, IMAS, PANI y al Ministerio de Educación Pública (MEP) en las discusiones presupuestarias.
- Hacer valer los compromisos internacionales: Costa Rica fue catalogada como «país pionero» en la erradicación del trabajo infantil. El Estado no puede sostener este status internacional mientras debilita internamente los pilares de su política social formativa y preventiva.
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