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Ashley Quesada
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La decisión del Ministerio de Justicia y Paz de poner fin al convenio que permitía realizar audiencias virtuales desde los centros penitenciarios ya encontró resistencia dentro del propio sistema de justicia. Lejos de representar un ajuste administrativo, como sostiene el Poder Ejecutivo, operadores judiciales advierten que la medida implicará más traslados, mayores costos para el Estado y un impacto directo en la rapidez con que se tramitan los procesos penales.
Las observaciones provienen de tres actores que intervienen diariamente en esas diligencias: la Defensa Pública, el Ministerio Público y la Judicatura. Los tres coinciden en un punto: eliminar la virtualidad supone retroceder en un mecanismo que durante los últimos años permitió resolver audiencias sin movilizar personas privadas de libertad hacia los tribunales.
El director de la Defensa Pública, Juan Carlos Pérez Murillo, afirmó que la decisión tendrá consecuencias operativas y presupuestarias para la institución. Explicó que las personas defensoras deberán desplazarse obligatoriamente hasta los centros penales para brindar atención presencial, lo que incrementará gastos en combustible, viáticos y tiempo de trabajo.
“La decisión del Ministerio de Justicia y Paz de dar por finalizado el convenio con el Poder Judicial respecto de la atención virtual de audiencias genera un perjuicio para la Defensa Pública, específicamente en un tema operativo y un tema económico”, aseguró.
Pérez Murillo advirtió que ese tiempo invertido en traslados dejará de destinarse a otras audiencias y diligencias judiciales. Según explicó, la consecuencia será una menor disponibilidad de defensores en los despachos y mayores dificultades para atender los señalamientos de los tribunales.
“Esto puede incrementar sin duda alguna la obstaculización o la imposibilidad de realizar juicios que son sumamente urgentes”, sostuvo.
El jerarca recordó que la Defensa Pública ya había impulsado una mayor virtualización como respuesta a los recortes presupuestarios aplicados al Poder Judicial. Desde esa perspectiva, la decisión del Ministerio de Justicia revierte una estrategia que buscaba reducir costos y optimizar recursos.
La preocupación también alcanza a la Judicatura. El juez de Ejecución de la Pena de Alajuela, Mario Rodríguez, explicó que las audiencias virtuales permitían resolver solicitudes en pocos minutos sin activar todo el aparato logístico que implica trasladar a una persona privada de libertad.
“La utilidad de las audiencias virtuales en ejecución de la pena es que nosotros, al realizar audiencias de forma virtual, damos una respuesta más eficiente”, afirmó.
Rodríguez recordó que únicamente en los últimos cinco años su despacho conoció más de 5.000 solicitudes de libertad condicional. Con el cierre del convenio, cada una de esas diligencias volverá a requerir movilización desde los centros penales, custodias, transporte y espacios de permanencia en celdas judiciales, incluso cuando la audiencia dure apenas cinco o diez minutos.
“La afectación es bastante grave”, indicó el juez. “Nos ahorramos transporte, capacidad operativa y alimentación de las personas privadas de libertad. Todo eso vuelve a ser necesario cuando la audiencia deja de ser virtual”.
En la misma línea se pronunció el fiscal adjunto de Ejecución de la Pena, Carlos Montenegro, quien señaló que la virtualidad se había convertido en una herramienta para agilizar la resolución de incidentes durante la fase de ejecución de la pena.
“Las audiencias virtuales son importantísimas porque agilizan la tramitación de todos los asuntos”, manifestó.
Para Montenegro, la eliminación del mecanismo provocará atrasos en la tramitación de expedientes y aumentará la carga de trabajo para la Sección de Cárceles del Organismo de Investigación Judicial, responsable de trasladar a las personas privadas de libertad hasta los distintos despachos judiciales.
Las críticas surgen pocos días después de que el Ministerio de Justicia diera por terminado el convenio de cooperación con el Poder Judicial. La decisión se produjo luego de que el Gobierno cuestionara que la audiencia de medidas cautelares contra Alejandro Arias Monge, alias Diablo, se realizara de forma presencial y no virtual. Sin embargo, el Poder Judicial explicó que esa diligencia respondió a circunstancias particulares del caso, entre ellas una reunión coordinada con agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA), la complejidad procesal del expediente y la necesidad de practicar otras actuaciones presenciales con el imputado.
Datos del propio Sistema Penitenciario Nacional muestran la dimensión del cambio. Entre enero y junio de este año se realizaron 2.416 audiencias virtuales desde centros penitenciarios: 944 correspondieron a juzgados penales, 421 a tribunales de juicio, 354 a reuniones entre personas privadas de libertad y sus defensores, mientras que 697 respondieron a otras actuaciones judiciales.
Para quienes intervienen diariamente en esos procesos, el cierre del convenio trasciende una diferencia entre instituciones. A su juicio, supone abandonar una herramienta que reducía tiempos, optimizaba recursos públicos y facilitaba el acceso a la justicia para la población penitenciaria.
Pie de foto: Las audiencias virtuales permitían realizar diligencias judiciales con personas privadas de libertad sin necesidad de traslados desde los centros penitenciarios. (Foto: Poder Judical)
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