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Mario Bermúdez Vives
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El Bloque Democrático, integrado por las cuatro bancadas de oposición, anunció que presentó una acción de inconstitucionalidad contra el Decreto Ejecutivo 45870-MSP, con el cual la Presidencia denominó como «Secreto de Estado» la información relacionada con la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), el Consejo Nacional de Seguridad Pública y la «Fuerza Élite» conformada por la presidenta Laura Fernández.
Álvaro Ramírez del Partido Liberación Nacional (PLN), José María Villalta del Frente Amplio (FA), Claudia Dobles de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC) y Abril Gordienko, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), informaron que presentaron el recurso ante la Sala Constitucional por considerar que el decreto constituye un atropello a la transparencia, el control fiscal y la información pública, al tratar de ocultar, bajo la figura del secreto de Estado, elementos que deben ser públicos.
«Desde el Bloque Democrático consideramos que proteger la seguridad del país es fundamental, pero no a costa de los derechos y los recursos de la ciudadanía. Nos oponemos a que las políticas de seguridad se administren en la sombra, bajo el pretexto de un «Secreto de Estado» fabricado a la medida», indicaron las cuatro bancadas en un comunicado.
El pasado 27 de julio, la presidenta Fernández firmó el decreto en el que declaró como «Secreto de Estado» la información, documentos, presupuestos, planes operativos e incluso los contratos de compras públicas relacionadas con la seguridad nacional y la lucha contra el crimen organizado, en particular la información vinculada con la DIS, el Consejo Nacional de Seguridad Pública y la «Fuerza Élite», conformada por los ministros de Seguridad, Justicia, Comunicación y los directores de la DIS y cuerpos policiales del Poder Ejecutivo. El decreto fue publicado en La Gaceta el 10 de agosto.
La presidenta Fernández llegó a declarar que desconfiaba de abogados y periodistas, al defender el decreto en la conferencia de prensa de Casa Presidencial, e incluso afirmó que esa información era para «alguna banda de crimen organizado». El decreto es muy similar a uno que emitió en el 2019 el presidente de El Salvador Nayib Bukele, reveló UNIVERSIDAD en la edición impresa de esta semana.
Los diputados de oposición alegan que ocultar presupuestos, compras públicas y contrataciones tras un concepto amplio de «seguridad nacional» deja a la ciudadanía en grave indefensión ante decisiones unilaterales, arbitrarias e inconsultas del Gobierno de turno, afectando el derecho a conocer el uso de recursos públicos.
Además de una opacidad que impide la fiscalización y puede encubrir actos de corrupción, «configura una amenaza real de persecución política, mediante el uso discrecional y sin control del aparato de seguridad pública».
Ante ello, se alega que el decreto estaría vulnerando el derecho de petición establecido en el artículo 27 de la Constitución Política, y el derecho a la información sobre asuntos de interés público, consagrado en el artículo 30, que es el que menciona, precisamente, que se excluyen los secretos de Estado. Empero, se alega que las declaratorias de secreto de Estado deben ser excepcionales y no generales.
«La seguridad nacional no se defiende ocultando facturas, ni irrespetando el Estado de Derecho. Se defiende con transparencia, con rendición de cuentas en el marco de la Constitución Política», indicó Ramírez. «El Estado debe garantizar seguridad, pero a la vez rendir cuentas. No se puede amparar bajo secreto de Estado contrataciones, adjudicaciones o el uso irresponsable de tecnología», acotó Dobles. «Un decreto de secreto de Estado debe estar limitado a aspectos puntuales, y debe ser reserva de ley», agregó Gordienko. «Defendemos la seguridad, pero sin sacrificar el acceso al derecho de información de la ciudadanía», manifestó Villalta.
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