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Laura Martínez Quesada
Guest
El insulto presidencial como norma institucional
A lo largo del cuatrienio de la administración Chaves Robles (2022-2026), el país experimentó una ruptura con su tradición democrática: la instauración del insulto desde el Ejecutivo como una herramienta deliberada de gestión y narrativa política. Lejos de ser simples arrebatos o tensiones habituales del debate público, estas agresiones se convirtieron en una política de gobierno emanada sistemáticamente de la Casa Presidencial. Este despliegue de violencia verbal, dirigido especialmente contra el ejercicio periodístico, obligó incluso a una intervención histórica de la Sala Constitucional ante la gravedad de lo ocurrido. “Ratas», “malditos», “malnacidos», “sicarios políticos», “montón de lobos», “banda», entre otros insultos: el repertorio ha sido amplio y su uso, deliberado y repetitivo..
La propia Sala Constitucional, en una sentencia inédita de mayo de 2023 (voto n.º 2023-012085), calificó esas expresiones como “absolutamente reprochables” y estableció algo importante: cuando un presidente insulta desde el ejercicio de su cargo, no habla a título personal, sino en nombre del Estado, es decir, el insulto presidencial no es un asunto anecdótico, sino, en sentido estricto, un acto institucional. El Tribunal afirmó que las autoridades pueden formular críticas, incluso vehementes, a medios y periodistas, pero sostuvo que determinados términos usados en este caso fueron excesivos y podían propiciar hostigamiento. Su formulación central fue que el empleo de un lenguaje irrespetuoso y ofensivo contra los periodistas constituye una lesión a la libertad de prensa.
En esa línea, las consecuencias de imponer ese estilo político no han sido solo simbólicas. Costa Rica cayó del quinto lugar mundial en libertad de prensa en 2021 al puesto 36 en 2025, un desplome de veintiocho posiciones que Reporteros Sin Fronteras vinculó directamente con los ataques verbales del mandatario contra periodistas y medios (https://semanariouniversidad.com/pa...a-mantiene-su-desplome-en-libertad-de-prensa/).
El propio patrón se extendió a las redes sociales: se documentó cómo las cuentas asociadas al presidente otorgaban “me gusta» a publicaciones de terceros que calificaban a periodistas de “ratas asquerosas» o al Poder Judicial de “corrupto» e “institución de mierda». Cuando se le confrontó por ello, la respuesta fue reveladora: dijo compartir “el fondo» aunque no necesariamente “la forma». Chaves, como presidente, instaló en la opinión pública que el poder no solo insulta, sino que premia, visibiliza y legitima el insulto ajeno.
De la Casa Presidencial a la cuenta de cualquiera
Sin embargo, lo que me interesa señalar no es únicamente el comportamiento de un individuo, sino la función “pedagógica” y multiplicadora de este estilo. Como advirtió en su momento la diputada Sofía Guillén, “ese estilo le daba un mal ejemplo a la ciudadanía: les enseñaba que violentar y calumniar al que piensa distinto era una forma de valentía». Para decirlo de otra manera, cuando la máxima magistratura del país normaliza el insulto como forma legítima de hacer política, se produce una autorización simbólica hacia abajo. Si el presidente puede llamar “sicario político» a un periodista sin ninguna consecuencia relevante, ¿por qué un usuario anónimo no habría de sentirse habilitado para entrar al perfil de cualquier persona (un académico, un funcionario, un vecino) y descalificar, insultar, agredir sin argumento alguno, escudado en el anonimato virtual o en la multitud digital?
Como ya se ha estudiado ampliamente, las redes sociales, por su propia arquitectura y sus incentivos tienden a favorecer la polarización afectiva. El algoritmo tiende a premiar la indignación y la emocionalidad, el anonimato reduce el costo reputacional de la agresión, y la ausencia de contacto físico debilita buena parte de la empatía que regula el trato cara a cara. Sin embargo, estos incentivos necesitan una suerte de validación cultural, una autoridad referente que transforme esa conducta en aceptable, incluso deseable, porque “así habla la gente” o porque el insulto se presenta como el propio Chaves lo hizo en 2023, no como populismo agresivo sino como lenguaje “popular”. Como lo hemos vivido en Costa Rica, cuando esa habilitación viene desde la máxima investidura del país, el efecto multiplicador es enorme. No estamos, entonces, ante dos fenómenos paralelos con el estilo presidencial por un lado y el incentivo a la toxicidad de las redes por el otro, sino frente a un estilo narrativo que desciende desde la cúspide del poder, permea la conversación cotidiana y contribuye a reconfigurar el sentido común en un sentido gramsciano.
Este no es un fenómeno aislado: el insulto como recurso narrativo posee un alcance transversal. La gramática de la confrontación atraviesa regímenes y liderazgos de signos ideológicos diversos, desde la dictadura de Ortega y Murillo hasta expresiones de derecha como las representadas por Milei, Bukele o Trump. Esto sugiere que no estamos únicamente ante una patología personal de un líder particular, sino ante un repertorio político más amplio. En los términos de Moffitt, puede comprenderse como parte de un estilo populista que se construye mediante la apelación al “pueblo”, la escenificación de crisis y la transgresión de las normas de civilidad política. En ese sentido, el uso del insulto y la descalificación por parte del binomio Chaves-Fernández no constituye una excepción, sino una apropiación local de un repertorio transnacional de confrontación política, cuya eficacia comunicativa ha sido ampliamente explotada por diversos liderazgos políticos contemporáneos.
Continuidad, no anécdota: de Chaves a Fernández
Es importante trascender la lectura de este fenómeno como un simple elemento biográfico del ex presidente Chaves. La administración de Laura Fernández está replicando este repertorio de confrontación, ahora dirigido hacia el Poder Judicial; un ejemplo claro fue calificar de “golpe de Estado” la resolución de la Sala Constitucional sobre las magistraturas suplentes, tildando de “golpistas” a los jueces responsables. La permanencia de Chaves en el gabinete actual, desempeñando roles estratégicos, asegura la continuidad de esta arquitectura narrativa. Nos enfrentamos, en consecuencia, a la prolongación de un estilo político basado en la dicotomía amigo-enemigo, una lógica que amenaza con institucionalizarse como el lenguaje ordinario del debate público en Costa Rica, al margen de la figura que ostente la jefatura del Ejecutivo.
Por qué la oposición no puede jugar en ese mismo terreno
Existe una tentación comprensible y cada vez más visible en el discurso opositor (particularmente en redes sociales) de responder al insulto con el insulto, a la descalificación con la descalificación, bajo la lógica de que “si ellos pueden, nosotros también podemos» o que la pasividad ante la agresión equivale a debilidad. Esa tentación debe resistirse y evitarse, y no por una cuestión de buenos modales, sino por razones tanto normativas como estratégicas.
La razón normativa tiene que ver con el concepto mismo de la democracia: no es un método para que un bando aniquile ni simbólica ni físicamente al otro, sino un procedimiento para procesar y resolver el desacuerdo entre proyectos diversos, ninguno de los cuales puede arrogarse el monopolio de la verdad política. Cuando la disputa se libra en clave amigo-enemigo, se abandona el terreno de la legitimidad procedimental y se entra en el terreno de la aniquilación simbólica del adversario, que es precisamente el terreno que Chaves ha impulsado.
A ello hay que agregar un elemento adicional: la democracia funciona porque, más allá de la incertidumbre inherente a sus resultados, ofrece certezas sobre las reglas de participación, la legitimidad del adversario y su derecho a seguir existiendo como interlocutor político. El uso sistemático del insulto erosiona esa certeza y transforma al adversario de hoy en un enemigo que debe ser excluido mañana. En este punto resulta pertinente la distinción de Chantal Mouffe entre agonismo y antagonismo. El agonismo supone un conflicto entre adversarios legítimos que disputan el poder dentro de un marco institucional compartido; el antagonismo, en cambio, concibe al otro como un enemigo a destruir o eliminar. La tarea de la dinámica democrática no es suprimir el conflicto, sino canalizarlo de forma agonística. El chavismo, en cambio, ha tendido a convertir la lógica amigo-enemigo en un estilo y una dinámica de gobierno.
Desde una perspectiva pragmática, la dimensión estratégica también resulta clave: al descender a la cancha del agravio y la estigmatización, las fuerzas opositoras enfrentan una asimetría que difícilmente pueden enfrentar sin desdibujar su propia identidad política. El oficialismo no solo domina el estrado gubernamental, sino que actúa bajo una menor exigencia reputacional tras haber institucionalizado este tipo de narrativa entre sus seguidores, utilizando la degradación del lenguaje y la ruptura del diálogo como su herramienta política. Participar bajo esas premisas en ese juego implica validar una lógica diseñada para beneficiar a quien ha transformado la agresión verbal en su eje central. Por ello, la alternativa democrática debe rehuir de ese enfrentamiento estéril; su valor diferenciador debe descansar en la profundidad argumentativa, el respeto a la arquitectura institucional democrática y la demostración de que es posible construir un horizonte político distinto.
Al ceder al insulto, las fuerzas opositoras no solo erosiona su legitimidad ética; sino que se desplazan hacia el ecosistema narrativo construido por el oficialismo. En ese terreno, el debate sobre el diseño institucional y la eficacia gubernamental queda asfixiado por una dinámica de descalificación mutua. Aunque el deterioro es colectivo, el perjuicio es mayor para quienes aspiran a sostener la deliberación sobre el contenido sustantivo de la política.
Hacia otro lenguaje
Ninguno de estos argumentos implica pasividad ni tibieza frente al autoritarismo. Al contrario: la firmeza en la defensa de las instituciones, la denuncia rigurosa y documentada de los abusos de poder, la movilización ciudadana, como la del pasado 6 de agosto en la Plaza de la Democracia y en distintos puntos del país, la crítica y resistencia sin concesiones a la deriva confrontativa del oficialismo son formas legítimas y necesarias de oposición democrática. Lo que está en cuestión no es la intensidad del desacuerdo, sino su forma. Se puede y se debe ser inflexible en la defensa de la separación de poderes, de la independencia judicial y del Estado de derecho, sin necesidad de deshumanizar al adversario ni de reproducir la lógica de que quien piensa distinto es un enemigo a destruir.
La batalla por el lenguaje político no es un asunto secundario frente a la batalla por las instituciones. En realidad, es una dimensión constitutiva de esa misma batalla. Un país no defiende su democracia solamente resistiendo en los tribunales o en las urnas; también la defiende rehusándose a naturalizar que la política sea, en adelante, un intercambio permanente de insultos. En ese sentido, en el terreno de la conversación cotidiana y de las redes sociales, también se libra hoy una parte decisiva de la disputa por el futuro democrático de Costa Rica.
La entrada Debemos rechazar la degradación del lenguaje político aparece primero en Semanario Universidad.
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