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Ignacio Ortiz Salas
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Con el adelantamiento de las sesiones para negociar el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) de 2027, las universidades generaron informes de avance a falta de aproximadamente ocho meses para su entrega final, los cuales contrastan con lo planteado por el Gobierno. UNIVERSIDAD se dio la tarea de contrastar las afirmaciones del Poder Ejecutivo con los datos presentados por las universidades.
En el marco de la negociación del FEES, el ministro de Educación, Leonardo Sánchez, así como el presidente de la República, Rodrigo Chaves, han señalado un rezago en el cumplimiento de las metas acordadas en el seno de la Comisión de Enlace.
El jerarca del ramo y otrora investigador del Programa del Estado de la Educación planteó alrededor de 20 objetivos a cumplir en diciembre de 2026. Durante la conferencia posterior a la segunda sesión de la Comisión de Enlace, el pasado 7 de abril, Sánchez afirmó que “el comportamiento de la matrícula en las universidades está estancada, ha disminuido incluso” y que “el comportamiento de las becas no ha crecido, ha disminuido con respecto al año anterior”. El jerarca añadió que estos elementos forman parte de los factores que el Gobierno evalúa “en términos de cumplimiento” y que considera importante que la ciudadanía conozca.
En la misma línea, durante la conferencia semanal en Casa Presidencial del pasado 8 de abril, Sánchez reforzó esa lectura, en compañía de Rodrigo Chaves, al señalar que entre 2022 y 2025 hay “más de 6.000 estudiantes matriculados menos” y “5.000 estudiantes menos” con becas. Además, cuestionó la evolución de la oferta académica al indicar que “cuando uno ve la matrícula, la beca, las carreras de alta demanda laboral, todo (está) estancado o negativo”.
El presidente del Consejo Nacional de Rectores (Conare), Jorge Herrera, explicó que de los 20 indicadores definidos “11 de esos indicadores presentan un cumplimiento por encima del 100%”, mientras que 6 se ubican entre el 90% y el 100% y solo 3 entre el 80% y el 90%. Este dato sitúa el desempeño del sistema en un nivel alto de ejecución, a varios meses del cierre del periodo evaluado.
Para analizar los cumplimientos compararemos específicamente los indicadores atacados por el Ejecutivo, en el entendido de que fueron seleccionados específicamente por ser los de menor cumplimiento por parte de las universidades y sirven para sostener su retórica de aumento del 0% en el FEES 2027.
En el caso del indicador 1.2, que mide el porcentaje de estudiantes en condición de pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad social, para 2025 el acuerdo establece que al menos un 53% de la población estudiantil se ubique en esta condición. Las universidades reportan un 46,9%, siendo uno de los pocos indicadores por debajo de la meta. Sin embargo, al revisar el detalle la Universidad de Costa Rica (UCR) reporta un 57,72%, con una tendencia de mejora en el periodo 2023-2025. Este dato contradice la idea de una disminución en el alcance social esgrimido por el Ejecutivo, al evidenciar que más de la mitad de su población estudiantil pertenece a sectores vulnerabilizados y que esta proporción va en aumento.
Algo similar ocurre con los indicadores 3.1 y 3.2, relacionados con la regionalización. El primero, que mide el ingreso de estudiantes provenientes de fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM), alcanza un 51,77% en el caso de la UCR y un 56,6% para el sistema. El segundo, sobre matrícula en sedes fuera de la GAM, registra un 24,74% para la UCR y un 35,90% para el Conare, ambos con tendencia de mejora. Según los acuerdos de 2023, para 2025 estas cifras deberían alcanzar el 52,20% y el 38,4%, respectivamente. Los datos muestran un avance sostenido en la desconcentración territorial del acceso a la educación superior, en contraste con la narrativa de estancamiento general.
En cuanto a la pertinencia de la oferta académica, uno de los puntos más cuestionados por el Ejecutivo, los indicadores también evidencian resultados positivos. El indicador 9.1, que mide la matrícula en carreras de alta demanda laboral, alcanza un 85,7% en el caso de la UCR, mientras que el 9.2, enfocado en estas carreras en sedes fuera del GAM, llega a un 82,3%, ambos con evolución favorable entre 2023 y 2025. Estas cifras contrastan con la afirmación de que el ingreso a este tipo de carreras es marginal o negativo. En el caso del sistema Conare, este es uno de los ámbitos con mayor rezago, con diferencias cercanas a los 10 puntos porcentuales respecto a lo estipulado en el acuerdo.
La aparente contradicción entre el discurso del Ejecutivo y los datos presentados por las universidades se explica, en parte, por la forma en que se construyen las comparaciones. Herrera señaló que el Gobierno utiliza como referencia el año 2021, un periodo atípico debido a la pandemia, cuando la virtualización permitió alcanzar niveles récord de matrícula cercanos a los 125.000 estudiantes. Herrera detalló que tras ese pico se dio una reducción que luego se estabilizó, manteniéndose actualmente por encima de los niveles prepandemia.
Sirva ese único ejemplo para entender que las afirmaciones del Ejecutivo no son necesariamente falsas en términos absolutos, pero sí pueden resultar engañosas al omitir el contexto metodológico de los datos. La selección del año base y la ausencia de referencia a los indicadores pactados en el FEES generan una interpretación parcial del desempeño universitario.
En el caso específico de la UCR, los datos refuerzan esta lectura. No solo se reportan mejoras en los indicadores mencionados, sino que varios de ellos se encuentran en condición de cumplimiento anticipado o en ruta clara hacia la meta, a ocho meses del cierre del periodo evaluado. Esto coincide con lo señalado por Conare, en el sentido de que la mayoría de ellos ya supera el 90% de avance y que, como indicó Herrera, las universidades públicas “siempre hemos rendido cuentas” sobre el uso de los recursos y los resultados obtenidos.
Si quisiera revisar el porcentaje de cumplimiento de cada uno de los indicadores, puede verlos en el siguiente cuadro:
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