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Orlando Silva
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Orlando Silva
Daniel Noboa abrió su segundo año de mandato con una agenda marcada por seguridad, economía, obra pública, salud y coordinación territorial. En su Informe a la Nación, presentado el 24 de mayo de 2026 ante la Asamblea Nacional, el Mandatario habló de empleo, vivienda, inversión, lucha contra el crimen organizado, ampliación del Metro de Quito, entre otros temas.
En ese discurso, Noboa también ubicó a Quito, Guayaquil y la salud pública como tres prioridades de su nuevo año de gestión. Además, llamó a construir un frente común contra el crimen, con coordinación entre instituciones, autoridades locales y ciudadanía.
La seguridad volvió a ocupar un lugar central en el mensaje presidencial, junto con cifras oficiales sobre operativos, decomisos, desarticulación de estructuras criminales y fortalecimiento del Bloque de Seguridad.
Para Sofía Guerrero, analista política, el principal desafío del Gobierno será demostrar resultados. La seguridad continuará como un eje importante, pero la ciudadanía empezará a evaluar la gestión por mejoras concretas en empleo, inversión y calidad de vida.
Guerrero sostiene que el reto para Noboa no consiste en mantener el discurso, sino en convertirlo en resultados tangibles. Según su análisis, el segundo año de gobierno puede traer desgaste si la administración no logra que sus promesas tengan efectos visibles para la población.
Rodrigo Jordán, consultor en comunicación de crisis, ubica el reto político en el corto plazo. A su criterio, el Gobierno debe alcanzar los mejores resultados posibles en las elecciones seccionales de noviembre. Si el oficialismo enfrenta un escenario de debilidad en esos comicios, los problemas podrían avanzar de forma secuencial hasta final de año.
Jordán advierte que un resultado adverso podría afectar la gobernabilidad y la estabilidad del país. En ese escenario, las alianzas políticas y no políticas del Gobierno podrían romperse y dejar al régimen con menos respaldo hasta el final de su mandato. Sin embargo, también considera que Noboa aún puede recuperar capital político tras el revés del 16 de noviembre de 2025.
Andrés Obando, especialista en comunicación política, diferencia entre el reto que observa la ciudadanía y el reto que, según él, mira el Presidente. Dice que la ciudadanía espera acciones concretas frente a las crisis de seguridad, salud y energía.
Obando considera que Noboa parece priorizar la concentración de control dentro de las funciones del Estado y el bloqueo a la oposición.
En ese grupo incluye no solo a la Revolución Ciudadana, sino también al segmento anticorreísta que, según su lectura, se alejó del Gobierno después de su arremetida contra la Corte Constitucional. Para el especialista, esa posición puede llevar al Presidente a un mayor desgaste político.
La definición de Quito, Guayaquil y la salud pública como prioridades del año genera lecturas distintas entre los analistas. Guerrero considera que esa concentración resulta políticamente viable porque reúne los principales problemas urbanos y sociales del país.
Sin embargo, la analista advierte que esa estrategia puede tener costos si otras provincias sienten que sus necesidades quedan relegadas, sobre todo en empleo, infraestructura y desarrollo local. También señala que la prioridad sobre Quito y Guayaquil puede leerse como una estrategia política previa a las elecciones, porque esas ciudades concentran la mayor cantidad de votantes.
Guerrero añade que hablar solo de Quito y Guayaquil implica regresar a una concentración y centralización de poder en las dos ciudades más representativas del Ecuador.
Jordán cree que el Presidente debería ampliar en las próximas semanas sus prioridades regionales y geográficas en materia de atención social. Según su análisis, el Gobierno necesita construir la percepción de que trabaja para mejorar la calidad de vida de la población en todo el país.
El consultor plantea que la prioridad debe pasar por un gran plan de rescate social para los sectores más vulnerables y para la clase media. Ese plan, según Jordán, no debería limitarse a bonos económicos. También recuerda que casi el 36% de los hogares ecuatorianos tiene ingresos inferiores a un salario básico y que solo el 33% percibe entre uno y menos de dos salarios básicos.
Para Jordán, la prioridad debe estar en lo social, por encima de las grandes obras.
Obando considera que, en teoría, la concentración en Quito, Guayaquil y salud pública debería resultar viable.
Pero advierte que la aplicación práctica se complica por la creación de superministerios. Según su criterio, los intentos de eficiencia en los últimos gobiernos han terminado en una gestión pública menos especializada y en una centralización innecesaria de funciones.
El especialista también señala que Noboa anunció obras que corresponden a los municipios, como el Metro de Quito o el Quinto Puente. A su criterio, esa decisión mantiene una línea de conflicto en lugar de trabajo conjunto.
El Informe a la Nación incluyó cifras y anuncios sobre empleo, recuperación económica, vivienda, infraestructura, producción y programas sociales. El Gobierno expuso datos sobre desempleo, empleo adecuado, contratos registrados, reservas internacionales, crecimiento económico, riesgo país, exportaciones no petroleras y obras viales.
Guerrero advierte que, si las promesas de empleo, vivienda, obra pública y salud no se concretan, el Gobierno corre el riesgo de perder credibilidad. Según la analista, la expectativa ciudadana creció después de la reelección y la ausencia de resultados visibles podría traducirse en una caída de aprobación y en el fortalecimiento de sectores opositores.
Jordán considera que ese riesgo ya tiene un carácter crónico en el país. Según su análisis, si el Gobierno enfrenta un revés en noviembre próximo, podrían incrementarse las probabilidades de un estallido social similar a los que enfrentaron Guillermo Lasso y Lenín Moreno.
El consultor sostiene que la estabilidad social de los últimos meses debe valorarse y preservarse. También plantea que Gobierno y ciudadanía deben cooperar en ese objetivo.
Obando vincula el incumplimiento de ofertas con una pérdida de aprobación del Gobierno, de ADN y del propio Presidente. Según su criterio, ese deterioro puede derivar con el tiempo en una pérdida de legitimidad.
La seguridad ocupa un lugar central en el segundo año de Noboa. Byron Sanmiguel, experto en seguridad, considera que reducir homicidios, recuperar el control de las cárceles y debilitar la economía criminal son objetivos importantes y conectados.
Sanmiguel plantea una estrategia con tres niveles. En el corto plazo, el objetivo visible debería ser reducir homicidios.
En el mediano plazo, el Gobierno debería avanzar hacia la recuperación del control de las cárceles. En el largo plazo, la prioridad estratégica debería apuntar a debilitar la economía criminal mediante inteligencia financiera, decomisos, control portuario, lucha contra el lavado de activos y persecución patrimonial.
Si el Gobierno debe elegir una prioridad estratégica para el segundo año, Sanmiguel considera que existen argumentos sólidos para colocar en primer lugar el debilitamiento de la economía criminal.
El experto advierte que una estrategia basada en estados de excepción, despliegue militar y operativos policiales no suele sostenerse a largo plazo si no avanza junto con investigación criminal y justicia. Según su análisis, esas medidas pueden generar resultados rápidos, como mayor presencia estatal, capturas de líderes criminales, recuperación de territorios específicos y reducción temporal de ciertos delitos.
Sanmiguel sostiene que esos resultados tienden a perder fuerza si el Estado no fortalece la investigación criminal, la Fiscalía, los tribunales y el sistema penitenciario.
Para el experto, los mayores avances contra el crimen organizado requieren fuerza policial, control territorial, investigación especializada, inteligencia financiera, fiscalías con capacidad técnica, jueces capaces de procesar casos complejos, control efectivo de cárceles y prevención social en zonas vulnerables.
En el caso ecuatoriano, Sanmiguel ve un desafío especialmente complejo por la convergencia de narcotráfico internacional, extorsión, economías ilegales y organizaciones con presencia dentro y fuera de las cárceles.
El experto también advierte que los indicadores de seguridad no deberían limitarse al número de operativos o detenidos.
Según su criterio, el Gobierno también debe medir cuántos casos llegan a sentencia, cuánto patrimonio criminal se confisca, cuántas redes financieras se desmantelan y cuánto control efectivo recupera el Estado sobre sus instituciones.
Noboa llamó en su informe a una coordinación entre instituciones, autoridades locales y ciudadanía contra el crimen. Esa línea abre otro reto para el segundo año: la relación entre el Ejecutivo, los municipios y la Asamblea.
Guerrero considera que esa relación podría volverse más pragmática. Según la analista, Noboa necesitará acuerdos con gobiernos locales y actores legislativos para ejecutar obras y fortalecer la seguridad, incluso con autoridades que no forman parte de su espacio político.
Para Guerrero, la capacidad de construir consensos tendrá tanta importancia como la capacidad de gobernar.
Jordán sostiene que los expertos regionales que han logrado reducir índices de criminalidad en un territorio destacan el trabajo conjunto entre Gobierno nacional, gobiernos locales y provinciales, empresa privada y organizaciones de la sociedad civil.
El consultor considera que esa coordinación debe convertirse en una política permanente y superar las banderas políticas, porque las familias ecuatorianas mantienen a la inseguridad como su principal preocupación desde hace varios años.
Obando cree que la relación entre Ejecutivo, municipios y Asamblea dependerá de los resultados de las seccionales. Según su análisis, el Presidente y el Gobierno tienen un estilo de gobernanza que bloquea a las autoridades de oposición.
Para el especialista, el oficialismo podría impulsar mayor desarrollo en cantones o provincias donde ADN alcance victorias. En cambio, podrían aparecer dificultades para las demás autoridades.
Información extra: Daniel Noboa
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Daniel Noboa abrió su segundo año de mandato con una agenda marcada por seguridad, economía, obra pública, salud y coordinación territorial. En su Informe a la Nación, presentado el 24 de mayo de 2026 ante la Asamblea Nacional, el Mandatario habló de empleo, vivienda, inversión, lucha contra el crimen organizado, ampliación del Metro de Quito, entre otros temas.
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Daniel Noboa y su discurso en la Asamblea Nacional
En ese discurso, Noboa también ubicó a Quito, Guayaquil y la salud pública como tres prioridades de su nuevo año de gestión. Además, llamó a construir un frente común contra el crimen, con coordinación entre instituciones, autoridades locales y ciudadanía.
La seguridad volvió a ocupar un lugar central en el mensaje presidencial, junto con cifras oficiales sobre operativos, decomisos, desarticulación de estructuras criminales y fortalecimiento del Bloque de Seguridad.
El segundo año exige resultados más allá del discurso
Para Sofía Guerrero, analista política, el principal desafío del Gobierno será demostrar resultados. La seguridad continuará como un eje importante, pero la ciudadanía empezará a evaluar la gestión por mejoras concretas en empleo, inversión y calidad de vida.
Guerrero sostiene que el reto para Noboa no consiste en mantener el discurso, sino en convertirlo en resultados tangibles. Según su análisis, el segundo año de gobierno puede traer desgaste si la administración no logra que sus promesas tengan efectos visibles para la población.
Rodrigo Jordán, consultor en comunicación de crisis, ubica el reto político en el corto plazo. A su criterio, el Gobierno debe alcanzar los mejores resultados posibles en las elecciones seccionales de noviembre. Si el oficialismo enfrenta un escenario de debilidad en esos comicios, los problemas podrían avanzar de forma secuencial hasta final de año.
Jordán advierte que un resultado adverso podría afectar la gobernabilidad y la estabilidad del país. En ese escenario, las alianzas políticas y no políticas del Gobierno podrían romperse y dejar al régimen con menos respaldo hasta el final de su mandato. Sin embargo, también considera que Noboa aún puede recuperar capital político tras el revés del 16 de noviembre de 2025.
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Andrés Obando, especialista en comunicación política, diferencia entre el reto que observa la ciudadanía y el reto que, según él, mira el Presidente. Dice que la ciudadanía espera acciones concretas frente a las crisis de seguridad, salud y energía.
Obando considera que Noboa parece priorizar la concentración de control dentro de las funciones del Estado y el bloqueo a la oposición.
En ese grupo incluye no solo a la Revolución Ciudadana, sino también al segmento anticorreísta que, según su lectura, se alejó del Gobierno después de su arremetida contra la Corte Constitucional. Para el especialista, esa posición puede llevar al Presidente a un mayor desgaste político.
Quito, Guayaquil y salud concentran la agenda del Gobierno
La definición de Quito, Guayaquil y la salud pública como prioridades del año genera lecturas distintas entre los analistas. Guerrero considera que esa concentración resulta políticamente viable porque reúne los principales problemas urbanos y sociales del país.
Sin embargo, la analista advierte que esa estrategia puede tener costos si otras provincias sienten que sus necesidades quedan relegadas, sobre todo en empleo, infraestructura y desarrollo local. También señala que la prioridad sobre Quito y Guayaquil puede leerse como una estrategia política previa a las elecciones, porque esas ciudades concentran la mayor cantidad de votantes.
Guerrero añade que hablar solo de Quito y Guayaquil implica regresar a una concentración y centralización de poder en las dos ciudades más representativas del Ecuador.
Las prioridades regionales y geográficas
Jordán cree que el Presidente debería ampliar en las próximas semanas sus prioridades regionales y geográficas en materia de atención social. Según su análisis, el Gobierno necesita construir la percepción de que trabaja para mejorar la calidad de vida de la población en todo el país.
El consultor plantea que la prioridad debe pasar por un gran plan de rescate social para los sectores más vulnerables y para la clase media. Ese plan, según Jordán, no debería limitarse a bonos económicos. También recuerda que casi el 36% de los hogares ecuatorianos tiene ingresos inferiores a un salario básico y que solo el 33% percibe entre uno y menos de dos salarios básicos.
Un reto para el Gobierno de Daniel Noboa
Para Jordán, la prioridad debe estar en lo social, por encima de las grandes obras.
Obando considera que, en teoría, la concentración en Quito, Guayaquil y salud pública debería resultar viable.
Pero advierte que la aplicación práctica se complica por la creación de superministerios. Según su criterio, los intentos de eficiencia en los últimos gobiernos han terminado en una gestión pública menos especializada y en una centralización innecesaria de funciones.
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El especialista también señala que Noboa anunció obras que corresponden a los municipios, como el Metro de Quito o el Quinto Puente. A su criterio, esa decisión mantiene una línea de conflicto en lugar de trabajo conjunto.
Las promesas pueden convertirse en un riesgo político
El Informe a la Nación incluyó cifras y anuncios sobre empleo, recuperación económica, vivienda, infraestructura, producción y programas sociales. El Gobierno expuso datos sobre desempleo, empleo adecuado, contratos registrados, reservas internacionales, crecimiento económico, riesgo país, exportaciones no petroleras y obras viales.
Guerrero advierte que, si las promesas de empleo, vivienda, obra pública y salud no se concretan, el Gobierno corre el riesgo de perder credibilidad. Según la analista, la expectativa ciudadana creció después de la reelección y la ausencia de resultados visibles podría traducirse en una caída de aprobación y en el fortalecimiento de sectores opositores.
Jordán considera que ese riesgo ya tiene un carácter crónico en el país. Según su análisis, si el Gobierno enfrenta un revés en noviembre próximo, podrían incrementarse las probabilidades de un estallido social similar a los que enfrentaron Guillermo Lasso y Lenín Moreno.
El consultor sostiene que la estabilidad social de los últimos meses debe valorarse y preservarse. También plantea que Gobierno y ciudadanía deben cooperar en ese objetivo.
Obando vincula el incumplimiento de ofertas con una pérdida de aprobación del Gobierno, de ADN y del propio Presidente. Según su criterio, ese deterioro puede derivar con el tiempo en una pérdida de legitimidad.
La seguridad exige resultados que la ciudadanía pueda sentir
La seguridad ocupa un lugar central en el segundo año de Noboa. Byron Sanmiguel, experto en seguridad, considera que reducir homicidios, recuperar el control de las cárceles y debilitar la economía criminal son objetivos importantes y conectados.
Sanmiguel plantea una estrategia con tres niveles. En el corto plazo, el objetivo visible debería ser reducir homicidios.
En el mediano plazo, el Gobierno debería avanzar hacia la recuperación del control de las cárceles. En el largo plazo, la prioridad estratégica debería apuntar a debilitar la economía criminal mediante inteligencia financiera, decomisos, control portuario, lucha contra el lavado de activos y persecución patrimonial.
Si el Gobierno debe elegir una prioridad estratégica para el segundo año, Sanmiguel considera que existen argumentos sólidos para colocar en primer lugar el debilitamiento de la economía criminal.
El experto advierte que una estrategia basada en estados de excepción, despliegue militar y operativos policiales no suele sostenerse a largo plazo si no avanza junto con investigación criminal y justicia. Según su análisis, esas medidas pueden generar resultados rápidos, como mayor presencia estatal, capturas de líderes criminales, recuperación de territorios específicos y reducción temporal de ciertos delitos.
Sanmiguel sostiene que esos resultados tienden a perder fuerza si el Estado no fortalece la investigación criminal, la Fiscalía, los tribunales y el sistema penitenciario.
Para el experto, los mayores avances contra el crimen organizado requieren fuerza policial, control territorial, investigación especializada, inteligencia financiera, fiscalías con capacidad técnica, jueces capaces de procesar casos complejos, control efectivo de cárceles y prevención social en zonas vulnerables.
El desafío en temas de seguridad para Ecuador
En el caso ecuatoriano, Sanmiguel ve un desafío especialmente complejo por la convergencia de narcotráfico internacional, extorsión, economías ilegales y organizaciones con presencia dentro y fuera de las cárceles.
El experto también advierte que los indicadores de seguridad no deberían limitarse al número de operativos o detenidos.
Según su criterio, el Gobierno también debe medir cuántos casos llegan a sentencia, cuánto patrimonio criminal se confisca, cuántas redes financieras se desmantelan y cuánto control efectivo recupera el Estado sobre sus instituciones.
La coordinación territorial marcará la gobernabilidad
Noboa llamó en su informe a una coordinación entre instituciones, autoridades locales y ciudadanía contra el crimen. Esa línea abre otro reto para el segundo año: la relación entre el Ejecutivo, los municipios y la Asamblea.
Guerrero considera que esa relación podría volverse más pragmática. Según la analista, Noboa necesitará acuerdos con gobiernos locales y actores legislativos para ejecutar obras y fortalecer la seguridad, incluso con autoridades que no forman parte de su espacio político.
Para Guerrero, la capacidad de construir consensos tendrá tanta importancia como la capacidad de gobernar.
Jordán sostiene que los expertos regionales que han logrado reducir índices de criminalidad en un territorio destacan el trabajo conjunto entre Gobierno nacional, gobiernos locales y provinciales, empresa privada y organizaciones de la sociedad civil.
El consultor considera que esa coordinación debe convertirse en una política permanente y superar las banderas políticas, porque las familias ecuatorianas mantienen a la inseguridad como su principal preocupación desde hace varios años.
Obando cree que la relación entre Ejecutivo, municipios y Asamblea dependerá de los resultados de las seccionales. Según su análisis, el Presidente y el Gobierno tienen un estilo de gobernanza que bloquea a las autoridades de oposición.
Para el especialista, el oficialismo podría impulsar mayor desarrollo en cantones o provincias donde ADN alcance victorias. En cambio, podrían aparecer dificultades para las demás autoridades.
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