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Orlando Silva
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Daniel Noboa emitió el Decreto Ejecutivo 328 el 12 de marzo de 2026, mediante el cual dispuso que el Centro Nacional de Inteligencia emita alertas y reportes de riesgo sobre personas naturales y jurídicas que participen, directa o indirectamente, en procesos de contratación bajo régimen especial y en contrataciones cuya información haya sido clasificada como confidencial, reservada, secreta o secretísima dentro de los ministerios y demás entidades de la Función Ejecutiva.
La disposición establece que el Centro Nacional de Inteligencia deberá emitir alertas y reportes de riesgo al Presidente de la República sobre quienes intervengan como oferentes, contratistas, subcontratistas, accionistas o beneficiarios finales en esos procesos de contratación pública.
La medida se aplicará tanto a contrataciones sujetas al régimen especial previsto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública como a procesos cuya información haya sido clasificada bajo distintos niveles de reserva.
El decreto señala que esas alertas deberán basarse en análisis técnicos de riesgos para la seguridad integral del Estado.
Entre los aspectos que deberán considerarse constan posibles vínculos con estructuras criminales, redes de corrupción, financiamiento ilícito, injerencia extranjera o cualquier amenaza que comprometa la soberanía, la seguridad pública, la defensa nacional o el orden constitucional.
El texto dispone que los ministerios y demás entidades de la Función Ejecutiva que desarrollen estos procesos de contratación deberán remitir al Centro Nacional de Inteligencia, antes de la adjudicación, el listado completo de participantes, sus estructuras societarias, beneficiarios finales y cualquier otra información o documentación relevante para el análisis técnico de riesgos.
Además, el Centro Nacional de Inteligencia podrá requerir información adicional que considere necesaria. El decreto establece que esa documentación deberá ser entregada de manera inmediata, sin perjuicio de las atribuciones de control que ejerza el Sistema Nacional de Contratación Pública.
La disposición general también incluye a los procesos de contratación contemplados en el artículo 1 que, a la fecha de suscripción del decreto, aún no hayan sido adjudicados. En esos casos, las entidades deberán remitir igualmente la información al Centro Nacional de Inteligencia, conforme al procedimiento que se defina para ese efecto.
El decreto también dispone que el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 entregue, a requerimiento del Centro Nacional de Inteligencia, datos de geolocalización y georreferenciación necesarios para la producción de inteligencia y la prevención de amenazas a la seguridad integral del Estado.
El documento precisa que esa entrega deberá realizarse de forma permanente, oportuna y segura, bajo protocolos de protección y reserva de la información y conforme a los principios de legalidad, proporcionalidad y reserva.
A esto se suma la incorporación de la Dirección de Control Migratorio de la Subsecretaría de Migración del Ministerio del Interior como subsistema del Sistema Nacional de Inteligencia. Según el decreto, esa instancia participará en actividades de inteligencia en coordinación con la entidad rectora del sistema y bajo los lineamientos estratégicos que esta establezca.
El Decreto Ejecutivo 328 establece que el Centro Nacional de Inteligencia emitirá los protocolos internos necesarios para ejecutar esta disposición.
También deberá supervisar su cumplimiento e informar periódicamente al Presidente de la República sobre su implementación. La ejecución del decreto quedó a cargo del propio Centro Nacional de Inteligencia y de las autoridades de los ministerios y secretarías de Estado que correspondan, dentro de sus respectivas competencias.
Información extra: Daniel Noboa
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El decreto apunta a contratistas, subcontratistas y beneficiarios finales
La disposición establece que el Centro Nacional de Inteligencia deberá emitir alertas y reportes de riesgo al Presidente de la República sobre quienes intervengan como oferentes, contratistas, subcontratistas, accionistas o beneficiarios finales en esos procesos de contratación pública.
La medida se aplicará tanto a contrataciones sujetas al régimen especial previsto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública como a procesos cuya información haya sido clasificada bajo distintos niveles de reserva.
El decreto señala que esas alertas deberán basarse en análisis técnicos de riesgos para la seguridad integral del Estado.
Entre los aspectos que deberán considerarse constan posibles vínculos con estructuras criminales, redes de corrupción, financiamiento ilícito, injerencia extranjera o cualquier amenaza que comprometa la soberanía, la seguridad pública, la defensa nacional o el orden constitucional.
Las entidades deberán enviar información antes de adjudicar contratos
El texto dispone que los ministerios y demás entidades de la Función Ejecutiva que desarrollen estos procesos de contratación deberán remitir al Centro Nacional de Inteligencia, antes de la adjudicación, el listado completo de participantes, sus estructuras societarias, beneficiarios finales y cualquier otra información o documentación relevante para el análisis técnico de riesgos.
Además, el Centro Nacional de Inteligencia podrá requerir información adicional que considere necesaria. El decreto establece que esa documentación deberá ser entregada de manera inmediata, sin perjuicio de las atribuciones de control que ejerza el Sistema Nacional de Contratación Pública.
La disposición general también incluye a los procesos de contratación contemplados en el artículo 1 que, a la fecha de suscripción del decreto, aún no hayan sido adjudicados. En esos casos, las entidades deberán remitir igualmente la información al Centro Nacional de Inteligencia, conforme al procedimiento que se defina para ese efecto.
El ECU 911 y Control Migratorio se incorporan al esquema de inteligencia
El decreto también dispone que el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 entregue, a requerimiento del Centro Nacional de Inteligencia, datos de geolocalización y georreferenciación necesarios para la producción de inteligencia y la prevención de amenazas a la seguridad integral del Estado.
El documento precisa que esa entrega deberá realizarse de forma permanente, oportuna y segura, bajo protocolos de protección y reserva de la información y conforme a los principios de legalidad, proporcionalidad y reserva.
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A esto se suma la incorporación de la Dirección de Control Migratorio de la Subsecretaría de Migración del Ministerio del Interior como subsistema del Sistema Nacional de Inteligencia. Según el decreto, esa instancia participará en actividades de inteligencia en coordinación con la entidad rectora del sistema y bajo los lineamientos estratégicos que esta establezca.
El Centro Nacional de Inteligencia deberá emitir protocolos e informar al Presidente
El Decreto Ejecutivo 328 establece que el Centro Nacional de Inteligencia emitirá los protocolos internos necesarios para ejecutar esta disposición.
También deberá supervisar su cumplimiento e informar periódicamente al Presidente de la República sobre su implementación. La ejecución del decreto quedó a cargo del propio Centro Nacional de Inteligencia y de las autoridades de los ministerios y secretarías de Estado que correspondan, dentro de sus respectivas competencias.
Información extra: Daniel Noboa
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