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Gabriela Quiroz
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En medio del repunte de la violencia criminal, el presidente Daniel Noboa dio luz verde para que los ministerios del Interior y de Defensa evalúen y declaren, si lo consideran necesario, situaciones de emergencia que permitan realizar contrataciones ágiles.
La medida consta en el Decreto Ejecutivo 288, firmado el viernes 16 de enero de 2026, en el marco del operativo militar y policial denominado Ofensiva Total, desplegado en Guayas, Manabí y Los Ríos.
El documento dispone que ambas carteras, de forma independiente y dentro de sus competencias, analicen la necesidad de declarar una emergencia institucional. El objetivo apunta a adquirir bienes y servicios destinados a la defensa, la protección interna y el mantenimiento del orden público .
Además, el decreto exige que cualquier declaratoria se ajuste a la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública y a su reglamento. Es decir, cada ministerio deberá emitir una resolución motivada, justificar la urgencia y publicar la decisión en el portal del SERCOP.
La decisión del Ejecutivo llega en un escenario crítico. Ecuador cerró 2025 con más de 9.100 asesinatos, lo que convirtió a ese año en el más violento de su historia, con una tasa estimada de 52 homicidios por cada 100.000 habitantes.
En provincias como Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro, bandas criminales como Los Choneros y Los Lobos se disputan territorios clave para el narcotráfico y las extorsiones. A esto se suma la fragmentación interna de estas organizaciones tras la captura de cabecillas como alias Fito, Pipo y Fede.
El decreto se emite pocos días después del anuncio del despliegue de unos 10.000 efectivos entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional en la zona costera.
Este viernes, además, Noboa encabezó una reunión del Bloque de Seguridad, integrado por mandos militares y policiales, con el objetivo de evaluar resultados y ajustar las acciones contra el crimen organizado.
El Decreto 288 no declara por sí mismo una emergencia nacional. En cambio, traslada la decisión a los ministerios, que deberán sustentar si enfrentan una situación concreta, inmediata e imprevista que justifique procedimientos de contratación excepcionales, como lo establece la ley .
En la ejecución del decreto también participarán el Ministerio de Economía y Finanzas y el Servicio Nacional de Contratación Pública.
El incremento sostenido de las muertes violentas ocurre pese a la militarización, los estados de excepción y otras estrategias aplicadas por el Gobierno. Organizaciones de derechos humanos y colectivos sociales han cuestionado estas medidas por denuncias de abusos y desapariciones forzadas registradas en ese contexto.
Aun así, el Ejecutivo insiste en reforzar su capacidad operativa para enfrentar a las estructuras criminales, ahora con mayor flexibilidad para compras urgentes en seguridad.
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La medida consta en el Decreto Ejecutivo 288, firmado el viernes 16 de enero de 2026, en el marco del operativo militar y policial denominado Ofensiva Total, desplegado en Guayas, Manabí y Los Ríos.
¿Qué autoriza el decreto?
El documento dispone que ambas carteras, de forma independiente y dentro de sus competencias, analicen la necesidad de declarar una emergencia institucional. El objetivo apunta a adquirir bienes y servicios destinados a la defensa, la protección interna y el mantenimiento del orden público .
Además, el decreto exige que cualquier declaratoria se ajuste a la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública y a su reglamento. Es decir, cada ministerio deberá emitir una resolución motivada, justificar la urgencia y publicar la decisión en el portal del SERCOP.
Contexto: violencia en niveles históricos
La decisión del Ejecutivo llega en un escenario crítico. Ecuador cerró 2025 con más de 9.100 asesinatos, lo que convirtió a ese año en el más violento de su historia, con una tasa estimada de 52 homicidios por cada 100.000 habitantes.
En provincias como Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro, bandas criminales como Los Choneros y Los Lobos se disputan territorios clave para el narcotráfico y las extorsiones. A esto se suma la fragmentación interna de estas organizaciones tras la captura de cabecillas como alias Fito, Pipo y Fede.
Ofensiva Total y coordinación del Bloque de Seguridad
El decreto se emite pocos días después del anuncio del despliegue de unos 10.000 efectivos entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional en la zona costera.
Este viernes, además, Noboa encabezó una reunión del Bloque de Seguridad, integrado por mandos militares y policiales, con el objetivo de evaluar resultados y ajustar las acciones contra el crimen organizado.
Emergencia sin suspensión automática
El Decreto 288 no declara por sí mismo una emergencia nacional. En cambio, traslada la decisión a los ministerios, que deberán sustentar si enfrentan una situación concreta, inmediata e imprevista que justifique procedimientos de contratación excepcionales, como lo establece la ley .
En la ejecución del decreto también participarán el Ministerio de Economía y Finanzas y el Servicio Nacional de Contratación Pública.
Medidas bajo escrutinio
El incremento sostenido de las muertes violentas ocurre pese a la militarización, los estados de excepción y otras estrategias aplicadas por el Gobierno. Organizaciones de derechos humanos y colectivos sociales han cuestionado estas medidas por denuncias de abusos y desapariciones forzadas registradas en ese contexto.
Aun así, el Ejecutivo insiste en reforzar su capacidad operativa para enfrentar a las estructuras criminales, ahora con mayor flexibilidad para compras urgentes en seguridad.
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