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Boris Gongora
Guest
Días previos al arribo de la caminata, de casi un mes, de indígenas y campesinos desde el norte del país: Pando y Beni a la sede de gobierno, la ciudad de La Paz, sucedieron varias actitudes de mezquindad y rechazo. La demanda de los sectores sociales citados es la abrogación de la Ley No. 1720, promovida por el ultracapitalista y acaparador de tierras croata, el senador Branko Marinkovic y fervientemente apoyada por los Asambleístas Diego Ávila, Daniela Cabrera, Yasmin Estivariz, Rosa Añez, José Maldonado y Glenda Aguilar y, promulgada por el presidente Rodrigo Paz, el 10 de abril del presente año.
Lo central de esta Ley Marinkovic, es la conversión de la pequeña propiedad o tierras comunales, a la propiedad mediana, que en el fondo es una habilitación para que pueda ser reunida las pequeñas propiedades y convertidos en empresas agropecuarias.
Está claro, que detrás de esta supuesta valorización de la tierra como objeto-dinero, está la intención de penetrar en espacios indígenas campesinos para instituir un poder terrateniente-capitalista, que hoy está disfrazada de empresarios y productores.
En la citada Ley se menciona una especie de palabra mágica: voluntaria. Es decir, que la conversión sería voluntaria. ¿Qué voluntad puede resistir cuando la tierra equivale a dinero? Recuerdo a Michel Foucault y su análisis de la trilogía de poder, derecho y verdad. Es decir, como la Ley (No 1720) es la generadora de una supuesta verdad-neutral (voluntaria) y el Estado-poder la promulga y hace creer que los beneficiados serán las comunidades ancestrales y campesinas.
A lo largo de nuestra historia, las intenciones y prácticas de las élites políticas, de querer arrebatar las tierras comunales no ha cambiado. Otrora eran Benedicto Goytia, Ismael Montes, José Manuel Pando, Juan Perou y similares. Odiaban a la organización del ayllu-comunidad y promocionaban la hacienda, como el camino de la modernidad y el éxito económico. Hoy son Branko Marinkovic, Samuel Doria Medina, Luis Fernando Camacho, Klaus Frerking, Oscar Ortiz, José Luis Aguilera, Stello Cochamanidis y similares, que cuestionan la anulación de la ley 1720 y también promocionan que las tierras valen dinero y ese es el camino correcto para el “capitalismo para todos”.
En las redes sociales se hace una simple pregunta ¿Por qué a los empresarios agropecuarios como la Cainco, la Cao y similares, les interesa que no se abrogue la Ley 1720? La respuesta es clara, son los potenciales compradores de esas tierras para convertirlos en empresas agropecuarias o para la especulación con tierras.
Los indígenas y campesinos, están defendiendo otra forma de organización societal de la producción comunal, bajo lógicas no capitalistas. Aquí la tierra es como la madre y no se vende. Simplemente se la respeta porque es la que permite reproducir los alimentos más fundamentales para la vida. Posiblemente esta forma de reivindicación no sea el agrado de la sociedad, las autoridades políticas y también de las principales autoridades académicas de la UMSA.
El valor y la convicción de la juventud de la UMSA, doblegó que la cúpula de sus autoridades, autoricen el uso del Coliseo y algunos ambientes del edificio de la Facultad de Ciencias sociales, para que los marchistas pernocten. Aplaudo a los jóvenes, que han despertado del letargo y fortifican su conciencia de solidaridad y reconocen que las luchas sociales profundas vienen desde abajo, desde los pueblos ancestrales, campesinos y los sectores populares.
Tuve la oportunidad de visitar y conversar con algunos marchistas, quienes están muy complacidos que su reivindicación sea comprendida y apoyada. Pese al sacrificio de caminar miles de kilómetros, los oriundos de la provincia Vaca Diez del departamento de Beni y Pando, tienen la convicción de que su sacrificio no será en vano. Que la lucha de la amazonía profunda, será un legado para las futuras generaciones.
Recordamos algunos sitios únicos y paradisiacos como el lago Tumichucua, ubicada cerca de Riberalta, capital de la provincia Vaca Diez del Beni. Cómo no recordar a la ciudad de Cachuela Esperanza, otrora propiedad de los terratenientes Nicolás Suarez y hermanos, donde algunos abuelos de los visitantes trabajaron en sacrificadas jornadas, explotando la goma y luego la castaña y, cómo esta ciudad quedó casi borrada del escenario nacional.
Sobre 3600 mts sobre el nivel mar, sienten aun el cansancio y al caminar laten más fuerte sus corazones. Extrañan su comida regional como el majadito, el masaco, el locrito; pero también sienten profundamente el cariño de los kollas y que la lucha es conjunta. Jach’a ch’umi manqhatwa, kayukiw purintanipxi jilata, kullakanakasaxa. Ma phaxsitwa purinipxi, janiw jisk’a uraqinakasxa aparkistaspati, jach’a qamir q’ara jaqinakaxa, sasaw arsusiwayapxi. ¡Jallalla!
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Lo central de esta Ley Marinkovic, es la conversión de la pequeña propiedad o tierras comunales, a la propiedad mediana, que en el fondo es una habilitación para que pueda ser reunida las pequeñas propiedades y convertidos en empresas agropecuarias.
Está claro, que detrás de esta supuesta valorización de la tierra como objeto-dinero, está la intención de penetrar en espacios indígenas campesinos para instituir un poder terrateniente-capitalista, que hoy está disfrazada de empresarios y productores.
En la citada Ley se menciona una especie de palabra mágica: voluntaria. Es decir, que la conversión sería voluntaria. ¿Qué voluntad puede resistir cuando la tierra equivale a dinero? Recuerdo a Michel Foucault y su análisis de la trilogía de poder, derecho y verdad. Es decir, como la Ley (No 1720) es la generadora de una supuesta verdad-neutral (voluntaria) y el Estado-poder la promulga y hace creer que los beneficiados serán las comunidades ancestrales y campesinas.
A lo largo de nuestra historia, las intenciones y prácticas de las élites políticas, de querer arrebatar las tierras comunales no ha cambiado. Otrora eran Benedicto Goytia, Ismael Montes, José Manuel Pando, Juan Perou y similares. Odiaban a la organización del ayllu-comunidad y promocionaban la hacienda, como el camino de la modernidad y el éxito económico. Hoy son Branko Marinkovic, Samuel Doria Medina, Luis Fernando Camacho, Klaus Frerking, Oscar Ortiz, José Luis Aguilera, Stello Cochamanidis y similares, que cuestionan la anulación de la ley 1720 y también promocionan que las tierras valen dinero y ese es el camino correcto para el “capitalismo para todos”.
En las redes sociales se hace una simple pregunta ¿Por qué a los empresarios agropecuarios como la Cainco, la Cao y similares, les interesa que no se abrogue la Ley 1720? La respuesta es clara, son los potenciales compradores de esas tierras para convertirlos en empresas agropecuarias o para la especulación con tierras.
Los indígenas y campesinos, están defendiendo otra forma de organización societal de la producción comunal, bajo lógicas no capitalistas. Aquí la tierra es como la madre y no se vende. Simplemente se la respeta porque es la que permite reproducir los alimentos más fundamentales para la vida. Posiblemente esta forma de reivindicación no sea el agrado de la sociedad, las autoridades políticas y también de las principales autoridades académicas de la UMSA.
El valor y la convicción de la juventud de la UMSA, doblegó que la cúpula de sus autoridades, autoricen el uso del Coliseo y algunos ambientes del edificio de la Facultad de Ciencias sociales, para que los marchistas pernocten. Aplaudo a los jóvenes, que han despertado del letargo y fortifican su conciencia de solidaridad y reconocen que las luchas sociales profundas vienen desde abajo, desde los pueblos ancestrales, campesinos y los sectores populares.
Tuve la oportunidad de visitar y conversar con algunos marchistas, quienes están muy complacidos que su reivindicación sea comprendida y apoyada. Pese al sacrificio de caminar miles de kilómetros, los oriundos de la provincia Vaca Diez del departamento de Beni y Pando, tienen la convicción de que su sacrificio no será en vano. Que la lucha de la amazonía profunda, será un legado para las futuras generaciones.
Recordamos algunos sitios únicos y paradisiacos como el lago Tumichucua, ubicada cerca de Riberalta, capital de la provincia Vaca Diez del Beni. Cómo no recordar a la ciudad de Cachuela Esperanza, otrora propiedad de los terratenientes Nicolás Suarez y hermanos, donde algunos abuelos de los visitantes trabajaron en sacrificadas jornadas, explotando la goma y luego la castaña y, cómo esta ciudad quedó casi borrada del escenario nacional.
Sobre 3600 mts sobre el nivel mar, sienten aun el cansancio y al caminar laten más fuerte sus corazones. Extrañan su comida regional como el majadito, el masaco, el locrito; pero también sienten profundamente el cariño de los kollas y que la lucha es conjunta. Jach’a ch’umi manqhatwa, kayukiw purintanipxi jilata, kullakanakasaxa. Ma phaxsitwa purinipxi, janiw jisk’a uraqinakasxa aparkistaspati, jach’a qamir q’ara jaqinakaxa, sasaw arsusiwayapxi. ¡Jallalla!
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