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Laura Martínez Quesada
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Desde hace unas semanas el gobierno anda con el hacha en la mano y esta vez le tocó al Poder Judicial. El ministro de Hacienda y de la Presidencia, Rodrigo Chaves —porque sí, aunque ya no sea presidente, sigue gobernando desde ese ministerio— anunció que le va a meter tijera al presupuesto judicial: cerca de ₡27.000 millones para lo que resta de este 2026, y otro tajo parecido pensado para el 2027. La Corte Plena, después de darle vueltas al asunto, terminó aceptando un recorte de unos ₡13.242 millones para este año, aunque de esa plata buena parte ya era dinero que el mismo gobierno se había negado a girar para la lucha contra el crimen organizado. Para el 2027 la Corte dijo que no, que ya no se puede seguir apretando sin que la gente lo sienta en el pellejo.
Y aquí es donde hay que hablar claro, sin tanto tecnicismo, porque esto no es un problema «de magistrados» ni «de burócratas». Esto es un problema de la señora que necesita una pensión alimentaria, del muchacho que quiere sacar la hoja de delincuencia para un trabajo, de la familia que tuvo un accidente de tránsito un viernes en la noche.
Lo que viene si esto se aprueba
Cuando a una institución le quitan plata de esa magnitud, esa plata no sale de la nada: sale de los servicios que la gente recibe todos los días. Y aquí van algunas cosas bien concretas que muchos seguidores del gobierno no se han puesto a pensar, o no quieren ver:
Se van a cerrar sedes locales de despachos judiciales. Eso significa que si usted vive en un cantón donde hay un juzgado o una fiscalía cerca de su casa, es probable que tenga que empezar a viajar a otro cantón, con el gasto de bus, el tiempo perdido y el día de trabajo que se pierde para hacer una diligencia que antes hacía a la vuelta de la esquina.
Se acaban los servicios 24 horas. Hoy, si a usted le pasa algo después de las 4:30 de la tarde, hay instancias judiciales que igual lo atienden. Con este recorte, eso se termina. Si su diligencia es después de esa hora, tendrá que esperar hasta el día siguiente. Y si cae un viernes, ni hablar: se espera hasta el lunes. La justicia, como la policía o los bomberos, no debería tener horario de oficina, pero con estos recortes lo va a tener.
Medicina Legal, más lenta todavía. Hoy en día, cuando fallece un ser querido en un accidente o en cualquier circunstancia que requiere que el cuerpo pase por Medicina Legal, la espera normal ronda las seis horas. Con menos personal, menos turnos y menos recursos, esa espera se puede triplicar fácilmente. Imagínese eso un fin de semana, o en Semana Santa, o en las fiestas de fin de año, cuando ya de por sí hay más casos. Esa es la familia que llora a su muerto mientras el reloj corre y corre, sin poder ni siquiera hacer el velorio a tiempo.
Trámites que hoy son gratis, van a empezar a cobrarse. La hoja de delincuencia, certificaciones de todo tipo, papeles que hoy la gente saca sin pagar un cinco, con la plata más apretada lo lógico es que empiecen a cobrarse. Así de sencillo: menos plata para el sistema, más plata que va a tener que poner el ciudadano de su bolsillo.
«La plata alcanza cuando no se la roban»
¿Se acuerdan esa frase? La repitieron mil veces en campaña. Y ahora resulta que la «economía jaguar» de la que tanto hablaban antes de las elecciones, según lo que ha señalado la propia magistrada de la Sala Tercera, Patricia Solano, dos o tres meses después ya ni a gatito llega, porque de pronto no hay plata y hay que ajustar el presupuesto nacional. ¿Qué pasó? ¿Fueron demasiados cariños repartidos en el gobierno anterior? ¿O de verdad hubo una pésima administración económica y del jaguar solo nos quedó el rugido, bien flojito además?
Porque aquí hay algo que hay que dejar clarísimo: este recorte no le quita nada al Poder Judicial como institución abstracta. Al Poder Judicial no le duele nada, no siente hambre, no espera un cuerpo en la morgue. El que sufre las consecuencias es el pueblo, la gente de a pie, la señora de barrio, el trabajador que necesita una boleta de citación, el papá que espera una pensión alimentaria para sus hijos. La plata del presupuesto judicial no es para pagarle lujos a nadie: es la plata que sostiene el servicio de justicia para todos los costarricenses, incluyendo a los mismos que hoy aplauden estos recortes sin pensarlo dos veces.
Lo que ha dicho SITRAJUD
El Sindicato de Personas Trabajadoras, Jubiladas y Pensionadas del Poder Judicial (SITRAJUD) no se ha quedado callado ante este atropello. Desde su Secretaría General se calificó de «sumisión» la decisión de la mayoría de magistrados de la Corte Plena de ceder ante la presión de Hacienda y aceptar, aunque fuera parcialmente, el recorte para este 2026. Para SITRAJUD, ceder ante ese tipo de presión manda un mensaje peligroso: que basta con que el Poder Ejecutivo apriete para que la independencia judicial se doble.
El sindicato también ha señalado lo contradictorio del momento escogido para anunciar el recorte: viene apenas después del operativo «Riverside», catalogado como el más grande en la historia del país, que logró desarticular a la banda de Edwin López, alias «Pecho de Rata». Es decir, al Poder Judicial le recortan la plata justo cuando acaba de demostrar resultados contundentes contra el crimen organizado. Esa no es una casualidad menor: es la prueba de que aquí no se está premiando la eficiencia, se está castigando a la institución que incomoda.
Además, desde el Sindicato de Personas Trabajadoras, Jubiladas y Pensionadas del Poder Judicial se ha venido advirtiendo desde hace tiempo sobre el deterioro que ya vive el personal judicial por la pérdida de poder adquisitivo, el congelamiento salarial y la salida masiva de funcionarios con experiencia. Se ha sido claro en que esa fuga de talento humano no solo baja la calidad del servicio, sino que abre una grieta peligrosa: cuando las condiciones laborales son malas, se facilita que la criminalidad encuentre resquicios para infiltrarse en las instituciones. Con menos plata todavía, esa fragilidad solo se profundiza.
Un aviso, no una consulta
Algo que también hay que decir: el propio ministro Chaves ha sido bien claro en que esto no fue una solicitud, fue una notificación. Le «avisaron» al Poder Judicial que le iban a cortar la plata, sin preguntarle si estaba de acuerdo. Y aunque el trámite todavía tiene que pasar por la Asamblea Legislativa —donde, según el criterio jurídico del propio Poder Judicial, podrían necesitarse hasta 38 votos para aprobarlo por tratarse de un tema que toca la independencia judicial—, la intención del Ejecutivo está clarísima: apretar a como dé lugar, y que después la gente aguante las consecuencias.
A los que siguen defendiendo ciegamente a este gobierno, sin importar lo que pase, toca decirles con todo respeto: esto no es un problema de jueces contra el pueblo. Es un problema de un gobierno que decide recortar servicios esenciales para la ciudadanía, mientras sigue hablando de instituciones fuertes y de justicia pronta y cumplida. Cuando a usted le toque esperar más de la cuenta para un trámite, para recoger a un familiar fallecido, o para pagar un papel que antes era gratis, ahí va a entender de qué estábamos hablando.
Es importante aclarar que el gobierno defiende estos recortes como parte de un ajuste fiscal más amplio, señalando la necesidad de contener el crecimiento de la deuda pública y cumplir compromisos ante organismos como el FMI, y argumenta que la medida busca eficiencia en el gasto de todas las instituciones del Estado, no solo del Poder Judicial.
La entrada Cuando el hacha cae sobre la justicia: lo que nadie le está contando al pueblo aparece primero en Semanario Universidad.
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