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Javier Córdoba
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La minería ilegal de oro en Crucitas constituye un problema ambiental real que Costa Rica debe resolver. Ha implicado remoción de suelos y saprolitas, excavaciones, alteración del drenaje superficial, generación de sedimentos, afectación de la cobertura vegetal y riesgos asociados al posible uso de mercurio. Nada de ello debe minimizarse. Sin embargo, reconocer la existencia y gravedad de un problema no significa que debamos renunciar a dimensionarlo correctamente.
Durante los últimos años, alrededor de Crucitas se ha construido una narrativa pública en la que son frecuentes expresiones como “desastre ambiental”, “devastación”, “caos” o términos semejantes. Es comprensible que las imágenes de excavaciones clandestinas generen preocupación e indignación. Pero una política ambiental responsable no puede basarse solamente en imágenes impactantes ni en calificativos. Necesita datos, escalas, tendencias y comparaciones objetivas.
Este punto adquiere particular importancia cuando esa percepción de extrema gravedad comienza a utilizarse como argumento para transmitir un sentido de extraordinaria urgencia respecto de una solución específica: autorizar cuanto antes una explotación minera industrial del yacimiento de Crucitas.
Conviene examinar esa relación con serenidad.
¿Estamos ante un deterioro que continúa creciendo aceleradamente? ¿Cuál es realmente la superficie afectada? ¿Ha cambiado la intensidad de la actividad durante los últimos años? ¿El problema actualmente existente —una minería clandestina que explota principalmente materiales superficiales alterados o saprolíticos— conduce necesariamente a la conclusión de que debe aprobarse rápidamente una explotación industrial de roca dura?
Un estudio comparativo multitemporal que he preparado recientemente, basado en imágenes satelitales y cartografía de uso del suelo para los años 2018, 2023 y 2025, permite introducir datos objetivos en esta discusión. El análisis completo estará disponible para consulta pública en mi página web (www.allan-astorga.com) y constituye la base técnica de las reflexiones que expongo aquí.
Los resultados no justifican la indiferencia frente a Crucitas. Pero tampoco respaldan una visión apocalíptica ni la idea de que exista una emergencia territorial de tal magnitud que obligue al país a precipitar una decisión minera de largo plazo.
Lo que muestran los datos es bastante más interesante.
1. Lo que realmente ha ocurrido entre 2018 y 2025
El análisis se realizó sobre una misma área de aproximadamente 2.442,5 hectáreas, utilizando tres cortes temporales comparables. Esta área corresponde con el territorio donde se ha concentrado la actividad minera ilegal desde el 2017, incluyendo gran parte de la Finca Vivoyet y también incluye las 123 hectáreas que originalmente Infinito Gold planteó para su proyecto de explotación minera que recibió viabilidad ambiental por parte de la SETENA en el año 2005.
El estudio satelital y de campo realizado en el 2018 permitió identificar aproximadamente 24 hectáreas asociadas directamente con minería ilegal de oro.
En el 2023, usando la misma metodología de análisis satelital se obtuvo que la actividad minera presentaba una expresión más evidente, dado que había aumentado hasta aproximadamente a 53,3 hectáreas. Adicionalmente, se identificaron unas 10,4 hectáreas en las que la actividad actual se encontraba reducida.
Para 2023, por tanto, la huella minera total reconocible alcanzaba aproximadamente 63,7 hectáreas.
La situación cambia nuevamente cuando consideramos la información de análisis satelital de finales del año 2025. En ese momento, la superficie clasificada como minería ilegal con actividad más evidente disminuyó de 53,3 a 42,1 hectáreas. Es una reducción de unas 11,2 hectáreas, equivalente aproximadamente a un 21 % respecto de 2023.
Al mismo tiempo, las superficies clasificadas como minería ilegal con actividad actual reducida aumentaron de 10,4 a 28,1 hectáreas.
Este segundo dato es tan importante como el primero.
Significa que no sería correcto afirmar simplemente que “el impacto ambiental disminuyó”. Parte de los terrenos que anteriormente presentaban actividad más evidente continúa formando parte del pasivo territorial, aunque actualmente parezcan mostrar menor actividad, abandono parcial o procesos incipientes de estabilización y recolonización vegetal.
La huella minera total reconocible pasa así de 63,7 hectáreas en 2023 a aproximadamente 70,2 hectáreas en 2025.
De esta manera, el estudio técnico resume esta evolución: minería ilegal con actividad más evidente: 24,0 ha en 2018; 53,3 ha en 2023; 42,1 ha en 2025; minería ilegal con actividad reducida: 10,4 ha en 2023 y 28,1 ha en 2025; huella minera total reconocible: 24,0 ha en 2018; 63,7 ha en 2023 y 70,2 ha en 2025.
Estos números permiten una conclusión mucho más precisa que cualquier adjetivo: la minería ilegal experimentó una expansión importante entre 2018 y 2023, pero entre 2023 y 2025 aparece un cambio de tendencia, caracterizado por una disminución de la superficie en la que la actividad minera resulta más evidente y un aumento de los sectores de actividad reducida.
Dicho en términos sencillos: el pasivo ambiental todavía existe y no ha disminuido, pero la generación reciente de nueva afectación parece haberse desacelerado.
Esta diferencia es fundamental.
2. Daño acumulado y generación de nuevo daño no son lo mismo
En gestión ambiental debemos distinguir al menos dos conceptos: la existencia del daño acumulado y la velocidad con que se está produciendo nuevo daño.
Un terreno excavado que deja de ser explotado no recupera inmediatamente su condición original. El suelo puede haber sido removido, los horizontes mezclados, el drenaje modificado y la vegetación eliminada. Puede permanecer durante años como un pasivo ambiental.
Por eso las 28,1 hectáreas clasificadas en 2025 como áreas de actividad reducida no pueden contabilizarse automáticamente como terrenos recuperados.
Pero tampoco es ambientalmente indiferente que un frente deje de operar con la misma intensidad.
Cuando disminuye la actividad extractiva, disminuye también la velocidad con que se moviliza nuevo material, se generan nuevas excavaciones y se amplía la perturbación.
Por eso el comportamiento observado entre 2023 y 2025 constituye una señal que merece atención.
En vez de encontrarnos frente a una curva permanentemente ascendente de expansión minera, los datos indican que 2023 representa el máximo de actividad más evidente dentro de la serie analizada y que posteriormente aparece una desaceleración relativa.
Eso abre una posibilidad que no deberíamos desaprovechar.
Si el Estado consigue impedir la reapertura de los sectores actualmente menos activos, controlar nuevos ingresos, restringir equipos e insumos y comenzar acciones de restauración, una parte de esas superficies podría pasar progresivamente de “actividad reducida” a “área en recuperación”.
En otras palabras, Crucitas todavía parece encontrarse en una condición en la que una intervención pública eficaz podría modificar decisivamente la trayectoria futura del problema.
3. Setenta hectáreas son importantes, pero también debemos hablar de escala
Las aproximadamente 70,2 hectáreas de huella minera total reconocible en 2025 representan cerca del 2,9 % de las 2.442,5 hectáreas comprendidas en el área analizada.
Este dato no debe utilizarse para minimizar el daño.
Dentro de esas 70 hectáreas puede existir una alteración intensa del suelo, la geomorfología y el drenaje. Además, la eventual utilización de mercurio introduce una dimensión de peligrosidad que no puede medirse simplemente en hectáreas y que requiere estudios geoquímicos específicos de suelos, aguas, sedimentos y biota.
Pero desde el punto de vista estrictamente territorial, la perturbación continúa siendo espacialmente acotada.
El paisaje de la zona no se encuentra completamente destruido. Las coberturas boscosas y agropecuarias continúan dominando ampliamente el área analizada.
Esta proporcionalidad es importante porque Costa Rica enfrenta simultáneamente muchos tipos de daños ambientales.
El incendio forestal ocurrido en el Parque Nacional Palo Verde entre mayo y junio de 2026, por ejemplo, afectó según los reportes disponibles una superficie del orden de 4.000 hectáreas dentro de un parque nacional y humedal de enorme relevancia ecológica.
Comparadas únicamente en términos de superficie, esas 4.000 hectáreas representan alrededor de 95 veces las 42,1 hectáreas de minería ilegal con actividad más evidente observadas en Crucitas en 2025. Incluso utilizando toda la huella minera reconocible, de 70,2 hectáreas, la superficie afectada por aquel incendio fue aproximadamente 57 veces mayor.
No afirmo con esto que un incendio forestal y una explotación minera ilegal sean impactos equivalentes.
No lo son.
Sus mecanismos, persistencia, toxicidad, reversibilidad y efectos sobre los ecosistemas son diferentes. Sería incorrecto transformar una hectárea afectada por incendio en una “hectárea equivalente” de minería.
La comparación sirve solamente para demostrar algo elemental: la política ambiental necesita sentido de proporción.
Un país no puede determinar la gravedad relativa de sus problemas ambientales según la cantidad de titulares que generan ni según la fuerza de los adjetivos utilizados para describirlos.
Debe considerar superficie, sensibilidad ecológica, duración, toxicidad, reversibilidad, conectividad hídrica, población expuesta y posibilidades reales de restauración.
Crucitas es importante. Pero debemos ponerlo en perspectiva.
4. Un punto frecuentemente olvidado: se está explotando saprolita
Hay otro aspecto técnico que considero decisivo.
La minería ilegal que se ha desarrollado en Crucitas desde aproximadamente 2017 se ha concentrado fundamentalmente en materiales superficiales profundamente meteorizados: suelo, regolito y, particularmente, saprolita aurífera.
La saprolita corresponde a roca profundamente alterada por meteorización tropical. Conserva parcialmente estructuras del material geológico original, pero presenta propiedades físicas muy diferentes a las de una roca fresca y competente.
Precisamente por ser un material relativamente blando, puede excavarse con equipos comparativamente sencillos y procesarse mediante métodos rudimentarios.
Una explotación minera industrial de roca dura, en cambio, constituye otro escenario técnico.
Implica perforación, eventualmente voladura, extracción de grandes volúmenes de roca competente, trituración, molienda, procesamiento mineral, transporte, infraestructura industrial y manejo de residuos mineros a una escala considerablemente diferente.
Esta distinción es esencial porque a veces pareciera que en el debate público se establece una secuencia automática: existe minería ilegal en Crucitas; por tanto, es urgente autorizar un gran proyecto industrial que explote el yacimiento.
Desde el punto de vista técnico, esa conclusión no es automática.
Tenemos un problema actual de explotación clandestina principalmente superficial y saprolítica. Resolverlo mediante una explotación industrial de roca dura representa escoger otro modelo de intervención territorial y otro tipo de impacto ambiental, sin que se resuelva el problema original de la explotación ilegal de la saprolita, dado que se trata de territorios diferentes.
Puede discutirse esa alternativa. Puede evaluarse. Puede incluso concluirse, después de un análisis integral, que presenta determinadas ventajas económicas o productivas.
Pero lo que no deberíamos hacer es convertir la existencia de minería ilegal en una demostración automática de que la explotación industrial constituye la única solución posible.
Son dos problemas diferentes.
Y precisamente porque son diferentes deben analizarse mediante escenarios independientes.
5. Urgencia para controlar no significa urgencia para concesionar
Aquí considero necesario hacer una distinción adicional. Sí existe una urgencia en Crucitas. Es urgente impedir la expansión de nuevos frentes mineros.
Es urgente controlar el ingreso de equipos e insumos. Es urgente determinar si existe contaminación por mercurio y, en caso afirmativo, dónde se localiza y cuáles son sus concentraciones.
Es urgente estabilizar excavaciones abandonadas, restablecer drenajes, controlar erosión y sedimentos y promover recuperación de la cobertura vegetal. Es urgente establecer un monitoreo satelital permanente.
Todo eso debería hacerse cuanto antes.
Pero esa urgencia no equivale necesariamente a la urgencia de aprobar una concesión minera industrial. Son decisiones de naturaleza completamente distinta.
Una cosa es detener un daño ambiental que está ocurriendo. Otra es decidir cuál será el modelo económico, territorial y ambiental que queremos establecer durante varias décadas en una región completa.
Las decisiones de largo plazo no mejoran porque se adopten con mayor velocidad. Mejoran cuando se dispone de mejores datos, se comparan alternativas y se valoran integralmente sus costos y beneficios ambientales, sociales y económicos.
Por eso considero que el sentido de extraordinaria celeridad que se ha generado alrededor de una eventual explotación industrial de Crucitas merece revisarse. No porque el problema sea inexistente. Precisamente porque existe y queremos resolverlo bien.
El nuevo análisis demuestra que, al menos entre 2023 y 2025, la actividad minera más evidente no aumentó: disminuyó aproximadamente un 21 %. Eso no permite relajarnos. Pero sí nos permite respirar institucionalmente y analizar con mayor serenidad las alternativas.
El país no se encuentra ante una situación en la que cada mes desaparezcan cientos de nuevas hectáreas y sea indispensable tomar inmediatamente una decisión irreversible. Existe un pasivo serio pero todavía espacialmente manejable.
Eso cambia considerablemente el contexto de decisión.
6. ¿Todo el oro está saliendo hacia Nicaragua?
Existe además otra afirmación que debería analizarse con mayor rigor.
Se ha señalado repetidamente que el oro extraído ilegalmente de Crucitas se estaría trasladando hacia Nicaragua.
Es una posibilidad razonable debido a la proximidad fronteriza y no debe descartarse.
Pero una posibilidad no debería convertirse en una certeza sin evidencia que permita reconstruir la cadena de transporte y comercialización.
Mi experiencia de investigación en el distrito minero de Abangares introduce una observación que considero pertinente.
Durante el período en que se consolidó la minería ilegal en Crucitas aumentó en Abangares el número de plantas dedicadas al procesamiento de lamas y otros materiales auríferos, además de una instalación que ya existía previamente.
Este hecho no demuestra que esas plantas reciban material procedente de Crucitas. Tampoco permite afirmar que exista una relación causal entre ambos fenómenos, y mucho menos debe interpretarse como una imputación de irregularidad a esas instalaciones.
Pero desde el punto de vista científico constituye un indicador que merece investigación. Si dentro de Costa Rica ha aumentado la capacidad de procesamiento de materiales auríferos, resulta razonable preguntarse si una fracción de los materiales extraídos clandestinamente en Crucitas podría estar ingresando también a circuitos nacionales de procesamiento.
Esta hipótesis es, al menos, tan digna de investigación como la hipótesis de que todo el oro o material mineral cruza necesariamente hacia Nicaragua.
Resolver la incógnita requiere trazabilidad: procedencia de materiales, volúmenes recibidos, rutas de transporte, registros de procesamiento y comercialización. Mientras esa investigación no exista, lo más prudente es reconocer que pueden coexistir distintas rutas.
Esto tiene además implicaciones prácticas.
Si alguna vez se planteara una modalidad legal, ambientalmente evaluada y debidamente controlada de aprovechamiento de materiales superficiales, no necesariamente tendría que instalarse una nueva infraestructura de procesamiento dentro de Crucitas.
Podría evaluarse, entre otras posibilidades, transportar material legalmente autorizado hacia instalaciones existentes y debidamente habilitadas en distritos mineros como Abangares.
De esa manera se concentraría el procesamiento en lugares donde ya existe experiencia e infraestructura, se facilitarían los controles ambientales y se evitaría reproducir nuevas instalaciones industriales dentro del área de Crucitas.
No estoy planteando que esa sea necesariamente la solución.
Estoy señalando algo más importante: existen alternativas intermedias que deben estudiarse.
7. El falso dilema entre minería ilegal y gran minería
Buena parte de la discusión sobre Crucitas parece haberse reducido a dos opciones: o permitimos que continúe la minería ilegal, o desarrollamos un proyecto minero industrial.
Ese planteamiento contiene un falso dilema. Entre ambos extremos existe una gama mucho mayor de posibilidades.
Puede fortalecerse el control territorial. Puede establecerse un sistema permanente de monitoreo satelital y respuesta inmediata. Puede diseñarse un programa de recuperación progresiva de las superficies abandonadas. Puede investigarse y sanearse la eventual contaminación por mercurio.
Puede analizarse la formalización estrictamente regulada de determinadas actividades de pequeña escala, si el marco jurídico y ambiental llegara a permitirlo. Puede estudiarse el procesamiento fuera del área.
Y, sobre todo, puede formularse una estrategia de desarrollo económico y territorial mucho más amplia para toda la Zona Norte-Norte de Costa Rica. Porque probablemente esa es la discusión que estamos dejando de lado.
8. El verdadero problema es el futuro de la Zona Norte-Norte
Crucitas no debe ría analizarse únicamente como un depósito de oro. Está localizada dentro de una región fronteriza que enfrenta desafíos históricos de empleo, infraestructura, conectividad, oportunidades productivas, protección ambiental y presencia institucional.
Por eso la pregunta estratégica no debería ser solamente: ¿cómo explotamos el oro de Crucitas?
Debería ser: ¿qué modelo de desarrollo sustentable queremos construir para la Zona Norte-Norte durante las próximas décadas?
Esa diferencia de pregunta cambia completamente la perspectiva.
La región tiene potencial agropecuario, forestal, turístico, ambiental y logístico. Tiene comunidades que necesitan oportunidades económicas y mejores servicios. Tiene importantes recursos naturales que deben ser manejados con criterios de sustentabilidad y resiliencia.
Una estrategia territorial podría combinar restauración ecológica, agricultura y ganadería regenerativa, sistemas agroforestales, infraestructura, fortalecimiento de poblados, turismo de naturaleza, protección hídrica, manejo de bosques, empleo local, capacitación técnica y ordenamiento territorial.
Dentro de ese marco puede discutirse también qué papel, si alguno, deberían desempeñar determinados recursos minerales. Pero el recurso mineral dejaría de ser el centro exclusivo de la estrategia.
Sería solamente uno de los componentes considerados dentro de un proyecto regional mucho mayor. Esto resulta especialmente importante porque una explotación minera industrial tiene una vida determinada. Puede generar inversión y empleo durante un período, pero eventualmente termina.
Una estrategia territorial bien concebida debe preguntarse qué ocurre con la región antes, durante y después de cualquier proyecto específico. Costa Rica debería aprovechar la discusión de Crucitas para pensar precisamente en eso.
9. Una oportunidad de restauración
El análisis satelital de 2025 presenta además otra señal interesante. Se identificaron aproximadamente 28,1 hectáreas de charrales, una cobertura significativamente mayor que la observada en 2018.
No puede afirmarse únicamente a partir de imágenes satelitales que todas esas superficies correspondan a terrenos mineros en recuperación. Eso debe comprobarse en campo. Sin embargo, en ambientes tropicales húmedos, la vegetación pionera puede recolonizar relativamente rápido superficies que dejan de ser perturbadas.
Por eso convendría verificar específicamente las áreas clasificadas como actividad minera reducida y las superficies con vegetación secundaria.
Podríamos descubrir que determinados sectores requieren intervención intensiva, mientras que otros necesitan principalmente protección contra nuevas perturbaciones para permitir que continúe la sucesión natural.
La restauración ambiental no consiste necesariamente en sembrar árboles en todas partes.
Primero debe evaluarse la estabilidad del terreno, restituirse la funcionalidad del drenaje, controlar erosión y sedimentos, investigar contaminación y determinar dónde la regeneración natural ya está haciendo parte del trabajo.
El hecho de que la actividad más evidente haya disminuido después de 2023 abre precisamente esa ventana.
Si esperamos a que esos terrenos vuelvan a ser ocupados, la perderemos.
10. Mercurio: el problema que sí requiere investigación urgente
Existe, no obstante, un aspecto sobre el cual no conviene bajar la guardia. El posible uso de mercurio en el procesamiento artesanal del oro constituye probablemente uno de los riesgos ambientales más importantes asociados con la minería ilegal de Crucitas.
Las imágenes satelitales permiten medir superficies perturbadas, pero no pueden determinar concentraciones de mercurio. Por eso necesitamos una campaña específica de investigación geoquímica y ecotoxicológica.
Debe analizarse suelo, sedimento, agua superficial y, donde resulte pertinente, biota acuática. Particularmente importantes son los puntos de acumulación de sedimentos finos y las quebradas localizadas aguas abajo de los frentes mineros.
Esta información permitiría distinguir dos situaciones que frecuentemente se mezclan en el debate. Una cosa es la magnitud espacial del impacto. Otra es su peligrosidad química.
Un área relativamente pequeña puede adquirir alta relevancia ambiental si contiene concentraciones significativas de un contaminante tóxico y bioacumulable. Por eso el mensaje de proporcionalidad que propongo no debe confundirse con una minimización.
Lo que propongo es medir correctamente cada dimensión del problema.
11. Menos adjetivos y más indicadores
Crucitas debería convertirse en un ejemplo de una manera diferente de discutir los problemas ambientales nacionales.
En vez de continuar acumulando calificativos, podríamos publicar periódicamente un conjunto reducido de indicadores: hectáreas con actividad minera evidente; hectáreas con actividad reducida; hectáreas abandonadas; hectáreas en restauración; superficie con cobertura vegetal recuperada; volumen estimado de material removido; calidad de agua; concentraciones de mercurio en suelo y sedimentos; número de nuevos frentes detectados; y evolución anual de la huella minera.
Entonces todos —autoridades, comunidades, universidades, medios de comunicación y ciudadanía— podríamos observar objetivamente si el problema mejora o empeora.
Eso es gestión ambiental moderna. Y, sobre todo, permitiría evaluar si las acciones del Estado están funcionando. El estudio comparativo 2018–2023–2025 constituye solamente un primer paso en esa dirección. Sería particularmente útil actualizar nuevamente la cartografía con imágenes de 2026 y mantener a partir de ahora una serie anual bajo exactamente la misma metodología.
En pocos años tendríamos una base objetiva extraordinariamente valiosa.
12. Moderación no significa inacción
La principal conclusión que extraigo de estos resultados es una invitación a la moderación. No a la pasividad. No a tolerar la minería ilegal. No a abandonar Crucitas.
Moderación significa algo diferente: tomar decisiones proporcionales a la evidencia disponible. Hoy sabemos que entre 2018 y 2023 existió una expansión significativa de la minería ilegal. Sabemos también que entre 2023 y 2025 la superficie con actividad más evidente disminuyó aproximadamente un 21 %.
Sabemos que el pasivo acumulado continúa presente y alcanza aproximadamente 70,2 hectáreas. Sabemos que esas 70,2 hectáreas equivalen aproximadamente al 2,9 % del área territorial analizada.
Sabemos que el problema actual está vinculado principalmente con explotación superficial de saprolita y que una minería industrial de roca dura representaría otro escenario ambiental completamente distinto.
Y sabemos que existen alternativas de control, restauración, investigación y desarrollo regional que todavía no han sido agotadas.
Con esta información, lo razonable no es precipitarse.
Lo razonable es actuar inmediatamente donde existe verdadera urgencia: detener la minería ilegal, investigar el mercurio, recuperar los terrenos y mantener presencia institucional. Al mismo tiempo, debemos analizar con mucha mayor amplitud cuál es la estrategia territorial que conviene a la Zona Norte-Norte y comparar objetivamente todas las alternativas disponibles.
Una decisión minera industrial puede condicionar el territorio durante décadas. Por eso merece algo más que un sentido de urgencia. Merece análisis. Merece comparación. Merece información pública.
Y merece una evaluación rigurosa de sus consecuencias de largo plazo. Crucitas necesita una solución, sin duda. Pero solución no es sinónimo de precipitación. Después de varios años de conflicto, quizá el aporte más útil de los nuevos datos sea precisamente recordarnos que todavía tenemos margen para hacer las cosas bien.
Y cuando existen varias alternativas, la responsabilidad pública no consiste simplemente en escoger la que pueda ejecutarse más rápido. Consiste en identificar aquella que ofrezca el mejor balance ambiental, social, territorial y económico para las próximas décadas.
Ese debería ser, en mi criterio, el verdadero debate sobre Crucitas y sobre el futuro de la Zona Norte-Norte de Costa Rica.
La entrada Crucitas: la urgencia no debe sustituir al análisis aparece primero en Semanario Universidad.
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