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Monserrat Cordero Parra
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Luego de una investigación en el Ministerio de Educación Pública (MEP), la Defensoría de los Habitantes calificó de “fallida” la política pública de infraestructura educativa en el país.
En esa línea, por ejemplo, el ente defensor externó que el actual modelo de gestión no solo es ineficiente, sino que representa una amenaza directa al derecho a la educación.
El panorama que arrojó la investigación es crítico. El curso lectivo 2026 inició con un total de 389 centros educativos que actualmente cuentan con órdenes sanitarias, pero que carecen de cualquier tipo de proyecto asignado para su remodelación o ejecución.
Asimismo, a nivel nacional, el MEP acumula 871 advertencias sanitarias, de las cuales 101 están en «categoría roja», lo que implica una orden de cierre total por parte del Ministerio de Salud. La provincia de Limón es la más afectada por esta emergencia.
El informe arrojó también que a pesar de que el MEP reportó una ejecución presupuestaria del 99,16% en 2025 —la más alta de su historia—, existe una preocupante desconexión entre el gasto financiero y la realidad material de las aulas.
Existen proyectos que, aun teniendo recursos asignados, llevan más de 15 años sin concluirse, lo que mantiene fondos públicos «inmovilizados» mientras los estudiantes reciben lecciones en condiciones indignas.
“La información disponible sugiere que el problema no puede medirse únicamente por el porcentaje de gasto ejecutado, sino por la capacidad real del modelo para traducir esa ejecución en reducción sostenida del riesgo, cierre de brechas y mejora efectiva de las condiciones de enseñanza y aprendizaje”, destaca el informe.
Modelo agotado
Para la Defensoría el problema no es solo la falta de planificación y presupuesto, sino un sistema administrativo de gobernanza que no funciona.
“La problemática examinada en este estudio no debe entenderse únicamente como un déficit material de edificios, aulas o servicios básicos, sino como una falla de política pública asociada al diseño institucional del modelo, a la fragmentación de responsabilidades, a la débil articulación entre actores, y a la insuficiente conexión entre planificación, programación presupuestaria, ejecución y seguimiento”, indicó la Defensoría en el informe.
Actualmente el Estado transfiere dinero a las Juntas de Educación y Administrativas (integradas por vecinos y padres de familia voluntarios) que se encargan de contratar ingenieros, constructores y vigilar las obras, cuyos presupuestos en algunos casos superan millones de colones.
La Dirección de Infraestructura Educativa (DIE) admitió en la investigación que las Juntas a menudo enfrentan responsabilidades que exceden sus capacidades operativas.
Factores como la alta rotación de sus miembros, el bajo nivel de escolaridad en algunos casos y la falta de conocimiento técnico generan errores procedimentales y retrasos prolongados.
«El modelo actual que transfiere fondos con fundamento en la matrícula , a una Junta que ejecuta’ está agotado en su forma presente, requiriendo una reingeniería que traslade en un 100% la responsabilidad a la DIEE y profesionalice la gestión de las inversiones sin perder la esencia de la participación comunal, quien asume un rol colaborativo, de auditor social como las Juntas de Salud, pero no de responsable del proceso “, indicó la defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank.
El informe subrayó también que la infraestructura interfiere en el aprendizaje. Se citan evidencias de que el mal estado de los edificios aumenta el ausentismo docente en un 10% y deteriora el rendimiento académico de los alumnos.
«La infraestructura educativa debe entenderse como una condición material esencial para la garantía progresiva del derecho a la educación», se lee en el documento.
Recomendaciones
Finalmente, la Defensoría en el informe emitió también una serie de recomendaciones al MEP:
- Planificación a largo plazo: El MEP debe diseñar e implementar una Programación Decenal (2026-2035). Esto significa crear un portafolio transparente de inversiones a 10 años que defina con nombre y apellido qué escuela se va a intervenir, cuánto costará, de dónde saldrá el dinero y cuándo se entregará, priorizando los centros con órdenes sanitarias.
- Devolver la responsabilidad al Estado: El MEP debe presentar un programa para quitarle la carga técnica y legal de la construcción y el mantenimiento a las Juntas de Educación. Toda la responsabilidad del ciclo de vida de la infraestructura escolar debe ser asumida exclusivamente por el MEP de forma profesional, transformando a las juntas comunitarias en aliadas de vigilancia social y no en constructoras obligadas.
La entrada Crisis en infraestructura educativa: Defensoría denuncia modelo «agotado» y exige plan al MEP aparece primero en Semanario Universidad.
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