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Vinicio Chacón Soto
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Los recientes casos de personas activistas que debieron defenderse en estrados judiciales, por ejercer su libertad de expresión contra políticas o posturas de gobierno, arrojan luz sobre el avance en Costa Rica de la criminalización del activismo social y político.
No se trata de un fenómeno nuevo, recuérdese el caso de quienes durante años debieron defenderse de un proceso, que de manera infructuosa, planteó la minera Industrias Infinito contra la oposición al proyecto de Crucitas. Sin embargo, la práctica se ha intensificado en los últimos años, tal como demuestran los casos reseñados en el reportaje “Activistas encuentran ‘escudo’ en el Poder Judicial frente a intentos de criminalizar la protesta”.
Claudia Paz y Paz, directora del Programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), definió la criminalización como el uso del derecho penal para “silenciar voces que son molestas, detener el trabajo de defensa de los derechos humanos, forzar al exilio en el caso de Guatemala, incluso a jueces, fiscales que solo estaban cumpliendo con su trabajo, con su obligación de investigar e impartir justicia”.
Dijo que el fenómeno también se da en El Salvador, “con la persecución y encarcelamiento de defensores de derechos humanos”; en Honduras, “con la persecución de defensores de la tierra y el territorio”; o en Nicaragua, con “la prisión política y el exilio, el destierro de opositores”.
Sobre Costa Rica, apuntó que ante esa “regresión autoritaria” se había mantenido como “una democracia más sólida, más consolidada; pero en el último tiempo hemos visto un discurso oficial que ataca a la prensa, a los mecanismos de control, que ataca al propio Poder Judicial y también a defensoras y defensores de derechos humanos, sean periodistas, comunicadores, personas que documentan violaciones de derechos humanos”.
“Esto sí nos preocupa, porque desde altas instancias oficiales en algunos de los casos se han presentado denuncias que no tienen sustento, que son actos claros de criminalización desde el Poder Ejecutivo”.
Alejandro Alvarado, sociólogo investigador del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Universidad de Costa Rica (UCR), explicó que ciertamente la instrumentalización de estrados judiciales constituye un “elemento central”, pero que también entran en juego “el uso de los medios de comunicación, o de redes sociales para emprender campañas de criminalización contra individuos, colectivos, organizaciones”.
Explicó que ese tipo de gestiones buscan “aleccionar” no sólo a las personas que sean directamente demandadas, sino a los demás activistas que puedan verse en el mismo riesgo.
Un elemento histórico que entra en juego es la aprobación de Ley 9808, comúnmente llamada ley antihuelgas, pues estableció una serie de requisitos que en la práctica dificultan significativamente la convocatoria a huelga, al punto que el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) determinó que Costa Rica violenta los derechos de negociación colectiva y derecho a huelga.
Alvarado observó que “no hay que entenderla solamente como un ajuste de cuentas por el bloque de poder respecto a la huelga, sino como un elemento central para allanar el camino para las reformas posteriores, porque le sigue la Ley Marco de Empleo Público” o la jornada de trabajo de 12 horas.
“Disciplinar o condicionar más a los sindicatos era una condición necesaria para concretar este giro, porque es una reforma en el derecho de huelga, pero es también una reforma fiscal, es también una reforma en el empleo público, y es, en un sentido más general, un intento de reformar los términos en los que fue construido el contrato social post 1948”, observó.
Un criterio similar expresó el actual diputado y abogado ambientalista Edgardo Araya: “la ley antihuelgas terminó siendo el primer arranque de esta ola de intolerancia. Durante muchísimo tiempo, los medios corporativos, los grandes medios, fueron satanizando el ejercicio democrático del derecho de huelga del sector público”.
“Ese esfuerzo para limitar el derecho de huelga de las personas trabajadoras es efectivamente la primera señal de que íbamos hacia una sociedad más intolerante y más autoritaria”, apuntó.
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