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Credibilidad y autonomía son las claves principales para el nuevo fiscal general, afirman analistas
Según analistas consultados, la nómina de candidatos a fiscal general presenta perfiles variados, que obligarán al presidente a evaluar entre opciones de continuidad o cambio en el Ministerio Público para los próximos cuatro años.
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Carlos Gómez
22 de abril de 2026
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00:05h
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El Secretario General de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero, recibió la nómina final y los expedientes de los seis aspirantes a ocupar el cargo de fiscal general y jefe del Ministerio Público. (Foto Prensa Libre: SCSP).
Finalmente, la comisión de postulación para fiscal general y jefe del Ministerio Público integró la nómina de seis candidatos,la cual ya fue remitida al presidente Bernardo Arévalo para que realice la designación del nuevo titular del ente investigador para el período 2026-2030.
La nómina final, que ya fue recibida por la Secretaría General de la Presidencia, quedó integrada por los profesionales Beyla Adaly Estrada Barrientos, César Augusto Ávila Aparicio, Julio César Rivera Clavería, Gabriel Estuardo García Luna, Zoila Tatiana Morales Valdizón y Néctor Guilebaldo de León Ramírez.
De este listado, el presidente deberá elegir al sucesor de María Consuelo Porras, quien, a pesar de haber obtenido la calificación más alta, no fue incluida en el listado final elaborado por la comisión.
Perfil de los candidatos
A criterio de expertos y analistas consultados, dentro de la nómina entregada al presidente hay algunos perfiles definidos que pueden representar un cambio, pero también identifican a otros candidatos que podrían ser la continuidad del modelo que actualmente rige en el Ministerio Público.
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Según indica Christa Walters, presidenta del Movimiento Cívico Nacional (MCN), dentro de la nómina existe un balance, ya que, aunque no se incluyeron perfiles que el presidente “hubiera querido” para facilitar su decisión, tampoco se incluyeron otros que el mandatario “no hubiera querido” dentro del listado, como es el caso de la actual fiscal general, Consuelo Porras. Según afirma Walters, la nómina quedó conformada por perfiles diversos que deberán ser evaluados detenidamente por el mandatario.
“Hay algunos que tal vez tienen un perfil un poco más alto, porque han estado en algún partido político, o tal vez otros que en su labor o en su trayectoria han llevado algunos casos que han tenido más atención mediática; pero creo que eso se balancea con la otra mitad de candidatos, quienes quizá tienen un perfil más bajo pero que sí son bastante técnicos”, afirma.
El politólogo Renzo Rosal coincide con Walters, e identifica a dos dos candidatos que pueden contar con las capacidades y los requerimientos necesarios para desempeñar el cargo de forma independiente, mientras que los otros cuatro perfiles podrían responder a esa línea de “continuidad” que mencionó la presidenta de MCN.
“Si bien la fiscal general es inelegible, ya que quedó fuera. Sí hay por lo menos cuatro perfiles que responden a su mismo modelo, a su misma lógica, que apuesta por la continuidad y diríamos que hay dos candidatos que apuestan, por el contrario, por una suerte de recuperación del Ministerio Público”, sostiene Rosal.
En este sentido, Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento ProJusticia, considera que dentro de la nómina hay dos grupos definidos, uno distante y otro no tanto al presidente de la República.
“Pusieron a candidatos que responden a otras líneas políticas, como son Beyla Estrada, César Ávila Aparicio y Julio César Rivera Clavería. El presidente pareciera no tener afinidad con ese tipo de línea a la que representan, pero no sé qué tan cómodo se sienta el mandatario con los otros tres que quedan”, cuestiona Ibarra.
La directora de ProJusticia, sin embargo, ve poco probable que el próximo fiscal esté entre el grupo de Rivera, Ávila o Estrada, “por ser distantes a la línea que mantiene el presidente”, afirma Ibarra.
Desafíos
Los analistas consideran que, además de contar con los requisitos establecidos en ley, el nuevo fiscal general debe tener carácter, valentía e independencia en el desempeño del cargo y no responder a interés de grupos o sectores particulares.
“Un fiscal general no obedece a partidos políticos, no tiene que obedecer a redes criminales, a intereses privados, a lo único que tiene que estar atado es a obedecer a la Constitución y a la ley”, afirma Walters.
Rosal también resalta que “lo que se ha hecho a lo largo de los últimos años —en el MP— nos dio todo lo contrario, un perfil autoritario, antidemocrático, que ha producido causas de esa naturaleza, y eso ha hecho perder de a poco la orientación y la naturaleza propia del Ministerio Público”.
Los expertos afirman que el nuevo fiscal general se enfrenta a una serie de desafíos, como la recuperación de la credibilidad, la confianza y la institucionalidad, afectadas por un continuo “desgaste” en los últimos años.
“Existe una fuerte crítica sobre la justicia selectiva. También debe reactivar o fortalecer fiscalías que puedan investigar grandes casos de corrupción. El Ministerio Público ha recibido cientos de denuncias y el reto está en reducir ese archivo de casos y priorizar aquellos que realmente impactan la seguridad, como extorsiones, homicidios y violencia contra la mujer”, indica Christa Walters.
“Desafíos, yo diría recuperar mínimamente las condiciones de un MP profesional, independiente, especializado, que realmente sea el ente responsable de la persecución penal. Eso implica independencia en lo posible, recuperación de capacidades técnicas y profesionales y dejar de ser una institución que defienda causas políticas o agendas sesgadas”, asegura Rosal.
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Mala ponderación
Sobre la manera en que fueron calificados los candidatos dentro del proceso, Carmen Aída Ibarra considera que el procedimiento para llevar a cabo la ponderación de los expedientes de cada uno de los aspirantes no fue el más adecuado.
“En este caso hasta la técnica se utilizó como instrumento para eliminar a un candidato (…) Estamos ante una situación más de la elección de fiscal general que repite vicios del pasado y aporta nuevos vicios. Así que, lamentablemente, los criterios para aplicar la tabla de gradación ofendieron a numerosos profesionales que quedaron con una calificación excesivamente baja”, afirma.
En este sentido, Manfredo Marroquín, director de Acción Ciudadana (AC), señala que en el proceso de selección hubo intereses y agendas para “bloquear” a unos candidatos y favorecer a otros.
“Yo creo que fue un proceso muy cuestionable. Creo que hubo evidentes agendas e intereses para bloquear a unos, para favorecer a otros, y ha sido uno de los procesos donde menos se debatió el tema”, asegura.
Marroquín considera que, como resultado de este proceso, la nómina final de candidatos de la que el presidente deberá escoger tiene un “tono gris”.
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