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Mario Bermúdez Vives
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La polémica que se generó desde ayer martes en la Comisión de Hacendarios relacionada con el trámite atropellado del presupuesto extraordinario para el 2026 se incrementó este miércoles, cuando el presidente de la comisión, el diputado y ex ministro de Hacienda Nogui Acosta, presionó a la funcionaria de Servicios Técnicos para tratar que variara las observaciones realizadas el día anterior.
Adicionalmente, Acosta recurrió a la mayoría del Partido Pueblo Soberano (PPSO) en la comisión para que se aprobaran otras seis mociones que no venían incorporadas en la propuesta original del Poder Ejecutivo, lo que originó los reclamos de este martes de la oposición, por considerar que se reiteraba un procedimiento inconstitucional, según la denuncia de este martes.
Al final, también se descartó una de las polémicas mociones porque uno de los diputados del PPSO se ausentó, lo que provocó un empate de 5 a 5 entre los diputados presentes que obligó a desechar la propuesta. Y adicionalmente una moción para reincorporar una norma de ejecución presupuestaria -del grupo de 32 originalmente cercenadas por el oficialismo- fue aprobada casi por unanimidad, con 9 votos contra diez.
La polémica se presentó desde el inicio de la sesión, cuando Acosta solicitó a Silvia Solís, funcionaria de Servicios Técnicos, que leyera un artículo del Reglamento Legislativo, y le pidió posteriormente «dar su perspectiva de este artículo».
Solís reiteró su posición de este martes, en el sentido de que la posición de Servicios Técnicos es que los diputados no pueden tramitar mociones en el presupuesto extraordinario que no se relacionen con artículos o incisos comprendidos en el proyecto original del presupuesto extraordinario. «Se tutela en forma primera el principio de equilibrio presupuestario y la facultad exclusiva de Poder Ejecutivo de llevar adelante la iniciativa… las modificaciones mas allá de lo contenido en el proyecto pueden generar una inconstitucionalidad, es así de claro», dijo.
Y ante la respuesta de Solís de que el artículo citado por Acosta debía considerarse en relación con otro que lo antecedía, el presidente legislativo alegó que «en aras de resolverlo, creo que lo relevante es hacer una reforma al Reglamento (Legislativo) que estaríamos proponiendo para resolver esto», dijo. Y ante la insistencia de Acosta, Solís indicó que podía aportar la información de la jurisprudencia que ha mantenido Servicios Técnicos y realizaba una asesoría técnica, pero que si querían una posición oficial de Servicios Técnicos, podían solicitar un informe al respecto.
Esto no apagó los reclamos de la oposición. Las diputadas del Partido Liberación Nacional (PLN), Diana Murillo y Angela Aguilar, insistieron en que se estaba impulsando una votación en contra de criterios sostenidos de la Sala IV y el reglamento legislativo vigente, mientras su compañero Salvador Padilla enfatizó en que la discusión se estaba realizando «desde la ilegalidad».
También los diputados del Frente Amplio (FA), Antonio Trejos y María Eugenia Román, volvieron a alzar la voz. Román destacó que la Presidencia de Hacendarios estaba impulsando un trámite que atentaba contra la seguridad jurídica, la transparencia y la publicidad requerida del proceso presupuestario, porque el Gobierno estaba presentando mociones que no se incluyeron en el proyecto original «en el último minuto, casi al filo del plazo para dictaminar», mientras Trejos resaltó jurisprudencia mas reciente que una sentencia original utilizada por Acosta del año 2000, para indicar que ha habido muchas sentencias luego de esa resolución de hace 26 años.
Pero posteriormente, otro asesor técnico, José Rafael Soto de Análisis Presupuestario, confirmó que las siguientes mociones que Acosta presionó para votar en la sesión de esta tarde, de la 10 a la 16, tenían el detalle que generó la polémica del martes: no estaban en el proyecto original.
Y a pesar de las protestas de la oposición, se votaron sin siquiera leer las mociones 10, 11, 12, 13, 15 y 16. Los opositores reclamaron la deficiente planificación del Gobierno, al no haber incluido estos cambios dentro del presupuesto ordinario, y ni siquiera el extraordinaria, al alegar que se presentaron «con menos de 24 horas», e incluso una de ellas apenas minutos antes de la sesión, imposibilitando un análisis mesurado. Ante ello, Román afirmó que presentarán mociones 137 al proyecto, que deberán votarse en el Plenario, atrasando más su trámite, mientras Murillo afirmó que los vicios en el procedimiento impedían apoyar estos cambios.
Los diputados de oposición también reclamaron la falta de explicaciones y justificaciones: el traslado de ₡64 millones en COSEVI en la moción 10 de reparación de vía a alquileres; mover un superávit en el Ministerio de Justicia de servicios de ciencias económicas y sociales para contratación de servicios profesionales de auditoria y monitoreo por $141 millones en la moción 12, o los movimientos de ₡42 millones en el Ministerio de Relaciones Exteriores en la moción 13 para una plaza por seis meses, entre otros. Los reclamos fueron por la improvisación, la falta de justificación y el procedimiento apresurado, porque se debe dictaminar para el 15 de junio.
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