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Adrián Z. Rivero
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El fiscal general, Carlo Díaz, señaló este miércoles que el país solo cuenta con seis fiscales para tramitar los procesos de legitimación de capitales, debido a que el Ministerio Público no cuenta con recursos para más personal.
La situación la expuso el jerarca en una sesión de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, donde también advirtió que no hay peritos suficientes para colaborar en este tipo de investigaciones.
El tema surgió luego de una intervención de José María Villalta, del Frente Amplio (FA), en la que consultó a Díaz sobre la afectación que provoca la falta de recursos en la lucha contra la delincuencia.
“Lo que estamos es administrando pobreza, definitivamente. Aquí lo que debemos es tener una lucha frontal contra el crimen organizado”, dijo el fiscal.
El jefe del Ministerio Público indicó que, por ejemplo, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ha realizado un “trabajo importantísimo” respecto al crimen organizado, pero la Fiscalía “no le puede seguir el ritmo”.
“Tenemos casos que definitivamente no podemos atendérselos, que tenemos que decirles, tienen que esperarnos un mes, no inmediatamente como ellos lo están solicitando y creo que eso es parte de la falta de recursos. EL OIJ tiene ya, reitero, muchas investigaciones en proceso que nosotros no podemos, ya materialmente, responderles”, alertó Díaz.
Sobre la lucha contra el lavado de dinero, el fiscal explicó que esta es importante ya que a los delincuentes hay que atacarlos despojándolos de sus bienes adquiridos con dinero ilegal:
“Nada hacemos, de verdad, con extraditar a una persona, si aquí toda la familia continúa con la actividad delictiva”, añadió.
En un comunicado de prensa, emitido posterior a la audiencia, el FA aseguró que “este déficit de personal no es una casualidad, sino una decisión política”, pues la Asamblea Legislativa ya aprobó ₡8.688 millones para crear plazas en el OIJ y la Fiscalía, pero el Gobierno se ha negado a girarlos.
Además, la fracción reclamó que, de los seis proyectos de ley sobre seguridad que el Ejecutivo envió a la Asamblea el pasado 15 de junio, “ninguno fortalece la persecución del lavado de dinero ni amplía las capacidades para incautar el patrimonio de las bandas”.
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