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Getzalette Reyes
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El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) aseguró este jueves 21 de mayo que Costa Rica cuenta con los recursos suficientes para atender la demanda eléctrica nacional y negó que exista un riesgo inmediato de racionamiento o cortes de energía, luego de las declaraciones del presidente panameño, José Raúl Mulino, sobre la suspensión de la venta de electricidad hacia ese país.
A través de un comunicado, el ICE afirmó que Costa Rica actualmente no está importando energía desde Panamá y que tampoco proyecta hacerlo durante el resto de 2026, ya que no existen contratos firmes de compra de energía entre ambas naciones vecinas.
“El Sistema Eléctrico Nacional cuenta con los recursos suficientes para atender la demanda eléctrica del país”, sostuvo la entidad costarricense, al tiempo que reiteró su respaldo al Tratado Marco del Mercado Eléctrico Regional y a los principios de libre competencia que rigen las transacciones entre los países miembros del Mercado Eléctrico Regional.
La reacción del ICE se produce después de que Mulino anunciara la suspensión de la venta de energía eléctrica a Costa Rica como respuesta a las tensiones comerciales surgidas entre ambos países en el sector agropecuario.
[Lea también: Panamá frena venta de energía a Costa Rica como medida de retorsión]
El mandatario panameño instruyó al ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, a comunicar a las autoridades costarricenses que Panamá detendría temporalmente el suministro de excedentes energéticos.
“Por lo pronto no hay venta de energía a Costa Rica. Así de sencillo”, expresó Mulino, al argumentar que su decisión responde al principio de reciprocidad en medio de las diferencias comerciales.
La controversia se intensificó luego de que la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, denunciara presuntos bloqueos comerciales contra productos costarricenses como papa, cebolla y lácteos, y anunciara acciones diplomáticas internacionales para defender a los productores de su país.
El conflicto se originó entre 2019 y 2020, cuando Panamá suspendió permisos fitosanitarios a 26 plantas costarricenses de productos lácteos, cárnicos y frutas por razones sanitarias. Como respuesta, empresas panameñas enfrentaron restricciones para ingresar al mercado costarricense.
Aunque un panel de la Organización Mundial del Comercio falló a favor de Costa Rica en 2024, Panamá apeló la decisión en enero de 2025. El presidente Mulino aseguró que rechazó una solicitud del entonces mandatario costarricense, Rodrigo Chaves, para desistir del recurso, y afirmó que propuso abrir una negociación bilateral más amplia, la cual —según dijo— nunca se concretó.
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A través de un comunicado, el ICE afirmó que Costa Rica actualmente no está importando energía desde Panamá y que tampoco proyecta hacerlo durante el resto de 2026, ya que no existen contratos firmes de compra de energía entre ambas naciones vecinas.
“El Sistema Eléctrico Nacional cuenta con los recursos suficientes para atender la demanda eléctrica del país”, sostuvo la entidad costarricense, al tiempo que reiteró su respaldo al Tratado Marco del Mercado Eléctrico Regional y a los principios de libre competencia que rigen las transacciones entre los países miembros del Mercado Eléctrico Regional.
La reacción del ICE se produce después de que Mulino anunciara la suspensión de la venta de energía eléctrica a Costa Rica como respuesta a las tensiones comerciales surgidas entre ambos países en el sector agropecuario.
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El mandatario panameño instruyó al ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, a comunicar a las autoridades costarricenses que Panamá detendría temporalmente el suministro de excedentes energéticos.
“Por lo pronto no hay venta de energía a Costa Rica. Así de sencillo”, expresó Mulino, al argumentar que su decisión responde al principio de reciprocidad en medio de las diferencias comerciales.
La controversia se intensificó luego de que la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, denunciara presuntos bloqueos comerciales contra productos costarricenses como papa, cebolla y lácteos, y anunciara acciones diplomáticas internacionales para defender a los productores de su país.
El conflicto se originó entre 2019 y 2020, cuando Panamá suspendió permisos fitosanitarios a 26 plantas costarricenses de productos lácteos, cárnicos y frutas por razones sanitarias. Como respuesta, empresas panameñas enfrentaron restricciones para ingresar al mercado costarricense.
Aunque un panel de la Organización Mundial del Comercio falló a favor de Costa Rica en 2024, Panamá apeló la decisión en enero de 2025. El presidente Mulino aseguró que rechazó una solicitud del entonces mandatario costarricense, Rodrigo Chaves, para desistir del recurso, y afirmó que propuso abrir una negociación bilateral más amplia, la cual —según dijo— nunca se concretó.
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