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Monserrat Cordero Parra
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Costa Rica registró una caída en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de la organización Transparencia Internacional, en el cual se analizaron 182 naciones.
El país obtuvo 56 puntos de 100 en este Índice, dos puntos menos que el año anterior. El máximo puntaje alcanzado por Costa Rica fue de 59 en el 2017, de acuerdo con la Asociación Costa Rica Íntegra, la cual dio a conocer el informe este martes.
El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) clasifica 182 países según el nivel de percepción de la corrupción en el sector público, en una escala de cero (muy corruptos) a cien (muy limpios). Es la medida más utilizada para la comparación entre países y la calcula la organización no gubernamental Transparencia Internacional desde hace más de dos décadas.
“Debido a la carencia de acciones más contundentes contra la corrupción, no sorprende que el país baje, y que se encuentre alejado de los mejores puntajes del continente (Canadá, 75 o Uruguay, 73) y también del promedio del IPC que tienen las democracias plenas (73), pues es el grupo en el cual Costa Rica debería compararse por su trayectoria institucional”, externó la Asociación en un comunicado de prensa.
La Asociación además indicó que esta disminución refleja una oportunidad perdida por el actual Gobierno, cuyo cuatrienio está a punto de finalizar.
“La popularidad alta no fue aprovechada para enarbolar la bandera anticorrupción de la que se habló con frecuencia. Pese a ello, los avances son deficientes en iniciativas como la Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción (ENIPC), el Estudio de Integridad de la OCDE, las recomendaciones de los informes de las convenciones internacionales anticorrupción y de otros informes similares. Asimismo, la ausencia de reglamentos a leyes como la 10437 (Ley de protección de las personas denunciantes y testigos de actos de corrupción contra represalias laborales) o la 10554 (Ley marco de acceso a la información pública), son también deudas importantes que al parecer se han trasladado a la nueva administración”, agregaron.
Destacaron también que la baja del IPC forma parte de otros indicadores relacionados con la democracia que tienden a empeorar para Costa Rica, particularmente la libertad de prensa y la independencia entre poderes del Estado.
“Estamos al frente de una nueva oportunidad, un nuevo gobierno, con una alta legitimidad, que reitera en la campaña electoral su compromiso en la lucha contra la corrupción. Pero para mejorar se requiere un plan claro, rendición de cuentas, respeto a las libertades fundamentales y priorizar acciones sustantivas”, externó la presidenta de la Asociación Costa Rica Íntegra, Juany Guzmán, en relación a las elecciones recientemente celebradas en el país.
El Informe incluso hizo énfasis en Costa Rica, alegando que “con elecciones este año en Bahamas (64), Colombia (37), Perú (30) y Costa Rica (56), se requiere mayor transparencia en el financiamiento político y una aplicación más eficaz de la ley para prevenir y detectar la influencia corruptora del crimen organizado en las campañas electorales”.
“Asimismo, es fundamental fortalecer la cooperación en casos de corrupción transnacional y la regulación de contadores, banqueros y abogados que facilitan que personas corruptas y otros criminales oculten dinero ilícito. Solo así la región podrá fortalecer su resiliencia frente al crimen organizado y superar la desigualdad y la violencia que están desgarrando a sus sociedades”, se lee en el Informe.
La Asociación Costa Rica Íntegra -una organización sin fines de lucro- puso también a disposición del nuevo Gobierno, un conjunto de medidas para la prevención de la corrupción y fortalecer la participación ciudadana.
Declive global
La publicación del IPC reveló, en general, un declive de los países analizados, incluso las democracias más sólidas.
Estados Unidos, por ejemplo, alcanzó el puntaje más bajo de su historia en el IPC (64), luego de debilitar la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) —una norma clave que prohíbe el soborno corporativo a funcionarios extranjeros.
En esto también contribuyeron los recortes a la ayuda estadounidense destinada a financiar organizaciones de la sociedad civil en el exterior que fiscalizan a sus gobiernos, lo cual ha debilitado los esfuerzos anticorrupción a nivel global. En esa línea, políticos de distintos países han interpretado esto como una luz verde para perseguir y restringir aún más a voces independientes, como ONG y periodistas.
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