Costa Rica podría aplicar teletrabajo obligatorio, revisar exoneraciones y establecer un subsidio a productores para enfrentar crisis energética globa

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Maria Nuñez Chacón

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El mundo experimenta un escenario de elevada incertidumbre económica y Costa Rica no está exento, y aunque los efectos de la guerra en Medio Oriente aún no se manifiestan totalmente, no tardan en intensificarse y hacerse visibles para el país.

De acuerdo con Observatorio Económico y Social (OES) de la Universidad Nacional (UNA) es urgente que los diversos actores nacionales se sienten a discutir la vía que se debe seguir y tomar medidas muy pronto, antes de que los impactos empiecen a afectar la economía nacional.

Tras vencerse el plazo acordado para un cese de hostilidades en el Medio Oriente, este fue prorrogado de forma indefinida con el objetivo de avanzar hacia una solución permanente, pero los bloqueos marítimos y el tránsito de buques mercantes por el Golfo Pérsico y el Estrecho de Ormuz continúa lejos de normalizarse, ante eso siguen subiendo los precios del petróleo y sus derivados, incluyendo los fertilizantes nitrogenados.

Según registró el OES-UNA de aprobarse el aumento anunciado en el precio del diésel, este combustible acumularía entre abril y mayo un alza cercana al 32%, equivalente a ¢169 colones adicionales; y aunque su impacto directo sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) sería relativamente limitado, sí tendrá efectos indirectos significativos, al trasladarse a los precios de otros bienes y servicios mediante mayores costos de producción.

“En particular, el encarecimiento del diésel presionaría los costos del transporte de carga y del transporte público, este último ya afectado por una crisis estructural que ha derivado en el abandono de más de 100 rutas de autobús en los últimos años”, detalló Fernando Rodríguez del Observatorio.

Los incrementos en otras gasolinas, como la regular, sería del 23,6% por litro, un aumento de ¢143, mientras que la súper registraría un aumento de 12,8%, es decir, ¢81 adicionales; y el gas licuado —de uso intensivo en hogares de menores ingresos y pequeños negocios de alimentos—habría aumentado un 5,8%, pasando de ¢6.867 a ¢7.263 por cilindro de 25 libras, lo que introduce presiones adicionales sobre el costo de vida, especialmente en los hogares más vulnerables.

Otro impacto que preocupa es el encarecimiento de los fertilizantes nitrogenados, cuyos precios han aumentado con rapidez desde el inicio del conflicto, debido a que entre el 30% y el 40% del comercio global de estos insumos transita por el Estrecho de Ormuz, así como al incremento cercano al 20% en el gas natural —insumo que representa hasta el 80% de los costos de producción de estos fertilizantes—.

“Hacemos un respetuoso, pero vehemente llamado a los actores políticos del país a visualizar el problema que nos vamos a enfrentar en pocas semanas cuando empecemos a ver los aumentos de precios de los combustibles concretarse y los impactos que la situación en Medio Oriente podría generar en el país”, explicó Rodríguez.

Entre las propuestas que realiza la OES-UNA para reducir el impacto en la posible escalada de precios está rescatar el transporte público y permitirle operar con costos menores, mediante la exoneración del impuesto a los combustibles e invertir en la transición energética para el sector, esencialmente acelerar el cambio de uso de buses eléctricos y ante los costos que tiene esta iniciativa, se podría crear un fondo de avales que facilite el acceso a financiamiento.

Sostienen que es necesario avanzar en la construcción de terminales de autobuses, mejorar la infraestructura de paradas y fortalecer la seguridad y accesibilidad de los espacios para incentivar su uso y revertir la caída en la demanda.

Otra medida que sería de mucho apoyo en esta crisis es implementar el teletrabajo a nivel nacional de manera obligatoria para las instituciones públicas y promover su adopción en el sector privado.

Asimismo, fomentar la virtualidad en la educación superior, para aquellas entidades que cuenten con las condiciones y tecnologías adecuadas, a fin de reducir los costos de movilidad, el consumo de combustibles y el congestionamiento vial.

También resultaría esencial apoyar al sector agrícola frente al encarecimiento de insumos, por lo que proponen desde OES-UNA implementar un mecanismo de apoyo para la adquisición de fertilizantes, priorizando a pequeños productores o a través de transferencias directas que compensen parcialmente los costos.

“Establecer un subsidio focalizado al combustible para productores agrícolas resultaría una buena alternativa; sustituir la actual exoneración del diésel para el sector pesquero, por un subsidio directo, con criterios claros de focalización y mecanismos de verificación; y para el uso en entidades públicas revisar y reducir de 500 a 200 litros mensuales la asignación de combustible para cada diputado”, añadió Rodríguez.





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