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Javier Córdoba
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Un conductor de plataforma lloraba mientras le suplicaba a un oficial de tránsito que no le quitara las placas de su vehículo. Era plena pandemia y ese carro representaba el ingreso con el que sostenía a su familia. El policía cumplía la ley; el conductor intentaba sobrevivir; y el Estado, como llevaba años haciendo, seguía sin decidir qué hacer con un servicio que ya utilizaban cientos de miles de personas.
Esa escena resume mejor que cualquier informe la forma en la cual los políticos enfrentan muchos de nuestros problemas: no los resuelven cuando todavía son manejables. Los dejan crecer hasta convertirse en una crisis y, cuando finalmente explotan, nos dicen que ya no hay tiempo para discutir: que tenemos que tomar cualquier decisión sin importar si se soluciona el problema o no.
Costa Rica no tiene un déficit de diagnósticos; tiene un déficit de decisiones y de gestión de parte de la clase política.
La Contraloría, la OCDE, el Estado de la Nación, el Estado de la Justicia, las universidades y numerosos especialistas llevan años identificando problemas y proponiendo soluciones. Lo que casi nunca ocurre es que ese conocimiento se traduzca en reformas oportunas. Entre el diagnóstico y la decisión se instala un inmovilismo que convierte problemas administrables en crisis nacionales.
Llevamos veintiséis años discutiendo sobre el mercado eléctrico, dieciocho sobre Crucitas, más de una década acerca de los problemas estructurales del Poder Judicial y once años decidiendo qué hacer con el transporte por plataformas. Los cuatro casos tienen algo en común: hoy se pretende justificar una decisión apelando a la urgencia, cuando esa urgencia fue construida durante años de inacción.
«‘Los problemas rara vez permanecen sin resol ver por casualidad. Casi siempre existe un grupo interesado en que nada cambie; es decir, en que no se solucione dicho problema. Quienes viven de un monopolio, una estructura institucional o un modelo administrativo específico procurarán conservarlo… aunque no funcione.
Eso es inherente a los colectivos. Sindicatos, cámaras empresariales, organizaciones ambientalistas, gremios y cualquier otro grupo de presión tienen derecho a defender sus intereses. El problema surge cuando quienes gobiernan prefieren evitar el costo político de enfrentarlos antes que defender el interés general.
Así, las reformas se archivan, los informes técnicos se acumulan y cada administración traslada el problema a la siguiente. Hasta que un día explota. Entonces la urgencia sustituye la discusión técnica y cualquier solución parece aceptable simplemente porque “ya no hay tiempo”.
El caso de las plataformas
Costa Rica tuvo once años para construir una regulación moderna que promoviera la competencia, protegiera a los usuarios y brindara seguridad jurídica a decenas de miles de personas que encontraron en esta actividad una fuente de ingresos.
Sin embargo, mientras el Estado postergaba la decisión, la realidad avanzó. Más de dos millones de personas utilizan estos servicios y alrededor de cuarenta mil encontraron en ellos una forma de ganarse la vida.
Hoy, en lugar de diseñar el mejor marco regulatorio para esta nueva realidad, el debate busca acomodar las plataformas dentro de un modelo pensado para proteger al taxi tradicional. En vez de ampliar las opciones de transporte y de acceso a él, el proyecto pretende preservar un mercado que dejó de existir hace años.
El mercado eléctrico
La historia se repite en el mercado eléctrico. Desde el llamado “Combo del ICE”, hace más de un cuarto de siglo, Costa Rica viene discutiendo cómo modernizar ese sector estratégico. Hubo proyectos, comisiones, informes, debates y hasta huelgas, pero nunca una reforma integral.
Hace apenas unos cuantos años, la presidente ejecutiva del ICE Irene Cañas afirmaba que el país tenía suficiente capacidad de generación y que no era necesario incorporar nuevos actores. Hoy el mensaje es completamente distinto: ahora resulta que estamos al borde del riesgo de apagones.
Pero la urgencia no debería obligarnos a aceptar cualquier diseño institucional. El problema nunca ha sido únicamente quién opera el mercado, sino garantizar que quien tome las decisiones sea independiente. Durante años el ICE ha sido juez y parte. El riesgo es repetir exactamente ese defecto creando un nuevo operador llamado ECOSEN controlado por los mismos actores del mercado.
Costa Rica conoce muy bien las consecuencias de responder a cada problema creando una nueva institución: más burocracia, más costos y mayor complejidad. En este caso, además, existe un agravante: se propone un órgano que puede terminar capturado por los mismos actores a los que debería regular. El Consejo de Transporte Público es, en ese sentido, el mejor ejemplo de ese fracaso. Cambiar el nombre del árbitro no elimina el conflicto de interés.
La minería a cielo abierto
Crucitas representa quizá el ejemplo más dramático de lo que vengo exponiendo. Durante casi dos décadas el país convirtió la discusión en un enfrentamiento ideológico sobre la minería, mientras el Estado abandonaba su obligación más elemental: ejercer control sobre el territorio.
Ese vacío fue ocupado por la minería ilegal y el crimen organizado. El resultado es paradójico: hoy el daño ambiental es mucho mayor que aquel que originalmente se pretendía evitar.
La discusión ya no debería centrarse en si la minería era o no conveniente. La verdadera urgencia consiste en recuperar un territorio al que el Estado llegó demasiado tarde. Sin embargo, ninguna de las propuestas que hoy se discuten en la Asamblea Legislativa parte de esa prioridad. El debate sigue concentrado en quién explotará el oro y cómo se distribuirán sus beneficios.
El Poder Judicial
El mismo patrón se observa en el Poder Judicial. Desde hace más de una década existen diagnósticos claros sobre la mora judicial, la complejidad de los procesos y la necesidad de reformas profundas.
Las propuestas existen, incluso algunas surgieron dentro del propio Poder Judicial. Sin embargo, cada intento de reforma termina convirtiéndose en una discusión sobre la defensa de la institucionalidad o los ataques al Estado de Derecho.
Ahora bien, parte importante del problema es estructural. La Corte Plena no solo administra justicia; también administra el Poder Judicial. Quienes deben impulsar muchas de las reformas son los mismos que administran la estructura que esas reformas buscan modificar. Nuevamente aparece el mismo conflicto: son juez y parte.
Mientras tanto, las audiencias se programan para 2028 o 2029, la confianza ciudadana sigue deteriorándose y las ideas descabelladas empiezan a surgir.
Costa Rica necesita romper esa lógica
Los cuatro casos cuentan exactamente la misma historia. Los problemas eran conocidos, los diagnósticos estaban hechos y las propuestas existían. Sin embargo, los políticos optaron por postergar las reformas para no afectar el statu quo de sus grupos privilegiados, hasta que los problemas terminaron convirtiéndose en crisis.
El verdadero problema no es Uber. No es la electricidad. No es Crucitas. No es el Poder Judicial. En todos los casos se repite el mismo patrón: primero se posponen las decisiones y, cuando ya no pueden seguir evitándose, las soluciones terminan diseñándose alrededor de los intereses de quienes se beneficiaron de esa inacción. Así, los problemas simplemente se prolongan al mejor estilo de la Tierra de Nunca Jamás, como si no decidir no tuviera un costo.
El problema de fondo es un modelo de gobernanza que hace políticamente más rentable bloquear las reformas que impulsarlas. Quien propone cambios enfrenta grupos de presión; quien decide no hacer nada casi nunca paga el costo.
Las mejores reformas son las que se construyen cuando todavía existe tiempo para comparar alternativas, corregir errores y diseñar procedimientos pensando en el interés general. Eso exige tomarse en serio los diagnósticos técnicos, pero también entender que quienes se benefician del statu quo difícilmente impulsarán los cambios que afecten sus propios intereses.
Detrás de cada emergencia suele haber una decisión que alguien prefirió no tomar cuando todavía había tiempo. El conductor de plataformas que lloraba durante la pandemia no era el origen del problema. Era la consecuencia de años de indecisión política.
Quizá la mayor reforma que necesita Costa Rica no sea una ley específica, sino recuperar la capacidad de gobernar. Los grupos de presión seguirán defendiendo sus intereses; esa es su función. La responsabilidad de quienes fueron electos es otra: defender el interés general y tomar las decisiones que el país necesita antes de que los problemas se conviertan en emergencias. Porque gobernar no consiste en administrar crisis. Consiste en evitar que ocurran.
La entrada Costa Rica: La fábrica de las emergencias aparece primero en Semanario Universidad.
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