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Álvaro Murillo
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“Tengo un gran aprecio por la posibilidad de que Estados Unidos nos ayude a combatir a combatientes no estatales, como son las organizaciones criminales como vimos en México con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Costa Rica no tiene ejército y ellos son combatientes militares, aunque no representan a un Estado”.
Así respondió el presidente Rodrigo Chaves este lunes, en Chile, una de las preguntas necesarias sobre los alcances de la declaración que firmó el sábado pasado en Miami en una cumbre liderada por Donald Trump en su nuevo proyecto llamado “coalición”, y centrado en propósito de “utilizar fuerza militar letal para destruir” a los grupos de la multimillonaria industria ilegal de las drogas en el continente, incluso con misiles.
¿Qué significaba este compromiso internacional y qué implica para Costa Rica, siendo un país sin ejército y con normas que defienden la paz, la neutralidad y el pacifismo? Esa fue más o menos la pregunta que escuchó Chaves el lunes y que decidió contestar por encima, con alusiones a la necesidad de vencer por la fuerza a los grupos criminales armados que operan en Costa Rica, como en otros países de la región.
¿Qué tipo de fuerza? Esta es la parte que no está clara aún, después de que el ministro de Seguridad, Mario Zamora, firmó el jueves en Estados Unidos la “Declaración Conjunta de Seguridad de la Conferencia de las Américas contra los Carteles”, después de que Chaves firmó, junto a Trump y otros 11 presidentes, el documento base de una “Coalición América contra los Carteles”, sólo días después de que uno de los asesores designados por la presidenta Electa, Laura Fernández, el abogado Fabián Silva, mencionó en televisión la idea de que el país aloje bases militares estadounidenses para luchas contra la violencia de organizaciones narcotraficantes.
La explicación dada por Chaves en Chile tampoco deja total claridad y no calza del todo con las palabras de su ministro Zamora posteriores a la firma del documento, quien aseguró que estos acuerdos son sólo declaraciones de voluntades que no van más allá de lo que permiten las leyes de Costa Rica, y que tampoco apuntan a cambios en el esquema jurídico nacional.
Según él, el uso de la fuerza señalado en la cumbre del sábado se refiere a la fuerza del Estado, “como la Fuerza Pública” o cualquier acción policial, pero de una manera coordinada con otros países. Sobre el ofrecimiento de Trump de facilitar proyectiles militares (“usaremos misiles si quieres que usemos un misil, son extremadamente precisos”), Zamora dijo que eso es sólo para quienes lo pidan, no para Costa Rica, y que confía en el respeto a la soberanía costarricense.
El principal mensaje político es la unión internacional para combatir el crimen organizado, dijo Zamora, pero lamentó que “la discusión interna de si nos estamos militarizando o no ha desviado el mensaje principal”, dijo el Ministro en el programa radiofónico Nuestra Voz.
Minutos después especialistas en relaciones internacionales señalaron elementos delicados más allá de lo jurídico, por el peso que tiene el discurso militarista de Trump y su explícita política de intervención en los países del continente.
Así lo comentaron en ese programa los analistas Carlos Murillo y Carlos Cascante, sin dejar de señalar la falta de referencia alguna a las responsabilidades de Estados Unidos como país de consumo de las drogas y proveedor de la mayoría del armamento que utilizan los carteles.
También hay inquietud sobre lo que dijo el secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien habló de esta nueva estructura organizativa con capacidades militares compartidas, sin hacer ninguna excepción para Costa Rica, como señaló el abogado Rodolfo Brenes. Lo que firmó Zamora es “escueto y oscuro”, dijo el jurista.
Aunque el constitucionalista Fabián Volio, asesor ad honorem de la presidenta electa, descartó conflicto alguno ni inconveniencia con las adhesiones hechas por Zamora y Chaves, su colega Marvin Carvajal apuntó a la posibilidad de que se haya firmado “un cheque en blanco” y, por eso, ve necesario que las autoridades costarricenses aclaren los alcances del acuerdo mediante notas diplomáticas.
El caso ha obligado a revisar las noticias de 2003, cuando el entonces presidente Abel Pacheco aceptó ser parte de una coalición de apoyo a Estados Unidos en ataques contra Irak, acción política que la Sala Constitucional se trajo abajo con la sentencia 2004-09992, basada en que Costa Rica ha adoptado la paz como principio de su ordenamiento jurídico sobre la base de la abolición del ejército (artículo 12 de la Constitución) y la Proclama de Neutralidad Perpetua, Activa y No Armada, emitida en el gobierno de Luis Alberto Monge.
El pronunciamiento de la Sala Constitucional se dio ante la presentación de un recurso por parte del abogado Luis Roberto Zamora, quien ahora también aparece en escena con una acción similar.
“El recurrente sostiene que la suscripción de ese documento viola el artículo 7 de la Constitución Política y la Carta de las Naciones Unidas, además del principio constitucional de neutralidad perpetua y no armada, y el derecho a la paz”, confirmó la Sala Constitucional ante consulta de este semanario.
Según la impugnación, “la declaración promueve ampliar la cooperación multilateral y bilateral en materia de seguridad (…), así como avanzar hacia la idea de ‘paz a través de la fortaleza’”, pero señaló palabras de Trump con implicaciones de crear una coalición militar.
“La adhesión a una coalición militar sería incompatible con la Proclama de Neutralidad Perpetua, Activa y No Armada de 1983, que obliga al país a no participar en guerras entre terceros Estados ni integrarse a alianzas militares”, dijo el recurrente, según la Sala.
También presentó una acción de inconstitucionalidad el secretario general del Partido Liberación Nacional (PLN), Miguel Guillén, contra el ministro de Seguridad por haber suscrito la declaración “que contempla la conformación de una coalición hemisférica contra el narcotráfico bajo la doctrina de ‘paz a través de la fuerza’”, dijo en alusión al documento al que acredita “implicaciones políticas y jurídicas que no pueden minimizarse”.
Las dudas sobre los alcances del anuncio celebrado por Chaves y Zamora en Estados Unidos, el “socio favorito” del gobierno actual, se suman a la controversia por la sugerencia de “bases militares” mencionada por Fabián Silva, aunque después Laura Fernández advirtió que él no es su vocero, y también Mario Zamora rechazó tal posibilidad bajo el argumento de que puede haber acciones policiales son necesidad de tener instalaciones fijas.
Otro de los señalamientos de Cascante y Murillo es la posibilidad de que esta “coalición” también tenga en sus objetivos reducir la influencia de China en la región, tal como el presidente Chaves asegura haber logrado en su gobierno, según dijo en una entrevista previa a su viaje a Estados Unidos.
La entrada Costa Rica en “coalición militar” con Trump: preguntas abiertas y un déjà vu de 30 años aparece primero en Semanario Universidad.
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