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Mathew Chaves
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El Gobierno de Laura Fernández declaró estado de emergencia nacional en nueve cantones afectados por las lluvias asociadas con las ondas tropicales 32 y 33, según el decreto ejecutivo N.° 45910-MP.
Los territorios incluidos son Guatuso, Turrialba, Sarapiquí, Limón, Pococí, Siquirres, Talamanca, Matina y Guácimo. El decreto lleva las firmas de la presidenta Laura Fernández y del ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves Robles.
El Poder Ejecutivo fundamentó la medida en las lluvias registradas entre el 13 y el 16 de agosto y en la interacción de ondas tropicales, la Zona de Convergencia Intertropical y vientos alisios acelerados.
La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) reportó saturaciones del suelo de entre 80% y 100% en distintas zonas durante el periodo analizado por sus equipos técnicos.
En Limón, un informe de situación registró comunidades indígenas incomunicadas por vía terrestre debido al aumento del caudal de ríos y quebradas tras las lluvias del 16 de agosto.
Las lluvias asociadas con el paso de una onda tropical provocaron afectaciones en comunidades de la Zona Norte, el Caribe y Sarapiquí durante el 16 de agosto de 2026. Foto: (Conare-CNE)
Entre el 16 y el 17 de agosto ocurrió el evento de mayor intensidad del periodo, con acumulados de hasta 360 milímetros en 48 horas en sectores del Caribe Sur y Turrialba.
Para atender las consecuencias, la declaratoria comprende las fases de respuesta, rehabilitación y reconstrucción. La CNE tendrá a su cargo el planeamiento, dirección, control y coordinación de las acciones.
Las instituciones públicas tendrán 30 días naturales para enviar a la CNE los reportes oficiales de daños que requieran atención prioritaria. Luego, las unidades técnicas verificarán el vínculo entre los daños y el fenómeno.
El decreto también permite utilizar procedimientos de urgencia para contrataciones relacionadas con la atención de los daños, conforme a la Ley General de Contratación Pública y su reglamento.
El artículo 3 dispone que la emergencia comprende “todas las acciones y obras necesarias” para atender los problemas señalados en el decreto y proteger la salud y la vida de los habitantes.
La decisión llegó después de que el diputado de Liberación Nacional por Limón, Mangell McLean, solicitara al Gobierno valorar una declaratoria de emergencia el 17 de agosto, tras las afectaciones registradas en la provincia. Ese día, McLean sostuvo que había enviado una solicitud formal a la presidenta para acelerar la atención de las comunidades afectadas por las lluvias.
“Nunca es tarde cuando la dicha es buena”, dijo McLean al referirse a la declaratoria y a la respuesta del Ejecutivo.
Comités Municipales de Emergencia e instituciones de primera respuesta se desplegaron en comunidades afectadas por las lluvias en la Zona Norte, el Caribe y Sarapiquí. (Foto: Conare-CNE)
El diputado añadió que ahora corresponde ejecutar las acciones necesarias para atender las afectaciones y anunció que dará seguimiento a las obras desde la Asamblea Legislativa. “Ahora corresponde que se trabaje muy fuerte para que se pueda mitigar todos los incidentes presentados”, afirmó McLean en video divulgado a la prensa, quien también anunció labores de fiscalización sobre la ejecución de las obras.
Mientras ocurrían las afectaciones, Fernández visitó zonas de Limón el 17 de agosto. Ese mismo día, las autoridades mantenían reportes de daños y una vigilancia activa sobre ríos, quebradas y vías de comunicación.
Durante los días previos al decreto, la CNE había elevado a alerta naranja el Caribe, la Zona Norte y Turrialba ante el paso de ondas tropicales y la persistencia de condiciones atmosféricas inestables.
Asimismo, el Instituto Meteorológico Nacional reportó el 15 de agosto acumulados de hasta 75 milímetros en seis horas en sectores montañosos del Caribe Sur y saturaciones del suelo de entre 70% y 95%.
El decreto fue firmado el 20 de agosto y publicado en La Gaceta la noche del lunes 24. Su artículo 14 establece que la declaratoria rige desde la fecha de su firma. Con la vigencia de la medida, la CNE deberá recibir, verificar y consolidar los reportes de daños para elaborar el Plan General de la Emergencia con los proyectos que acrediten relación con el fenómeno.
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