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Álvaro Murillo
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La Corte Suprema de Justicia aprobó por mayoría este lunes un informe sobre el proyecto legislativo de “asociaciones criminales” que señala problemas técnicos y elementos que ponen en entredicho la viabilidad de cumplir en la lucha contra las bandas narcotraficantes, principal objetivo de propuesta hecha por el Poder Ejecutivo.
Con el voto de 14 magistrados, el rechazo de dos y la abstención de seis, la Corte decidió acoger el informe que presentó la magistrada Patricia Solano, quien expresó preocupación por la técnica legislativa utilizada en la confección del proyecto 25.615, así como artículos que más bien dificultarían penalizar la asociación criminal, en relación con los parámetros actuales.
El informe expuesto por Solano indica además que la posibilidad del aumento considerable de recursos de revisión penal implica la necesidad de más recursos presupuestarios que no se están considerando en este momento de recortes impulsados desde el Gobierno. Sin embargo, advierte que el proyecto no modifica la organización interna del Poder Judicial, un dato relevante porque esto haría innecesaria la mayoría calificada en la eventual votación en la Asamblea Legislativa.
“Me genera gran preocupación la técnica legislativa en este proyecto”, dijo Solano en relación con artículos que no se corresponden entre sí o con las reglas actuales, o que no dejan claridad sobre los agravantes que harían que la pena mayor pase de seis años a 10. Además, criticó que se establezcan ciertas condiciones para poder penalizar la incorporación de de una persona a un grupo criminales, como se está haciendo al señalar que debe probarse que hubo concertación, coordinación y asignación de funciones en la banda.
Esto ocurre porque la propuesta pretende hacer que el artículo 281 del Código Penal califique como “asociaciones criminales” las acciones dadas “cuando dos o más personas se asocien con el propósito de cometer delitos, de manera concertada y coordinada, mediante la distribución de diversas tareas o funciones”.
Según Solano, acreditar esas tres condiciones puede dificultar la posibilidad de penalización. Además señaló que no se menciona el nombre específico de los delitos de crimen organizado que puedan configurarse en agravantes de las penas. Todo esto puede aumentar la probabilidad de normas inaplicables o inconstitucionales, según Solano.
La magistrada Julia Varela consideró necesario dejar establecido que el proyecto sí afecta la organización del Poder Judicial, por el severo impacto económico que representaría, según la propia Patricia Solano. Esta dijo que en otros momentos ha habido advertencias de tipo presupuestario que no necesariamente se remarcan como afectaciones a la organización interna, por lo que tampoco lo señaló como tal en esta ocasión.
El proyecto fue presentado el 15 de junio bajo la justificación de que Costa Rica sufre la consolidación de una crisis de inseguridad por bandas de crimen organizado asociado al narcotráfico internacional. “Existe además un salto en la violencia homicida (…) Entre 2022 y 2024, la tasa nacional pasó de 12,66 a 16,6 homicidios por cada 100.000 habitantes, y los homicidios llegaron a tasas cercanas a 17 por cada 100.000 habitantes en 2024”, dice el proyecto sobre el período coincidente con el gobierno de Rodrigo Chaves.
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