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Daniela Muñoz Solano
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La Contralora General de la República, Marta Acosta, advirtió este miércoles que es necesario valorar el “nivel óptimo” de endeudamiento del Estado costarricense antes de aprobar nuevas emisiones de bonos de deuda.
La jerarca del órgano encargado de supervisar la legalidad de los gastos públicos compareció en la tarde ante la comisión legislativa de Asuntos Hacendarios, en el marco del debate del expediente 25.363, impulsado por el Ministerio de Hacienda (que está a cargo el expresidente Rodrigo Chaves).
Durante su exposición, Acosta detalló los alcances del proyecto, con el que se pretenden colocar $13,500 millones en el mercado internacional entre 2026 y 2034 para sustituir deuda existente.
Si bien la jerarca informó que el proyecto plantea la obligación del Poder Ejecutivo de “disminuir el monto del financiamiento de la deuda interna autorizado en el Presupuesto de la República en la misma magnitud en que se colocan los títulos internacionales”, advirtió que el riesgo cambiario puede tener un efecto negativo en la gestión de la deuda.
Acosta también destacó que el proyecto permitiría al Ministerio de Hacienda contratar garantías, avales e instrumentos similares para las emisiones de deuda interna o externa, sin que estas contrataciones se sujeten a los procedimientos de la Ley General de Contratación Pública y sugirió incorporar que la contratación se rija por los principios contractuales del Estado, “tal y como se ha establecido en leyes similares precedentes”.
La Contralora recordó que el pasado 30 de abril el Ministerio de Hacienda dio a conocer el Marco Fiscal de Mediano Plazo en el cual se proyecta una caída en los ingresos por recaudación y un consecuente crecimiento de la deuda hasta alcanzar un 67% del PIB en seis años, que podría incidir directamente en un aumento del déficit financiero y pondría en riesgo la economía nacional.
“Estimamos que resulta relevante dar prioridad al fortalecimiento o reactivación de la recaudación, dado que el gasto primario continuaría en disminución con poco espacio adicional y con el consiguiente riesgo de que la prestación de los servicios a la ciudadanía se pueda deteriorar”, agregó la jerarca.
Acosta ha reconocido que es necesario gestionar un margen de liquidez para el Estado costarricense y que la emisión de bonos serviría a ese propósito, pero recordó que a mediano y largo plazo, “mantener saldos elevados de liquidez tiene un costo fiscal significativo e incide en la ruta de la deuda”.
“La acumulación anticipada de liquidez en el Fondo General -dijo refiriéndose a la gestión de la liquidez del Estado- elevó la deuda al 60% y genera un pago adicional de intereses de al menos ₡40.000 millones. Ante este alto costo fiscal y antes de aprobar nuevas colocaciones, les instamos a valorar el nivel óptimo de endeudamiento”, indicó.
Tras este análisis, la Contralora recomendó que el proyecto establezca claramente que la sustitución o cancelación de deuda mantiene una exposición realista sobre el riesgo cambiario, estipule las monedas en las cuales se podrían hacer las transacciones relacionadas con las emisiones y puente con al menos un reglamento que norme los requisitos a cumplir para cada una de las emisiones y que se incorpore las contrataciones se darán de acuerdo a los principios contractuales del Estado.
Finalmente dijo que es necesario determinar si el diferencial que se autoriza para la tasa de interés (hasta 750 puntos base sobre los bonos del tesoro) “es coherente con las circunstancias actuales del mercado” el que se asigna al país un margen de riesgo de 126 puntos (en comparación a la mayoría de países de la OCDE que tienen márgenes cercanos a cero).
Al final de su intervención la contralora dijo que la sostenibilidad de la deuda es una tarea pendiente y que especialmente en un contexto en el que se proyecta una caída de los ingresos fiscales “se hace urgente priorizar y fortalecer la recaudación de manera estructural, lo cual es aún más relevante al considerar que el gasto primario mediante el cual se proveen los bienes y servicios públicos continúa disminuyendo y ofrece muy poco margen para ajustes adicionales”.
Luego de la intervención de la contralora, tomaron la palabra los diputados del Frente Amplio, Antonio Trejos y Salvador Padilla, así como la liberacionista Diana Murillo; para cuestionar los riesgos de un proyecto tan a largo plazo y con un nivel de endeudamiento tan alto.
El jefe de la bancada oficialista y presidente de la comisión Nogui Acosta intervino molesto para asegurar que el proyecto solamente se refería a sustitución de deuda y que por ende no existía riesgo alguno sobre el aumento del endeudamiento del Estado, aunque luego las mismas diputaciones insistieron en el riesgo que representaba el tipo de cambio.
Murillo, por ejemplo, explicó que si el valor del dólar vuelve a su normalidad -luego de varios años a la baja- la deuda en moneda extranjera se disparará y Trejos puntualizó que el análisis de la deuda solo en colones enmascarara la situación real del endeudamiento nacional.
Al ser la 1 p.m. Nogui Acosta suspendió la sesión, pues se trataba de una extraordinaria y debía proceder con la sesión ordinaria, asumiendo que a continuación se aprobaría una moción de posposición que permitiera continuar con la comparecencia.
No obstante, varias diputaciones protestaron porque el presidente de la comisión intentara imponer una agenda sin consulta alguna y votaron en contra de la moción de posposición, obligando así a continuar con la agenda ordinaria y resolver mociones 137, y dejando pendiente el final de la audiencia con la Contralora y una audiencia con personeros del Banco Central que el oficialista Acosta había agendado de previo.
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