Contraloría rebaja en ₡3 mil millones monto de canon pedido por Sutel

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Marcela Rojas Hidalgo

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La Contraloría General de la República (CGR) rechazó el proyecto de canon de regulación de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) para el periodo 2027, señalando que Sutel no logró acreditar fundamentos técnicos que garanticen el cumplimiento de los principios de servicio al costo y administración eficiente. El órgano contralor anunció esta decisión el 31 de julio.

En abril de este año, el Consejo Directivo de Sutel aprobó internamente el proyecto de canon de regulación de telecomunicaciones correspondiente al periodo 2027, por un monto de ₡7.962.854.328. Ese mismo mes, se presentó a la CGR para su revisión.

Sin embargo, el órgano contralor determinó que Sutel debe ajustar el monto al límite máximo para su inclusión en el presupuesto ordinario de 2027, tomando como base el último gasto de canon de regulación ejecutado (el de 2025) ajustado por inflación, el cual ascendería a ₡4.852.858.525 y representa una disminución del 39% (más de 3 mil millones de colones menos) con respecto al monto propuesto.

La CGR justifica su resolución recalcando que el ejercicio de cálculo de costos presentado por Sutel “identifica las atribuciones legales a desarrollar de una manera genérica, sin describir las actividades directas que cada competencia impone realizar, aspecto relevante para conocer qué acciones se realizarán durante el año y el costo de cada una de ellas”.

Se observa que el sistema de costos de Sutel presenta limitaciones en cuanto a la trazabilidad. Además, el organismo regulador utiliza una herramienta para estimar la tarifa de 2027 basándose en “techos presupuestarios históricos” correspondientes a programas presupuestarios y unidades funcionales ajenos a las actividades regulatorias, sin realizar una “identificación razonable de los costos que pudieran representar dichas actividades”.

Todo operador de redes de telecomunicaciones y proveedor de servicios en esta misma área debe cancelar una tasa regulatoria para dotar al órgano regulador, Sutel, de los recursos necesarios para una administración eficiente. Así lo establece el artículo 62 de la Ley General de Telecomunicaciones.

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