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Daniela Muñoz Solano
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La Contraloría General de la República ordenó al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) «cesar de inmediato» el uso de alianzas estratégicas con privados para ejecutar contrataciones directas entre entes públicos, tras detectar que la institución ha usado de forma ilegítima el mecanismo establecer alianzas con varias organizaciones empresariales, en una forma que “desnaturaliza” esa figura legal pues no cumple con el requisito de excepcionalidad.
En el informe DFOE-CIU-0287, emitido por la entidad contralora este 28 de julio, concluyó que el ICE ha estado usando el mecanismo de contratación directa justificando que se trata de alianzas estratégicas, pero en la práctica las empresas con las que se asocia operan más como contratistas que como aliados que comparten riesgos y beneficios.
Entre otros hallazgos, la contraloría determinó que varios de los acuerdos se han usado para que el ICE obtenga vienes o servicios a cambio de pagos fijos y predeterminados, lo que califica más como una contratación ordinaria que como una alianza.
También el informe de talla que en varios de los convenios establecidos no se acredita cómo se calcularon los aportes de cada parte o incluso no se detalla cuáles son esos aportes y no se da sustento técnico a las formas en que se reparten los beneficios.
Más gravemente, el ente contralor encontró que en la práctica todos los riesgos financieros recaen sobre el ICE, mientras que las empresas socias reciben ingresos o pagos estables, aún si los negocios no rinden como se esperaba.
También encontró que varias de las alianzas que ha establecido el Instituto no han rendido los rendimientos esperados e incluso los mismos se encuentran por debajo del comportamiento usual del mercado.
Estas y otras características particulares de las alianzas establecidas por el Instituto, dice la contraloría, desnaturaliza la figura de la contratación directa pues la misma solo debe de forma excepcional y porque en estos casos se justificó la excepcionalidad diciendo que se trataban alianzas estratégicas, que no están funcionando como tales.
Adicional a esto la contraloría determinó que la documentación sobre los acuerdos se encuentra incompleta y desordenada, lo que representa un obstáculo para la trazabilidad y el apropiado control interno; al tiempo que se emiten informes de desempeño demasiado descriptivos y que en muchas ocasiones no incluyen alertas tempranas, recomendaciones, ni acciones correctivas cuando los negocios no están rindiendo lo que deberían o incluso están generando pérdidas.
“Este patrón de deficiencias se evidencia en el uso o tratamiento dado a la figura para propósitos distintos a su naturaleza, en la falta de identificación de los aportes del Instituto y del asociado en costos específicos de las acciones a realizar en el negocio común, el desorden de los expedientes administrativos, la omisión de cláusulas específicas anticorrupción y una ineficacia en el seguimiento de la rentabilidad de los negocios a realizar con esta figura, lo que ha permitido sostener negocios con márgenes de utilidad bajos e inclusive negativos. Como resultado, esta gestión traslada de forma unilateral los riesgos financieros al Instituto”, concluyó la Contraloría.
Luego de citar todos los hallazgos, la entidad ordenó al instituto cesar el uso de la figura de asociación empresarial o alianza estratégica con sujetos de derecho privado en contrataciones directas entre entes de derecho público, y establecer los concursos y licitaciones públicas correspondientes para los procesos que necesitan ser subcontratados.
El ICE respondió a la publicación del informe con un comunicado de prensa en el que afirma que “discrepa” del criterio del ente contralor.
Contradictoriamente, el Instituto emitió ese criterio a pesar de que admitió que el documento no ha sido conocido y analizado por el fondo para determinar “con precisión los alcances y las acciones que se deriven, en defensa de los intereses de la Institución”.
“La transcendencia de dicho informe ocasiona graves daños al ICE, así como a las Instituciones Públicas a las que sirve. Este resta competitividad en el cumplimiento de sus cometidos legales, al tiempo que le cercena la flexibilidad y el fortalecimiento dotados por el Poder Legislativo con la apertura del mercado de las telecomunicaciones”, continuaron.
Párrafos después de admitir que el documento no había sido analizado, el instituto anunció que “recurrirá a las acciones previstas en el ordenamiento jurídico para defender su régimen especial de contratación y el interés público que revisten los servicios que presta”.
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