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Ashley Quesada
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La Contraloría General de la República (CGR) detectó debilidades significativas en el proceso de reclutamiento y selección de personal policial del Ministerio de Seguridad Pública, al concluir que los mecanismos de control actuales no responden a una gestión de riesgos articulada con los objetivos estratégicos de la institución. El informe también advirtió sobre el peligro de nombrar a personas inhabilitadas para cargos policiales o públicos.
Según la auditoría de carácter especial DFOE-GOB-IAD-00002-2026, el examen abarcó el período entre el 1 de enero de 2023 y el 1 de junio de 2026, y evaluó el diseño e implementación de controles preventivos en el reclutamiento policial. La Contraloría concluyó que el Ministerio de Seguridad Pública sostuvo un esquema “primordialmente reactivo y de cumplimiento formal”, sin una priorización estratégica basada en riesgos que permitiera anticipar amenazas de integridad, corrupción o infiltración criminal.
El informe señaló que, aunque el Ministerio había definido el rediseño del reclutamiento policial como una meta estratégica, no había ejecutado acciones suficientes para valorar los riesgos específicos del proceso.
Por ello, agregó que el procedimiento vigente se mantuvo centrado en controles básicos y no incorporó de forma robusta amenazas como la filtración de pruebas, el conflicto de interés, la falsedad en datos de aspirantes o las limitaciones tecnológicas del sistema de reclutamiento en línea.
En una revisión de 95 expedientes de personas nombradas entre febrero de 2022 y febrero de 2026, el ente contralor encontró vacíos informativos y omisiones documentales como que en el 62% de los expedientes faltaba el campo de “Traslado a Comisión Interdisciplinaria”, o que en el 36% de los casos no se justificó el “No traslado” y finalmente que en un 27% no constaba evidencia del inicio del curso policial.
La auditoría también apuntó fallas en la verificación de antecedentes, ausencia de formularios para registrar los resultados de la investigación preempleo y la revisión de redes sociales, así como la falta de criterios de actuación para elevar casos complejos a la Comisión Interdisciplinaria de Selección. En ese punto, la CGR sostuvo que el procedimiento de reclutamiento careció de una definición y estandarización de criterios basada en un análisis integral de riesgos.
Inhabilitados sin controles
Otro de los hallazgos centrales fue el riesgo de nombramiento de personal inhabilitado pues indicó que, entre el 11 de marzo de 2022 y el 26 de mayo de 2026, el ministerio dio de baja a 187 personas con impedimentos para reingresar a la función pública o policial; sin embargo, 149 de esos casos no aparecían en el Registro de Inelegibles de la Plataforma Integrada de Empleo Público (PIEP). Además, seis de esas personas figuraban contratadas en otras instituciones públicas.
El informe añadió que la Dirección General de Servicio Civil (DGSC) rechazó durante 2026 el registro de al menos ocho personas exfuncionarias policiales con impedimento para ejercer cargos policiales, al sostener que su sistema solo permitía registrar inhabilitaciones para cargos públicos en general y no sanciones específicas como las previstas en la Ley General de Policía. La Contraloría concluyó que esa limitación expuso al Estado al nombramiento de personas inhabilitadas y debilitó la confiabilidad de la PIEP como herramienta centralizada de control.
Ante esos hallazgos, se ordenó al Ministerio de Seguridad actualizar y oficializar el procedimiento de reclutamiento policial, elaborar e implementar una valoración de riesgos específica y corregir las debilidades en omisiones documentales, verificación de antecedentes y criterios de actuación. También dispuso a la DGSC ejecutar las acciones necesarias para registrar y publicar la información sobre inhabilitaciones, de forma que las instituciones reclutadoras puedan consultarla efectivamente.
La Contraloría General de la República concluyó que las debilidades detectadas comprometen la integridad institucional, reducen la trazabilidad de las decisiones y aumentan la vulnerabilidad del sistema de selección policial, en un contexto en el que el Ministerio reportó 1.766 plazas vacantes, equivalentes al 10% de los puestos autorizados.
La entrada Contraloría: Hay débiles controles y hasta riesgo de nombrar en cargos de policía a personas inhabilitadas aparece primero en Semanario Universidad.
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