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Mario Bermúdez Vives
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Las contradicciones y las pifias han dominado y complicado la agenda legislativa en el primer mes de los nuevos diputados, con un balance que apunta a una renovación de la polarización entre el oficialismo, esta vez con un Partido Pueblo Soberano (PPSO) con una mayoría de 31 legisladores, y una oposición de cuatro fracciones que están articulando sus 25 votos para hacerse sentir.
Sin embargo, aunque el PPSO afianzó su discurso en una continuidad de la agenda del chavismo, ha sido notorio el abandono del proyecto de las jornadas laborales de doce horas, que la entonces jefa de fracción Pilar Cisneros presentaba como una reforma urgentísima, que tenía décadas de ser postergada. Al parecer, la nueva administración no refrendó esa visión, ya que el proyecto no se ha convocado en este primer período de sesiones extraordinarias, en las que la agenda la define el Poder Ejecutivo.
Se entiende: la vía rápida de las jornadas laborales obligaría a concentrar todo el trámite legislativo únicamente en este proyecto y la votación de más de 4 mil mociones pendientes, entre las de fondo y las revisiones. Y el nuevo gobierno de Laura Fernández quiere avanzar en sus propias prioridades, pero ello no evita la contradicción en relegar lo que fue el proyecto estrella del chavismo durante más de un año.
Y no es la única incongruencia. De hecho, es apenas una de las que están marcando este primer mes, en el que el oficialismo clama contra el Poder Judicial alegando que se requieren acciones para una justicia pronta y cumplida, y su fracción no tiene empacho en bloquear la elección de magistrados suplentes de la Sala Constitucional, solo porque no les gusta ninguno de los 18 candidatos remitidos por la Corte, y prefiere buscar un nuevo proceso, aunque esto retrase durante meses los nombramientos, acumule atrasos en trámites judiciales y hasta cierne la amenaza de un cierre técnico sobre la Sala Constitucional, con lo que el oficialismo se convierte en el principal obstáculo en la vía más eficiente que tienen los ciudadanos para lograr justicia pronta y cumplida.
Malabares ante la herencia
El oficialismo también tuvo que hacer malabares para justificar el archivo del caso de acoso sexual contra el ex diputado Fabricio Alvarado, el gran aliado del chavismo para evitar los procesos para levantamiento de la inmunidad en contra de Chaves en la Asamblea Legislativa… en dos ocasiones. En este caso, incluso la presidenta Laura Fernández había acusado a Alvarado de haberla acosado, durante los debates presidenciales, pero eso no impidió que la presidenta legislativa Yara Jiménez realizara un ejercicio de contorsión para evitar la votación de los informes legislativos. Primero anunció que buscaría un criterio técnico en el Departamento Jurídico de la Asamblea, en lugar de Servicios Técnicos, como pedían las fracciones de oposiciones. Y en esos giros caprichosos del destino, cuando el Departamento Jurídico avaló la votación, entonces si validó un informe de Servicios Técnicos que recomendaba el archivo.
También deben citarse los chispazos en el tema de la reforma eléctrica, el proyecto de Armonización que el Gobierno convocó con la intención de lograr una rápida aprobación de una reforma que en la anterior Asamblea se atascó. Pero en este caso, la contradicción se presentó en el Partido Liberación Nacional (PLN), que había avalado un texto sustitutivo en la anterior Asamblea, y prefirió poner reversa en la actual legislatura, para anunciar que no apoyaría el proyecto.
El Gobierno no se lo tomó bien: la presidenta Laura Fernández decidió que la forma de negociar era descalificar a la oposición acusándolos de “comunistas” y “vagabundos”, mas a tono con el estilo de su antecesor Rodrigo Chaves, que con los intentos de negociar que ella misma anunció como su estilo. Pero la declaración de la bancada de PPSO que la posición del PLN los tomaba por sorpresa también sugirió una negociación poco prolija, en el menor de los casos, o un desprecio por la oposición, en el peor de todos, que parecía en la línea con la conformación de las comisiones legislativas, olvidando que la mayoría de 31 diputados no es suficiente para aprobar las reformas de gran calado a las que aspira el oficialismo en varios temas.
Y este tema también detonó una contradicción en el manejo de la presidenta legislativa Yaa Jiménez para la dirección del debate legislativo, ya que le quitó el uso de la palabra al diputado del PLN, Eder Hernández el 25 de mayo, alegando que solicitaba la palabra por el orden para intentar generar un debate, pero en cambio fue permisiva con las intervenciones de los diputados del PPSO, Cindy Murillo y Nogui Acosta, cuando arremetieron contra la diputada Claudia Dobles el 3 de junio, tras solicitar la palabra por el orden. Esto erosionó el discurso de Jiménez de que busca un debate más eficiente, en el que no se recurra a pedir la palabra “por el orden” para defender posturas políticas.
Cuando el pasado llama
Esa misma negociación poco diplomática se apreció en el tema de Crucitas, en el que la bancada del PPSO no quiso atender las solicitudes de la oposición para no “quemar” el segundo día de mociones para el proyecto 24.717, en busca de consensos. El resultado fue una lluvia de mociones, más de 600, que evidenciaron que el camino de esta iniciativa estaba lejos de los consensos y que la estrategia de lluvias de mociones estaba lejos de ser superada.
En esa ruta, el viaje que la presidenta Fernández propuso a los diputados para el 19 de junio, en lugar de acercar posiciones, podría alejarlas: varios jefes de fracción han indicado que valoran si asistir, ante las actitudes hostiles que han recibido en esta materia.
Y en este orden de contradicciones, debe recordarse la promesa de Fernández en campaña de la entrega de recursos del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROPC), que no se ha traducido en debate o siquiera convocatoria de proyectos, matizado con que se debe buscar la técnica correcta para la devolución de estos fondos.
Las señales positivas
Pero no todo ha sido conflicto. En este inicio, se dieron señales positivas, en el sentido de que a pesar de la polarización del Gobierno anterior y los indicios de su mantenimiento en el nuevo escenario, los diputados lograron el avance de iniciativas por unanimidad.
Tal fue el caso de los tres préstamos que la presidenta Fernández había incluido en la agenda de consenso, en el que destaca el financiamiento para el Tren Rápido de Pasajeros (TRP) del área metropolitana.
También hubo unanimidad en la aprobación del proyecto para autorizar a Japdeva la realización de alianzas estratégicas para construir una Marina en Limón, un expediente que requirió de un texto sustitutivo para limpiarse de las manchas de las inconstitucionalidades de la Ley Jaguar (era una de las iniciativas que la Sala Constitucional detuvo en una de las dos consultas).
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