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Adrián Z. Rivero
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El Consejo Universitario (CU) acordó solicitar a la Rectoría de la Universidad de Costa Rica (UCR) explicaciones para los casos de funcionarios que queden excluidos del ajuste salarial de 1,5% aprobado en el pasado mes de julio.
Tal como reportó UNIVERSIDAD en su momento, este ajuste —que ya se hizo efectivo— solo aplica para los funcionarios administrativos con salario menor o igual al global, y para académicos con remuneración menor al esquema global.
Así consta en la Resolución de Rectoría R-383-2026, en la que se anunció que no se aumentaría a los empleados que ganan más que el salario global debido a la aplicación de la Ley Marco de Empleo Público (10.159).
En el caso particular de los académicos que ganan lo establecido en la escala global, de momento a ellos tampoco se les brindó el ajuste pues el reglamento sobre esas remuneraciones está en consulta.
Esas exclusiones generaron amplias críticas y rechazo del Sindicato de Empleados de la UCR (Sindeu), el cual considera que el aumento debía ser para todos. De igual forma, varios miembros del CU habían manifestado inquietudes al respecto.
Bajo este contexto, el órgano colegiado acordó este martes instar a la Rectoría a que valore todos los mecanismos viables para “procurar el reconocimiento y pago del ajuste del 1,5 % por concepto de costo de vida a la totalidad de las personas trabajadoras de la UCR”.
En el acuerdo también se pide a la Administración conformar, en un plazo de 15 días, una mesa técnica para “identificar y documentar las alternativas que permitan” dicho ajuste.
Además, el CU establece un plazo de 30 días hábiles para que la Rectoría remita un informe “que contenga la ruta propuesta para atender a las personas trabajadoras que no fueron comprendidas en la Resolución R-383-2026 (la del ajuste salarial)”.
“En caso de determinarse que alguna población no puede ser incorporada de inmediato, el informe deberá señalar de manera expresa y suficientemente motivada los impedimentos concretos, las alternativas examinadas y las acciones normativas, administrativas o jurisdiccionales que podrían permitir superar dichos obstáculos”, dice el acuerdo del Consejo.
La propuesta fue presentada por el representante del sector administrativo, Hugo Amores, y apoyada por Sergio Salazar, del Área de Ciencias Agroalimentarias; Francisco Guevara, de Artes y Letras; Olman Vargas, de los Colegios Profesionales; Natalia Solano, de Ingeniería; Keilor Rojas, director del CU y representante de Ciencias Básicas; Carolina Santamaría, de Salud; e Ilka Treminio, de Ciencias Sociales.
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El pasado 30 de julio, el Sindeu se declaró en estado de conflicto con la Universidad debido a una supuesta discriminación salarial.
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