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Fabiola Pomareda García
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El Consejo Universitario (CU) de la Universidad de Costa Rica (UCR) aprobó con 10 votos a favor y ninguno en contra un acuerdo que recomienda a las jefaturas de las fracciones legislativas no aprobar el proyecto de “Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional” (Expediente 23.414).
La Asamblea Legislativa le consultó a la UCR su criterio sobre el texto actualizado del proyecto de ley, y la posición de la universidad fue la misma que en las consultas que se le hicieron anteriormente. El 8 de junio de 2023 y el 6 de junio de 2024 el CU ya había emitido criterios institucionales respecto a textos previos y recomendó no aprobar dicha iniciativa de ley por debilitar el modelo social.
El CU recibió observaciones al texto actualizado del proyecto de ley por personas expertas de las Escuelas de Ingeniería Eléctrica, Antropología, Ciencias Políticas y Trabajo Social.
La UCR reconoce que el modelo actual requiere una modernización; pero advierte que su transformación debe realizarse de manera cuidadosa y técnicamente fundamentada. “De lo contrario, se corre el riesgo de perpetuar decisiones técnicas supeditadas a coyunturas políticas, así como de retrasar la adopción de tecnologías clave como el almacenamiento energético, la generación solar distribuida y la electrificación del transporte”, señaló.
Para la UCR, lo que sería pertinente es considerar aumentar el límite actualmente permitido para la generación privada, que está establecido en un 15% por la Ley 7200, hasta un 20 %, como una respuesta provisional y pragmática ante eventuales preocupaciones sobre la incapacidad del sistema para satisfacer el crecimiento de la demanda eléctrica, al tiempo que permitiría ampliar el margen de maniobra del sector energético.
Objetivo es el lucro privado
Entre las observaciones hechas al texto están que éste reconfigura la estructura del sector eléctrico costarricense, desplazando el modelo histórico de integración estatal y solidaridad hacia un esquema basado en la competencia y la participación de mercado y que “implica una progresiva desnaturalización de la electricidad como servicio público”.
Otro cuestionamiento es que se trasladan funciones estratégicas del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) al Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (Ecosen), una entidad adscrita al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), lo que introduce “riesgos de conflictos de interés por la participación de agentes empresariales”; y que la autorización para que generadores privados exporten energía al mercado regional redefine la distribución de beneficios, al trasladar ingresos que antes reducían tarifas “a la esfera del lucro privado”.
La UCR también criticó la redefinición significativa del rol del ICE, ya que, de actor central en la planificación, operación y expansión del sistema, pasa a desempeñar funciones más limitadas, que trasladan riesgos económicos al Estado. De forma paralela “se generan condiciones más favorables para la rentabilidad privada, lo que puede alterar los equilibrios históricos que permitieron la universalización del servicio y la implementación de esquemas de subsidio cruzado”, resaltó la universidad.
Asimismo, el CU advirtió que el proyecto reproduce esquemas de liberalización eléctrica promovidos desde la década de 1990, cuyos resultados han sido ampliamente cuestionados. “La evidencia comparada muestra que la privatización de estos sistemas suele traducirse en aumentos tarifarios para la población consumidora residencial y comercial, deterioro en la calidad del servicio y mayor inestabilidad operativa, mientras beneficia desproporcionadamente a grandes entes consumidores y empresas del sector energético”, confirmó.
A lo anterior se suma que el texto presenta deficiencias sustantivas en su formulación y en su coherencia conceptual, evidenciadas en problemas de redacción, inconsistencias en la definición del servicio público, debilidades en el diseño de la gobernanza y un alto grado de incertidumbre regulatoria que podría comprometer la estabilidad del sistema, añadió la UCR.
El proyecto de ley se aprobó el 26 de mayo en primer debate en la Asamblea Legislativa; pero requiere 38 votos (mayoría calificada) para aprobarse en segundo debate. El 27 de mayo, el Ejecutivo lo desconvocó del periodo de sesiones extraordinarias temporalmente.
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