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Adrián Z. Rivero
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La Universidad de Costa Rica (UCR) atraviesa roces internos luego de que la Rectoría aprobara un ajuste por costo de vida que no cubrió a todos los funcionarios, sino solo a los que ganan igual o menos que el salario global.
El ajuste, de 1,5%, fue anunciado en la Resolución de Rectoría R-383-2026 el pasado lunes 20 de julio y se hizo efectivo este 28 de julio.
Sin embargo, ya desde el pasado jueves, el representante del sector administrativo ante el Consejo Universitario (CU), Hugo Amores, aseguró tener una “profunda preocupación” por las exclusiones y calificó el documento como “un balde de agua fría”.
El director del CU, Keilor Rojas, y la representante del Área de Salud, Carolina Santamaría, también cuestionaron la situación, pero el rector Carlos Araya no estaba presente ese día.
Este miércoles se retomó el tema, ya con el jerarca universitario, en un intercambio que comenzó nuevamente con la participación de Amores:
“El costo de vida, desde mi criterio, no es un privilegio. Es una medida que evita que la inflación continúe deteriorando el salario real de quienes trabajan al servicio de la Universidad. […] Seguiré defendiendo que este derecho se reconozca a todos los funcionarios sin distinciones”, dijo el miembro del CU.
Para el representante administrativo, existen suficientes fundamentos jurídicos como para reconocer el aumento a todos los funcionarios, independientemente del esquema remunerativo en el que se encuentren, ya sea compuesto (base+pluses) o el global.
Rojas también criticó esta mañana que en la resolución faltó “mayor fundamentación” para hacer las exclusiones e indicó que, ya que el rector sí asistió a la sesión de este miércoles, podría brindar “algunas justificaciones técnicas o de contexto” para lo sucedido.
Posteriormente, Araya aseguró que la Administración es consciente de “la realidad que atraviesan las personas funcionarias al tener congelados los salarios por un tiempo ya bastante prolongado”, pero agregó que “esto obedece a realidades jurídicas que como universidades no tenemos la potestad de saltarnos”.
La polémica gira alrededor de la aplicación del Transitorio XI de la Ley Marco de Empleo Público (10.159), que impide que los funcionarios con salarios compuestos superiores al global reciban “cualquier incremento salarial producto de aumentos a la base o bien reconocimiento de incentivos”.
Mientras que un sector sostiene que esa disposición no debería aplicarse al tratarse de un ajuste por costo de vida, la Rectoría y la Oficina Jurídica (OJ) no tienen exactamente esa misma visión:
“Lo que está claro es que hay una controversia jurídica razonable y ante esa controversia jurídica razonable, como la define la Oficina Jurídica, le corresponde a la Administración tomar decisiones, y tomar decisiones con base en sostenibilidad financiera, equilibrio presupuestario y contención del gasto”, aseguró el rector.
Araya agregó que tampoco se podía perder de vista la interpretación de la Contraloría General de la República (CGR) sobre este tema y manifestó que su decisión se alinea con “lo que han hecho el resto de instituciones públicas de este país en materia de ajuste durante este año”.
Entre tanto, el Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Costa Rica (Sindeu) convocó a una Asamblea General para este jueves, en la cual se analizarán las implicaciones de la decisión de la Rectoría.
De antemano, algunas seccionales del sindicato, como la de Mantenimiento y Construcción, han manifestado su “absoluto repudio” a la resolución.
“Vemos con gran preocupación cómo las medidas de austeridad de la Administración nos están ahogando. Nos congelan los salarios mientras el costo de vida sube”, dice una carta divulgada por dicha instancia.
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Varios miembros del Consejo Universitario manifestaron que pedirían explicaciones sobre por qué el incremento no se aplicará a todos los trabajadores.
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