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La institucionalidad de la Policía Nacional del Ecuador enfrenta un duro cuestionamiento ético. La Fiscalía General del Estado formuló cargos contra cinco servidores policiales en servicio activo por su presunta participación en el delito de asociación ilícita.
Los uniformados, identificados como Lenin M., Esteban M., Letty C., Iván C. y Ángel C., son investigados por liderar una supuesta red de corrupción interna que se dedicaba a comercializar condecoraciones y reconocimientos falsificados.
Tras acoger el pedido de la Fiscalía, una jueza de Garantías Penales dictó prisión preventiva para tres de ellos. Para los otros dos, la magistrada dispuso medidas alternativas, como la prohibición de salida del país y la presentación periódica dos veces por semana.
El operativo se realizó en coordinación con la Fiscalía de Transparencia y Lucha contra la Corrupción y unidades especiales de la Policía Nacional. Se llevaron a cabo seis allanamientos en las provincias de Pichincha, Cotopaxi y Loja, donde se levantaron evidencias como:
Según la fiscal del caso, esta trama comenzó en enero de 2026. Un parte policial alertó sobre comportamientos inusuales en los procesos de promoción interna.
Varios servidores policiales accedían a reconocimientos sospechosamente idénticos en plazos extremadamente cortos. La investigación reveló que los procesados ofrecían condecoraciones institucionales falsas a cambio de valores económicos entre 100 y 200 dólares.
Para dotar de aparente legalidad a los diplomas, la red utilizaba firmas y sellos falsificados de altas autoridades y funcionarios públicos. Los compradores ingresaban estos documentos en sus hojas de vida institucionales para sumar puntos de mérito y obtener “beneficios” en los procesos de ascenso dentro de la Policía Nacional.
La Fiscalía sustentó su acusación en un robusto expediente consolidado durante casi cinco meses. Las autoridades judiciales autorizaron el uso de técnicas especiales que incluyeron seguimientos, vigilancias y la intercepción de llamadas telefónicas donde se pactaban costos y entrega de certificados fraudulentos.
El delito de asociación ilícita está tipificado en el artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), con penas que oscilan entre tres a cinco años de cárcel.
Con la formulación de cargos concluida, se determinó que la instrucción fiscal tendrá una duración de 90 días, periodo durante el cual se realizarán las pericias caligráficas a los sellos y firmas, así como la reconstrucción del flujo de transferencias bancarias de los implicados.
Información externa Corrupción policial
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La institucionalidad de la Policía Nacional del Ecuador enfrenta un duro cuestionamiento ético. La Fiscalía General del Estado formuló cargos contra cinco servidores policiales en servicio activo por su presunta participación en el delito de asociación ilícita.
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Detenciones y medidas cautelares
Los uniformados, identificados como Lenin M., Esteban M., Letty C., Iván C. y Ángel C., son investigados por liderar una supuesta red de corrupción interna que se dedicaba a comercializar condecoraciones y reconocimientos falsificados.
Tras acoger el pedido de la Fiscalía, una jueza de Garantías Penales dictó prisión preventiva para tres de ellos. Para los otros dos, la magistrada dispuso medidas alternativas, como la prohibición de salida del país y la presentación periódica dos veces por semana.
Operativo y evidencias incautadas
El operativo se realizó en coordinación con la Fiscalía de Transparencia y Lucha contra la Corrupción y unidades especiales de la Policía Nacional. Se llevaron a cabo seis allanamientos en las provincias de Pichincha, Cotopaxi y Loja, donde se levantaron evidencias como:
- Ocho teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes.
- Un dispositivo de almacenamiento masivo.
- 11 certificados y actas que presuntamente corresponden a los reconocimientos falsificados.
El fraude detrás de las condecoraciones
Según la fiscal del caso, esta trama comenzó en enero de 2026. Un parte policial alertó sobre comportamientos inusuales en los procesos de promoción interna.
Varios servidores policiales accedían a reconocimientos sospechosamente idénticos en plazos extremadamente cortos. La investigación reveló que los procesados ofrecían condecoraciones institucionales falsas a cambio de valores económicos entre 100 y 200 dólares.
Para dotar de aparente legalidad a los diplomas, la red utilizaba firmas y sellos falsificados de altas autoridades y funcionarios públicos. Los compradores ingresaban estos documentos en sus hojas de vida institucionales para sumar puntos de mérito y obtener “beneficios” en los procesos de ascenso dentro de la Policía Nacional.
Técnicas especiales de investigación
La Fiscalía sustentó su acusación en un robusto expediente consolidado durante casi cinco meses. Las autoridades judiciales autorizaron el uso de técnicas especiales que incluyeron seguimientos, vigilancias y la intercepción de llamadas telefónicas donde se pactaban costos y entrega de certificados fraudulentos.
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Marco legal del delito
El delito de asociación ilícita está tipificado en el artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), con penas que oscilan entre tres a cinco años de cárcel.
Con la formulación de cargos concluida, se determinó que la instrucción fiscal tendrá una duración de 90 días, periodo durante el cual se realizarán las pericias caligráficas a los sellos y firmas, así como la reconstrucción del flujo de transferencias bancarias de los implicados.
Información externa Corrupción policial
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