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Vinicio Chacón Soto
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De cara a la realización de múltiples plantones en defensa de la democracia este jueves, el Concejo Municipal de Santa Ana desde el martes tomó una resolución en la que plasmó su “firme compromiso con la defensa del Estado de Derecho, la Constitución Política, la separación de poderes y la independencia del Poder Judicial como pilares fundamentales de la democracia costarricense”.
Por ello hizo “un llamado respetuoso pero firme a todas las autoridades nacionales para que las diferencias entre los Poderes de la República sean abordadas mediante los mecanismos constitucionales y legales correspondientes”.
Entre las consideraciones hechas al tomar el acuerdo, impulsado por el regidor Roberto Spensy Garrón, del Partido del Sol, se reiteró que Costa Rica “es una República democrática, libre e independiente, sustentada en el respeto a la Constitución Política, el Estado de Derecho, la división de poderes y el sistema de pesos y contrapesos que caracteriza nuestro orden constitucional”.
Se ponderó además que la independencia del Poder Judicial “constituye una garantía esencial para todas las personas, pues permite que jueces y magistrados ejerzan sus funciones conforme al ordenamiento jurídico, libres de presiones o interferencias provenientes de otros poderes o actores políticos”.
Así, se procede a referirse al hecho de que la Sala Constitucional adoptó la resolución relacionada con la situación de sus magistraturas suplentes, la cual según se recordará provocó la ira de la presidenta Laura Fernández quien llegó al incoherente extremo de tacharla de “golpe de Estado”.
Al respecto, se reflexionó que las resoluciones judiciales pueden ser objeto de crítica y cuestionamiento, pero “resulta preocupante que las diferencias entre los Poderes de la República deriven en descalificaciones personales o institucionales que puedan menoscabar la confianza ciudadana en nuestras instituciones democráticas”.
De manera que “defender la independencia judicial no implica considerar que las decisiones judiciales estén exentas de crítica, sino reconocer que cualquier diferencia debe plantearse dentro de los cauces constitucionales y legales, respetando las competencias y la independencia de cada Poder de la República”.
Se recordó entonces que los gobiernos locales “forman parte esencial de nuestro sistema democrático”, por lo que “tienen también la responsabilidad de promover una cultura de diálogo, respeto, convivencia democrática y fortalecimiento institucional”. Asimismo, que Costa Rica “ha construido durante décadas una sólida tradición democrática basada en la resolución pacífica de las diferencias y el respeto a sus instituciones, valores que deben preservarse especialmente en momentos de tensión política”.
Por todo ello fue que se acordó manifestar un “firme compromiso con la defensa del Estado de Derecho, la Constitución Política, la separación de poderes y la independencia del Poder Judicial como pilares fundamentales de la democracia costarricense”; así como hacer un llamado “respetuoso pero firme a todas las autoridades nacionales para que las diferencias entre los Poderes de la República sean abordadas mediante los mecanismos constitucionales y legales correspondientes”.
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