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Fabiola Pomareda García
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La Municipalidad de Bagaces se sumó a otras municipalidades del país que han manifestado formalmente su oposición al proyecto de ley de apertura del mercado eléctrico.
El pasado martes, el Concejo Municipal de Bagaces acordó respaldar el acuerdo tomado por la Municipalidad de Goicoechea el 25 de mayo, en el cual se manifestó la oposición al proyecto de Ley de armonización del sistema eléctrico nacional (Expediente 23.414), por considerar que su estructura actual “pone en riesgo la integración, la solidaridad, la planificación pública y la asequibilidad del servicio eléctrico que han caracterizado al país” y solicitó a los diputados “el archivo definitivo del expediente”.
El acuerdo 05-160-2024-2028 fue aprobado por el Concejo Municipal de Bagaces por unanimidad, con cinco votos a favor y ninguno en contra.
Las otras municipalidades que han expresado públicamente su rechazo al proyecto de ley son Goicoechea, Belén, Pérez Zeledón, Montes de Oca, León Cortés, Turrialba, San Rafael de Heredia, San José, Desamparados y San Isidro de Heredia, según sistematizó la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (Anep).
“El pronunciamiento refleja la creciente preocupación de diversos gobiernos locales respecto a los posibles impactos que esta propuesta legislativa podría tener sobre el modelo eléctrico nacional y la gestión de un servicio considerado estratégico para el desarrollo del país”, declaró en un comunicado un grupo de organizaciones ecologistas.
Diversas organizaciones ecologistas y comunitarias impulsan una campaña para que más gobiernos locales analicen y se pronuncien sobre el expediente legislativo. “La iniciativa busca que las comunidades se acerquen a sus municipalidades y promuevan acuerdos en base a la autonomía municipal, incentivando la participación ciudadana y el derecho de los gobiernos locales a ser escuchados en decisiones que podrían tener implicaciones para sus territorios”, destacó el comunicado.
La estrategia retoma experiencias exitosas desarrolladas en el pasado, cuando decenas de municipalidades se declararon “territorios libres de cultivos transgénicos y libres del uso de determinados herbicidas”. En ese momento, más del 90% del territorio nacional adoptó este tipo de pronunciamientos en el caso del maíz transgénico.
Entre las organizaciones ecologistas se encuentran Bloque Verde, Bloque Azul, COECOCeiba-Amigos de la Tierra CR, Costa Rica por el Océano, Movimientos Ríos Vivos, Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (Fecon), Frente Eco Cipreses, Oilwatch Costa Rica, Red de Coordinación en Biodiversidad, Talamanca Siempre Verde y la Red de Mujeres Costeras.
Requiere 38 votos
El proyecto de ley fue aprobado el pasado 26 de mayo en primer debate en la Asamblea Legislativa con 27 votos a favor, del Partido Pueblo Soberano (PPSO) y 24 votos en contra; pero requiere 38 votos (mayoría calificada) para ser aprobado en segundo debate.
Votaron en contra del proyecto la fracción del Frente Amplio (FA), 16 diputados de Liberación Nacional y la diputada Claudia Dobles (Coalición Agenda Ciudadana), mientras una multitud compuesta por estudiantes, activistas de organizaciones ecologistas, sociales, sindicatos y ciudadanía en general se mantuvo en protesta afuera de la Asamblea Legislativa hasta bien entrada la noche.
El 27 de mayo, la presidenta de la República, Laura Fernández, desconvocó del periodo de sesiones extraordinarias temporalmente. “Yo creo que hay que desconvocarlo para que Liberación Nacional y el Frente Amplio recapaciten de lo que le están haciendo al país con este tema” para que estudien el proyecto, para dar una pausa de cara al segundo debate”, señaló Fernández.
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