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José Alejandro Sánchez
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El Consejo Nacional de Rectores (CONARE) manifestó su disposición a colaborar con una eventual investigación legislativa sobre la administración y ejecución de los recursos asignados a las universidades públicas, aunque pidió que el proceso respete la autonomía universitaria establecida en los artículos 84 y 85 de la Constitución Política.
La reacción surge después de que diputados del Partido Pueblo Soberano presentaran una moción en la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público para investigar durante un periodo de hasta dos años el manejo del Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior Estatal (FEES) y de otros recursos públicos administrados por las cinco universidades estatales.
CONARE reconoció el control político como una herramienta propia del sistema democrático y señaló que aportará la información correspondiente, participará en las audiencias que se convoquen y mantendrá un diálogo “respetuoso, técnico y basado en evidencia”.
“El compromiso de las universidades públicas es con la legalidad, la transparencia, la eficiencia en el uso de los recursos públicos y la rendición de cuentas ante la ciudadanía”, afirmó el presidente de CONARE y rector de la Universidad Nacional, Jorge Herrera Murillo.
El Consejo sostuvo que las instituciones de educación superior no pretenden evadir el escrutinio de los órganos estatales y que han atendido regularmente los procesos de fiscalización y las recomendaciones de las instancias competentes.
No obstante, hizo un llamado a los diputados para que el análisis se realice de forma responsable y tome en consideración las consecuencias que las decisiones sobre el financiamiento universitario podrían generar para el desarrollo científico, tecnológico, económico y social del país.
CONARE también recordó que cada universidad presenta anualmente ante la Contraloría General de la República cuatro informes de ejecución presupuestaria, un informe de liquidación y dos evaluaciones de su Plan Anual Operativo y Presupuestario.
A estos controles se suman las auditorías internas, las fiscalizaciones especiales de la Contraloría y el seguimiento de los compromisos adquiridos mediante la Comisión de Enlace y el Plan Nacional de la Educación Superior Universitaria Estatal, conocido como PLANES.
Pueblo Soberano plantea investigación de hasta dos años
La moción fue presentada por los diputados oficialistas Kattya Mora Montoya, Gonzalo Ramírez Zamora y Stephan Brunner Neibig ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público. La propuesta todavía debe ser conocida y aprobada por ese órgano legislativo para que la investigación sea abierta formalmente.
El texto propone analizar la administración, ejecución, fiscalización y transparencia de los recursos de las universidades estatales, con énfasis en gastos administrativos, representación, alimentación, actividades protocolarias, viáticos, viajes oficiales, cooperación internacional y capacitaciones.
Además, busca determinar la composición del gasto administrativo y sustantivo de cada institución, la ejecución de los recursos provenientes del FEES, la suficiencia de los controles internos y la razonabilidad de las erogaciones efectuadas por las autoridades universitarias.
La iniciativa pide convocar a los rectores Carlos Araya Leandro, de la UCR; María Estrada Sánchez, del Instituto Tecnológico de Costa Rica; Jorge Herrera Murillo, de la Universidad Nacional; Rodrigo Arias Camacho, de la Universidad Estatal a Distancia; y William Rojas Meléndez, de la Universidad Técnica Nacional.
También serían llamados la Presidencia de CONARE, los auditores internos y directores financieros de las cinco instituciones, así como la Contralora General de la República, Marta Acosta.
Los proponentes relacionaron la solicitud con la negociación del FEES para 2027 y con publicaciones recientes sobre gastos en alimentación y representación realizados por autoridades universitarias, particularmente por la Rectoría de la UCR.
Entre esos antecedentes se encuentran cuatro actividades efectuadas durante el último cuatrimestre de 2025, por las cuales la Rectoría de la UCR pagó alrededor de ₡818.000 en servicios de alimentación. El Consejo Universitario solicitó posteriormente explicaciones a Carlos Araya y ordenó revisar el uso de esas partidas durante los últimos tres años.
Aunque Araya sostuvo que los consumos correspondieron a actividades académicas y protocolarias permitidas por la normativa, la institución adoptó posteriormente medidas que prohíben, como regla general, financiar alimentación en reuniones ordinarias y exigen una justificación previa para los casos excepcionales.
La entrada CONARE anuente con propuesta de moción legislativa que investigará gastos de representación pero pide respeto a la autonomía aparece primero en Semanario Universidad.
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