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Mario Bermúdez Vives
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Los diputados de la Comisión de Hacendarios rechazaron un proyecto que procuraba dotar de financiamiento los programas en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), para atender los crecientes problemas de salud mental en el país.
El proyecto de ley 24.520, «Ley para aumentar el presupuesto que invierte el Estado en la atención de la salud mental», impulsado por la fracción del Frente Amplio (FA), fue archivado luego de que en una primera votación registró un empate de 5 diputados a favor y 5 en contra, y en una segunda ronda, el apoyo se redujo a 2 contra 7 que votaron en contra.
La propuesta pretendía destinar un 20% del impuesto del valor agregado (IVA) de los servicios digitales transfronterizos a la CCSS, como una forma de dotarla de recursos para atender los problemas de salud mental, ya que el país cuenta desde el 2024 con una Política Nacional de Salud Mental 2024-2034, pero carece de recursos específicos.
Los diputados del FA, Antonio Trejos y Eugenia Román, defendieron la iniciativa, alegando que la propuesta no afectaba la recaudación tributaria, por cuanto el tributo a las plataformas digitales se encuentra en crecimiento, y sería la forma de atender un problema creciente.
La diputada Angela Aguilar, del Partido Liberación Nacional (PLN), coincidió en que se trata de un problema en aumento que requiere atención específica, al citar que en el 2025 se presentaron 396 fallecimientos por suicidios, y el servicio de emergencias 911 recibió 3.300 llamadas de personas que presentaron casos de ataques que podían derivan en terminar sus vidas.
No obstante, Nogui Acosta, presidente de la comisión y diputado del Partido Pueblo Soberano (PPSO), argumentó que el propósito era bueno, pero tenía dos problemas: pretendía el establecimiento de un destino específico, algo que los oficialistas rechazan, y no presentar nuevos recursos para financiar ese destino, sino que lo toma de tributos ya vigentes. «El Presupuesto tiene un déficit financiera de 4% del Producto Interno Bruto (PIB) que hay que financiar todos los años. Este proyecto, y otros de destinos específicos, no dan nuevos recursos, sino que pretende redistribuir lo poco que hay», dijo.
Esto provocó el reclamo de los diputados del FA. «Vean la ironía, el Gobierno quiere reducir los impuestos al tabaco y al guaro, pero nos dicen que no hay plata para atender la salud mental», expresó Trejos.
En un intento de rescatar la iniciativa, la diputada Aguilar consultó si existía posibilidad de rescatar el proyecto, buscando un cambio en la fuente del financiamiento. Al respecto, Acosta indicó que en el PPSO estaban de acuerdo con el concepto de que la salud mental es un tema importante en el que se deben realizar acciones, pero no a costa de sacrificar otras necesidades. «Si hay un recurso nuevo, podríamos avanzar con esto», dijo. Sin embargo, especificó que por ser un proyecto de ley con plazo vencido, solo se le podrían realizar ajustes en el Plenario con un dictamen favorable, que no se concretó en la votación
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