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Mario Bermúdez Vives
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La Comisión de Asuntos Hacendarios finalizó las sesiones de su actual período legislativo, en una jornada en la que se dictaminaron por mayoría tres expedientes de ley, todos fuertemente adversados por el oficialismo: la promoción de trabajo para mayores de 55 años, reducción del Impuesto de Valor Agregado (IVA) a pañales desechables y el impedimento al ministerio de Hacienda para el cobro abusivo de impuestos a automotores.
El primer proyecto dictaminado fue el 24.149, impulsado por la diputada independiente Johana Obando, para establecer incentivos fiscales -deducciones de impuestos- para las empresas que incluyan en sus planillas laborales a personas de 55 años o mas. Este expediente fue avalado por la presidenta de la comisión, Paulina Ramírez, sus compañeros del Partido Liberación Nacional (PLN) Joaquín Hernández y Luis Fernando Mendoza; y los diputados Jonathan Acuña del Frente Amplio (FA), Eliécer Feinzaig del Partido Liberal Progresista (PLP), y Vanessa Castro, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). En contra se ubicaron la oficialista Pilar Cisneros, José Pablo Sibaja de Nueva República (NR) y Sonia Rojas, quien fue separada de la fracción del PLN el pasado 12 de enero.
En esta iniciativa, la jefa de la fracción oficialista Pilar Cisneros fijó la ruta discursiva de la sesión: cuestionó a los diputados por aprobar proyectos que representarían, en caso de ser aprobados en el Plenario, una reducción de ingresos fiscales. «La misma Contraloría señaló que este proyuecto genera un costo fiscal, una menor recaudación tributaria, y no hay ningún estudio del impacto, ni tampoco medidas compensatorias. Los beneficios fiscales deberían estar acompañados de un estudio de costo / beneficio de la medida, que este proyecto no tiene», dijo, tras para anunciar que presentará un dictamen negativo de minoría.
Por su parte, la diputada Castro aseguró que se debería tomar en cuenta otras condiciones, en el caso de este proyecto, los beneficios de que los adultos mayores permanezcan activos profesionalmente, lo que no solo tendrá aspectos económicos -como menores presiones sobre instituciones y personas que deberían mantenerlos en caso de no tener ingresos-, sino aspectos como el aprovechamiento de experiencia y conocimientos.
El segundo expediente fue el 24.266, reducción del IVA a los pañales desechables para infantes y adultos mayores, una propuesta del diputado Francisco Nicolás para variar el cobro actual del IVA de un 13% a un 1%. Este también fue rechazado por Cisneros, quien alegó que en el 2022, el tratamiento preferencial para los pañales generó un costo tributario de ₡8.675 millones. «Seguimos aprobando proyectos que le quitan dinero al fisco. ¿Cómo quieren luego que haya recursos para inversión'», expresó, para anunciar que también en este caso, presentará un dictamen negativo de minoría. En este caso, solo la acompañó en la votación Sonia Rojas: Sibaja votó con la mayoría el texto sustitutivo, que terminó respaldado por 7 votos contra 2.
El tercer proyecto dictaminado por mayoría fue el 24.724, impedimento al Ministerio de Hacienda para el cobro abusivo del impuesto de propiedad de vehículos automotores, aeronaves y embarcaciones, del diputado Feinzaig, que pretende prohibirle a Hacienda aumentar el valor de un vehículo de un año al siguiente; evitar que Hacienda pueda variar la forma como se determina la base imponible de un vehículo, una vez que la definió la primera vez, y ajustar las bases imponibles afectadas por interpretaciones de Hacienda.
En esta iniciativa se volvió a la división de 6 votos contra tres, ya que Sibaja volvió a ubicarse en las filas del rechazo a la iniciativa, junto con Rojas y Cisneros, quien volvió a anunciar que presentaría un dictamen negativo de minoría.
Tras estas votaciones, la presidenta Paulina Ramírez anunció un informe sobre el desempeño de la comisión en este cuatrienio, en el que realizaron 391 sesiones y 95 dictámenes. Además, Ramírez precisó que en materia de financiamiento internacional, se aprobaron 11 créditos, por $4.738 millones, de los cuales $1.958 millones correspondieron a apoyo presupuestario y $2.780 millones a inversión pública. «Y en esto no se suma el crédito de avales, que pasó directamente por el Plenario y que eleva a 3.080 millones la aprobación de financiamiento para infraestructura», indicó la presidenta de la comisión.
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