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Boris Gongora
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La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados analiza siete proyectos de ley destinados a garantizar el funcionamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), así como cubrir las acefalías existentes en ambas instancias judiciales.
El diputado Antonio Pino O’Barrio (Libre) calificó como “bastante ampulosa” las iniciativas legislativa, además de añadir que existe un fallo judicial emitido por una sala constitucional de El Alto que obliga a la comisión a tratar uno de los proyectos, decisión que, a su criterio, “está fuera de lugar”.
Explicó que, por otro lado, el reglamento de la Cámara de Diputados también obliga a considerar los proyectos remitidos por la Cámara de Senadores. No obstante, destacó que ambas propuestas son similares en el fondo, ya que buscan que el TCP no solo asuma las funciones previstas en el artículo 30 de la Ley 027 —referidas a la representación y tareas administrativas—, sino que también pueda ejercer funciones jurisdiccionales en sala plena.
“Se está analizando. Hay un montón de detalles que se deben revisar, como establecer si el fallo de la sala constitucional es vinculante para el primer poder del Estado, y si dos vocales de una sala pueden obligar al Legislativo a legislar cuando existe una variedad de proyectos de ley”, indicó, en referencia a las siete iniciativas en análisis.
El martes en sesión de la Comisión la presidenta del TCP, Paola Prudencia, pidió a esa instancia agilizar la aprobación de la ley corta que habilita a la presidenta de esa instancia asumir tareas jurisdiccionales y no solo administrativas.
Lea más: Comisión de Constitución debatirá hasta cuatro leyes para el funcionamiento del TCP
Pino aseguró que existe la voluntad y la obligación de normalizar las actividades del TCP, pero expresó su desacuerdo con lo que consideró imposiciones externas, en referencia al fallo de la sala constitucional de El Alto.
“Vamos a reinstalar el cuarto intermedio y analizar fundamentalmente dos proyectos de ley: el 022/2025, que responde al fallo judicial, y el 026, que proviene de la Cámara de Senadores y que, de manera muy llamativa, no fue tratado por la Comisión de Justicia Plural”, señaló.
Añadió que se evaluará hasta qué punto se retomará el tratamiento de estos proyectos y si corresponde modificar disposiciones que ya fueron analizadas en otra comisión.
En noviembre de 2025, una sala constitucional de Potosí dispuso el cese de funciones de los magistrados denominados “autoprorrogados”, decisión que posteriormente fue respaldada por otra sala constitucional de Santa Cruz.
Consultado sobre la posibilidad de convocar a elecciones judiciales complementarias, Pino afirmó que no solo es necesario debatir el tema, sino que se trata de una condición indispensable para normalizar el funcionamiento del TCP.
“Cualquier modificación que se haga al funcionamiento del TCP con cuatro de nueve magistrados debe ser temporal, hasta que se elijan a las autoridades que han sido relevadas”, sostuvo.
Señaló que lo óptimo sería concretar este proceso durante la presente gestión, aunque advirtió que aún no se puede asegurar ese escenario. “Dar por sentado que va a ser este año considero que sería irresponsable”, afirmó.
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El diputado Antonio Pino O’Barrio (Libre) calificó como “bastante ampulosa” las iniciativas legislativa, además de añadir que existe un fallo judicial emitido por una sala constitucional de El Alto que obliga a la comisión a tratar uno de los proyectos, decisión que, a su criterio, “está fuera de lugar”.
Explicó que, por otro lado, el reglamento de la Cámara de Diputados también obliga a considerar los proyectos remitidos por la Cámara de Senadores. No obstante, destacó que ambas propuestas son similares en el fondo, ya que buscan que el TCP no solo asuma las funciones previstas en el artículo 30 de la Ley 027 —referidas a la representación y tareas administrativas—, sino que también pueda ejercer funciones jurisdiccionales en sala plena.
“Se está analizando. Hay un montón de detalles que se deben revisar, como establecer si el fallo de la sala constitucional es vinculante para el primer poder del Estado, y si dos vocales de una sala pueden obligar al Legislativo a legislar cuando existe una variedad de proyectos de ley”, indicó, en referencia a las siete iniciativas en análisis.
El martes en sesión de la Comisión la presidenta del TCP, Paola Prudencia, pidió a esa instancia agilizar la aprobación de la ley corta que habilita a la presidenta de esa instancia asumir tareas jurisdiccionales y no solo administrativas.
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Pino aseguró que existe la voluntad y la obligación de normalizar las actividades del TCP, pero expresó su desacuerdo con lo que consideró imposiciones externas, en referencia al fallo de la sala constitucional de El Alto.
“Vamos a reinstalar el cuarto intermedio y analizar fundamentalmente dos proyectos de ley: el 022/2025, que responde al fallo judicial, y el 026, que proviene de la Cámara de Senadores y que, de manera muy llamativa, no fue tratado por la Comisión de Justicia Plural”, señaló.
Añadió que se evaluará hasta qué punto se retomará el tratamiento de estos proyectos y si corresponde modificar disposiciones que ya fueron analizadas en otra comisión.
En noviembre de 2025, una sala constitucional de Potosí dispuso el cese de funciones de los magistrados denominados “autoprorrogados”, decisión que posteriormente fue respaldada por otra sala constitucional de Santa Cruz.
Consultado sobre la posibilidad de convocar a elecciones judiciales complementarias, Pino afirmó que no solo es necesario debatir el tema, sino que se trata de una condición indispensable para normalizar el funcionamiento del TCP.
“Cualquier modificación que se haga al funcionamiento del TCP con cuatro de nueve magistrados debe ser temporal, hasta que se elijan a las autoridades que han sido relevadas”, sostuvo.
Señaló que lo óptimo sería concretar este proceso durante la presente gestión, aunque advirtió que aún no se puede asegurar ese escenario. “Dar por sentado que va a ser este año considero que sería irresponsable”, afirmó.
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