M
Mario Bermúdez Vives
Guest
La comisión legislativa de Ambiente inició este lunes el trámite de las mociones presentadas al proyecto de ley que impulsa el Gobierno para legalizar la minería de cielo abierto en Crucitas, en medio de un pulso de legalidad que podría minar la constitucionalidad del expediente.
Únicamente se votaron y rechazaron dos de las 439 mociones que quedaron al proyecto de ley 24.717, luego de que un acuerdo entre el Gobierno y la oposición permitiera el retiro de 162 mociones (27% de las presentadas originalmente).
Sin embargo, el tema fuerte fueron las posibles detonaciones de problemas de constitucionalidad, a partir de la resolución de la presidenta de la comisión, la diputada Zaira Murillo del Partido Pueblo Soberano (PPSO), quien en la sesión del 28 de julio decidió agrupar las mociones restantes en 69 bloques, para acelerar su discusión.
La votación de la apelación se produjo al inicio de la sesión, con el resultado predecible, dada la mayoría de integrantes de PPSO en la comisión: 9 contra 5. Sin embargo, los diputados de oposición aseguraron que este procedimiento viciaría el procedimiento del proyecto: Edgardo Araya, del Frente Amplio (FA) enfatizó en que Murillo realizó una agrupación de mociones sin justificar los elementos para realizar esta decisión, ni especificar los similitudes de identidad en las propuestas para unirlas, salvo tratar de reducir el tiempo para que los opositores pudieran defenderlas. «No sabemos por qué las mociones fueron agrupadas, cómo se hizo esto», dijo.
Adicionalmente, la diputada Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), reclamó que no se le permite votar en la comisión, a pesar de que hace más de un mes la Sala Constitucional decidió con lugar el recurso que ella y Abril Gordienko, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), plantearon para exigir el respeto a su derecho de intercambiar lugares en las comisiones en las que las instaló originalmente la presidenta legislativa Yara Jiménez.
Al respecto, Murillo aseguró que estaban a la espera del fallo completo de la Sala Constitucional, y que solo había trascendido el «por tanto» de la sentencia.
Pero Dobles replicó que las sentencias de la Sala Constitucional deben obedecerse a partir del momento en que se divulgan, y que eso es parte de la jurisprudencia constitucional. En este punto, fue apoyada por la opinión del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa. También Gordienko resaltó que tenían más de un mes de esperar que se les restituyeran los derechos que, según ya se estableció, fueron violados. «Cuando se emite un por tanto, se debe acatar de inmediato, porque precisamente se divulga antes para evitar que continúe la violación de derechos que se deben proteger», dijo.
A pesar de ello, Murillo insistió en que la decisión de esperar el por tanto era de la presidenta legislativa Yara Jiménez, por lo que el reclamo debía canalizarse ante ella.
En este punto, Araya recordó que ambas diputadas son del partido oficialista, por lo que recalcó que esto solo aumenta los vicios de procedimiento que terminarán por dinamitar cualquier avance del proyecto, mientras que Dobles se quejó de que estaban buscando eludir el acatamiento de una sentencia constitucional y que «parecía que la Presidenta legislativa quiere entrar en desacato».
Pero incluso el diputado e integrante de la comisión, el subjefe de PPSO Juan Manuel Quesada, le solicitó a Murillo que fuera más rigurosa y no le diera la palabra por el orden a la diputada Dobles, «porque no es integrante de esta comisión».
Luego de estos reclamos, se inició el trámite de las mociones en la comisión, pero únicamente se votaron, en forma negativa, dos de ellas, con sus respectivas revisiones.
En este proceso, Araya aseguró que dado que el Gobierno quería imponer su solución sobre la respuesta al tema de Crucitas y se negaba a dialogar con la oposición, el debate debería realizarse mediante las mociones, en la comisión. Cuestionó que se quisiera hablar de minería a cielo abierto como algo sostenible, y aseguró que el Gobierno solo quería pasar del robo de oro, a un robo de oro por otros mecanismos.
Este punto, fue rebatido por Ariel Mora, del PPSO, quien aseguró que los oficialistas darán el debate para aclarar la desinformación que impulsa la oposición, y afirmó que, a manera de ejemplo, Araya decía que el proyecto daba solo un 5% de las utilidades de la empresa al país, cuando el expediente indicaba que sería el 7% de los ingresos brutos.
Todavía se requiere el trámite de las 436 mociones en la comisión (una fue retirada) y sus revisiones, antes de que el proyecto pase al Plenario, donde se pueden reiterar las mociones antes de la discusión por el fondo, y aun está sobre la mesa la posibilidad de un texto de consenso, como parte del proceso para el retiro de mociones.
La entrada Comisión de Ambiente inició trámite de mociones sobre Crucitas, con dudas sobre legalidad del proceso aparece primero en Semanario Universidad.
Sigue leyendo...