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Daniela Muñoz Solano
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La comisión terminó de tramitar -y rechazar- las decenas de mociones que se habían interpuesto al texto sustitutivo del proyecto 24.717 que pretende “regular la exploración y explotación de minería metálica sostenible a cielo abierto en el distrito de Cutris de San Carlos” sin aplicar un sólo cambio.
En la sesión del pasado martes 24 de marzo la comisión conoció las últimas cuatro mociones de las 155 que se habían interpuesto inicialmente para modificar el texto.
Se trata de la “Ley para regular la exploración y explotación de minería metálica sostenible a cielo abierto en el Distrito de Cutris de San Carlos, provincia de Alajuela y reforma parcial al Código de Minería, Ley No. 6797 del 4 de octubre de 1982”.
Algunas de las mociones pretendían ampliar protecciones ambientales, garantizar procesos de transparencia en la concesión de la extracción minera, brindar recursos a entidades para poder supervisar bien la intervención y otros asuntos similares.
No obstante, una vez tras otra, las diputaciones de las bancadas oficialista, de Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana, Nueva República, Liberal Progresista e independientes, cerraron filas tras la iniciativa presentada por el gobierno y rechazaron todas y cada una de las modificaciones, propuestas en su totalidad por el Frente Amplio.
En un principio, los frenteamplistas interpusieron 155 mociones, pero casi una centena de ellas fueron analizadas en una mesa de trabajo que organizó la comisión mencionada.
Luego, en sesiones ordinarias, la comisión conoció las mociones y las rechazó en bloque, siempre sólo con el voto de Priscila Vindas en disonancia.
Este martes, la legisladora de la bancada del FA reclamó que ninguno de los cambios que se propusieron, que van desde lo mínimo y específico hasta lo estructural, fue aceptado y reiteró que de esa forma el órgano estaba autorizando un proyecto peligroso que no solamente generará afectaciones ambientales, sino que no terminará con el problema de la minería ilegal, que no dejará ganancias importantes y que como si fuera poco, no se ha dado un destino específico a los pocos fondos que generará.
“Esto va a caja única del Estado y el gobierno decide cómo usarlo. Podría usarlo en educación, podría usarlo en salud, podría usarlo en infraestructura. podría usarlo en pago de deuda externa, que de todo eso he escuchado, o sea, ¡esto va a alcanzar para todo: seguridad, salud, educación, llevar agua a Crucitas, pavimentar, de todo va a servir!” dijo de forma irónica y terminó diciendo que “la matemática no da” para tanto que se ha prometido.
Y esto lo afirma porque esta iniciativa establece que los concesionarios deberán pagar al Estado una tasa de regalía o “royalty” anual del 5% mínimo del valor equivalente de las ventas de la producción de oro.
Al cierre de la sesión los diputados José Pablo Sibaja, Leslye Bojorges y Olga Morera celebraron cerrar la discusión de mociones del proyecto pues aseguran que es lo que la comunidad en Crucitas necesitan.
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