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Lucía Vásconez
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Desde el 12 de abril de 2026, los precios de las gasolinas y el diésel volvieron a subir en Ecuador bajo el sistema de bandas, en medio de la volatilidad internacional del petróleo. El ajuste ocurre en un contexto geopolítico complejo, marcado por tensiones entre Estados Unidos, Israel e Irán, que presionan al alza los precios del crudo.
Las gasolinas extra y ecopaís, de 85 octanos, superaron por primera vez los 3 dólares por galón al pasar de 2,89 a 3,02 dólares. En paralelo, el diésel premium subió de 2,83 a 2,96 dólares por galón, consolidando una tendencia alcista que empieza a trasladarse al resto de la economía.
El incremento responde al esquema de bandas aplicado desde junio de 2024, tras la eliminación del subsidio a las gasolinas extra y ecopaís. Este mecanismo limita los ajustes mensuales a un máximo del 5%, incluso en escenarios de alta volatilidad internacional.
A esta política se suma la eliminación del subsidio al diésel en septiembre de 2025, durante el Gobierno de Daniel Noboa. Tres meses después, en diciembre de 2025, este combustible también pasó a regirse por el sistema de bandas, alineando progresivamente los precios locales con el mercado internacional.
El alza de los combustibles ya incide en los precios. En marzo de 2026, la inflación mensual se ubicó en 0,12%, impulsada principalmente por el transporte, que aportó 0,0822 puntos porcentuales, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
El dato refleja un giro frente a marzo de 2025, cuando los alimentos lideraban las presiones inflacionarias. Ahora, el peso recae en servicios y costos estructurales como transporte, electricidad y salud.
Este cambio anticipa una inflación más persistente en los próximos meses.
Aunque la inflación anual alcanzó 2,33% en marzo de 2026, el impacto se siente con mayor fuerza en el presupuesto familiar. La Canasta Familiar Básica llegó a 829,38 dólares, muy por encima del Salario Básico Unificado de 482 dólares.
Jeaneth Torres, docente de la Business School de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), explicó que el problema no es solo el nivel de inflación, sino cómo se traduce en el presupuesto familiar.
Esta brecha obliga a los hogares a ajustar su consumo. Muchas familias priorizan gastos esenciales como transporte, vivienda y servicios básicos, mientras reducen otros rubros. La situación se vuelve más compleja en contextos de informalidad, donde los ingresos son variables e insuficientes.
El encarecimiento del transporte genera efectos en cadena. Aumentan los costos de movilización y distribución, lo que se traduce en mayores precios en distintos sectores.
Frente a este escenario, los hogares reorganizan su economía: postergan compras, optan por alternativas más baratas y reducen su capacidad de ahorro, señaló Torres. Esto incrementa su vulnerabilidad ante imprevistos.
Además, el desfase entre precios, que pueden ajustarse cada mes, e ingresos, que suelen revisarse una vez al año, profundiza la pérdida de poder adquisitivo.
En este contexto, el alza de los combustibles no solo presiona la inflación actual, sino que anticipa un impacto sostenido en el costo de vida y en las decisiones de consumo de los ecuatorianos en los próximos meses.
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Las gasolinas extra y ecopaís, de 85 octanos, superaron por primera vez los 3 dólares por galón al pasar de 2,89 a 3,02 dólares. En paralelo, el diésel premium subió de 2,83 a 2,96 dólares por galón, consolidando una tendencia alcista que empieza a trasladarse al resto de la economía.
Sistema de bandas y fin de subsidios
El incremento responde al esquema de bandas aplicado desde junio de 2024, tras la eliminación del subsidio a las gasolinas extra y ecopaís. Este mecanismo limita los ajustes mensuales a un máximo del 5%, incluso en escenarios de alta volatilidad internacional.
A esta política se suma la eliminación del subsidio al diésel en septiembre de 2025, durante el Gobierno de Daniel Noboa. Tres meses después, en diciembre de 2025, este combustible también pasó a regirse por el sistema de bandas, alineando progresivamente los precios locales con el mercado internacional.
Transporte presiona la inflación
El alza de los combustibles ya incide en los precios. En marzo de 2026, la inflación mensual se ubicó en 0,12%, impulsada principalmente por el transporte, que aportó 0,0822 puntos porcentuales, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
El dato refleja un giro frente a marzo de 2025, cuando los alimentos lideraban las presiones inflacionarias. Ahora, el peso recae en servicios y costos estructurales como transporte, electricidad y salud.
Este cambio anticipa una inflación más persistente en los próximos meses.
Presión creciente sobre los hogares
Aunque la inflación anual alcanzó 2,33% en marzo de 2026, el impacto se siente con mayor fuerza en el presupuesto familiar. La Canasta Familiar Básica llegó a 829,38 dólares, muy por encima del Salario Básico Unificado de 482 dólares.
Jeaneth Torres, docente de la Business School de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), explicó que el problema no es solo el nivel de inflación, sino cómo se traduce en el presupuesto familiar.
Esta brecha obliga a los hogares a ajustar su consumo. Muchas familias priorizan gastos esenciales como transporte, vivienda y servicios básicos, mientras reducen otros rubros. La situación se vuelve más compleja en contextos de informalidad, donde los ingresos son variables e insuficientes.
Menos ahorro y más vulnerabilidad
El encarecimiento del transporte genera efectos en cadena. Aumentan los costos de movilización y distribución, lo que se traduce en mayores precios en distintos sectores.
Frente a este escenario, los hogares reorganizan su economía: postergan compras, optan por alternativas más baratas y reducen su capacidad de ahorro, señaló Torres. Esto incrementa su vulnerabilidad ante imprevistos.
Además, el desfase entre precios, que pueden ajustarse cada mes, e ingresos, que suelen revisarse una vez al año, profundiza la pérdida de poder adquisitivo.
En este contexto, el alza de los combustibles no solo presiona la inflación actual, sino que anticipa un impacto sostenido en el costo de vida y en las decisiones de consumo de los ecuatorianos en los próximos meses.
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