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EFE EFE
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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, pidió este jueves tranquilidad a la ciudadanía luego de que un tribunal administrativo ordenara la suspensión provisional de los convenios firmados entre el Gobierno de su predecesor, Gustavo Petro, y la Casa de la Moneda de Portugal para producir pasaportes.
“Los colombianos pueden estar tranquilos: la expedición de pasaportes está garantizada”, escribió De la Espriella en X después de conocerse la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que puso nuevamente en el centro de la discusión la transición hacia un modelo estatal de producción y gestión de la información de los documentos, iniciado por Petro.
La decisión judicial no ordena suspender la expedición de pasaportes, sino que frena temporalmente los acuerdos que permiten a la Imprenta Nacional de Colombia trabajar con su homóloga portuguesa en la fabricación de este documento.
El origen del problema se remonta a 2023, cuando el Gobierno de Petro decidió dejar de adjudicar a Thomas Greg & Sons un contrato para continuar con la fabricación de pasaportes, pese a que esta empresa había sido durante años la encargada del proceso.
La controversia se agravó en 2024, cuando el entonces secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, adjudicó a Thomas Greg & Sons un contrato por unos 599,000 millones de pesos (unos 150 millones de dólares).
Petro rechazó la decisión y calificó el proceso de corrupto, mientras la controversia llevó a la Procuraduría General (Ministerio Público) a suspender del cargo por tres meses al entonces canciller colombiano Álvaro Leyva, acusado de “prevaricato por acción” durante el proceso de licitación.
El Gobierno buscó terminar con la dependencia de Thomas Greg & Sons mediante un modelo estatal y suscribió acuerdos con la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal para trasladar progresivamente al Estado la producción de estos documentos.
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“Los colombianos pueden estar tranquilos: la expedición de pasaportes está garantizada”, escribió De la Espriella en X después de conocerse la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que puso nuevamente en el centro de la discusión la transición hacia un modelo estatal de producción y gestión de la información de los documentos, iniciado por Petro.
Los colombianos pueden estar tranquilos: la expedición de pasaportes está garantizada.
¡Firme por la Patria!
(A.D.L.E.)https://t.co/6lGyzUPMS6
— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 3, 2026
La decisión judicial no ordena suspender la expedición de pasaportes, sino que frena temporalmente los acuerdos que permiten a la Imprenta Nacional de Colombia trabajar con su homóloga portuguesa en la fabricación de este documento.
El origen del problema se remonta a 2023, cuando el Gobierno de Petro decidió dejar de adjudicar a Thomas Greg & Sons un contrato para continuar con la fabricación de pasaportes, pese a que esta empresa había sido durante años la encargada del proceso.
La controversia se agravó en 2024, cuando el entonces secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, adjudicó a Thomas Greg & Sons un contrato por unos 599,000 millones de pesos (unos 150 millones de dólares).
Petro rechazó la decisión y calificó el proceso de corrupto, mientras la controversia llevó a la Procuraduría General (Ministerio Público) a suspender del cargo por tres meses al entonces canciller colombiano Álvaro Leyva, acusado de “prevaricato por acción” durante el proceso de licitación.
El Gobierno buscó terminar con la dependencia de Thomas Greg & Sons mediante un modelo estatal y suscribió acuerdos con la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal para trasladar progresivamente al Estado la producción de estos documentos.
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